Por M. W.

Un enigma sugestivo dejó pendiente la sesión del jueves de la Legislatura porteña, es saber qué hubiera votado Eduardo Lorenzo “Borocotó”, sucesivo aliado de la lista de Cavallo-Elena Cruz, de Luis Patti, de Mauricio Macri, de Néstor Kirchner. Las crónicas periodísticas y los cálculos de todas las fuerzas políticas coincidieron en indicar que Borocotó levantaría la mano en pro del juicio político. El médico televisivo, valga acotar, no soltó prenda acerca de lo que haría. Su voz poco hubiera agregado porque se conoce lo que vale su palabra. De todos modos, tirios y troyanos descontaban que Lorenzo, quizá para lavar su imagen, aportaría el voto 29. Habrá que verlo para creerlo.
Si mañana se confirmara esa versión, todo pendería de la decisión del Chango Farías Gómez, otro trashumante de la política que no está a la altura de su mandato y su responsabilidad. Una cadena siempre se corta por su eslabón más débil, pero en este caso el eslabón no es una excepción sino la regla. Las penosas imágenes del jueves remontan su lógica a una construcción política previa. Que el jefe de Gobierno, que discurre el final de su segundo mandato, no haya constituido un mínimo bloque parlamentario que le procure gobernabilidad es una carencia propia, alusiva a un mal modo de construir institucionalidad. Aníbal Ibarra no tenía el jueves tan siquiera diputados de su propia fuerza que pudieran transmitirle lo que pasaba en el recinto, toda una referencia acerca de su desdén o su impotencia con relación a un poder del Estado. Las instituciones que todos debemos defender se construyen respetando reglas básicas. Gobernar a espasmos de opinión pública, sin armar un mínimo piso parlamentario, aparte de una debilidad, es una inconsecuencia.
Los familiares de las víctimas abusaron de su dolor y de su presencia física. La democracia admite la presencia de grupos de interés en las tribunas (este cronista cree que en algún sentido las exige). Las gentes de a pie tienen el derecho de hacerse oír, de cantar, de dar la espalda a los legisladores, de proferir silbidos, de vociferar. El silencio no es connatural a la democracia de masas, pero la división de roles debe ser respetada y tiene límites precisos. Los deudos los sobrepasaron el jueves amenazando, haciendo esfuerzos patentes por llegar a la agresión física. Incluso el grupo que ha sido más ponderado, el que tiene como referente a José Iglesias, rebasó las reglas y forzó lo que no tiene derecho a exigir. Oponerse a toda votación que no consagre que lo que uno anhela es una negación de la democracia. Exigir la presencia de los 45 legisladores para admitir que se vote es torcer la letra legal. Muchos, incluyendo el autor de esta nota, piensan que sería disvalioso desde el punto de vista ético que un legislador hurtara el cuerpo a la decisión, pero no es una violación de las reglas.
Que los familiares hayan incidido en el desemboque de la sesión y hasta hayan participado en la discusión sobre su levantamiento (como si fueran un bloque parlamentario) fue un acto de prepotencia, evocativo de las presiones que ejercitó Juan Carlos Blumberg sobre el Congreso Nacional en otra infausta jornada.
La mayoría de los bloques legislativos ha resuelto limitar el número de familiares en el recinto para mañana. Lo han hecho incluso los legisladores que responden a Mauricio Macri. Gabriela Michetti, la diputada macrista que fue casi portavoz de los familiares el jueves, mocionó el cupo para mañana. Es válido limitar un derecho a quienes abusaron de él, transgrediendo un límite que muchos otros colectivos de deudos han sabido deslindar mejor. Lo lógico, hasta lo inexorable, es garantizar condiciones en los que mayorías y minorías parlamentarias puedan expresarse sin sufrir agresiones. Los diputados deben resolver y luego hacerse cargo de su obrar, ante sus conciencias y ante la ciudadanía en su conjunto.
La hipótesis “B”: Si la oposición consiguiera el voto que le falta, algo que parece difícil por estas horas, se abriría un escenario lleno de incertidumbres. La Constitución estipula la suspensión automática del jefe de Gobierno, que no puede prolongarse por más de cuatro meses. La Sala Juzgadora, integrada por 15 miembros, debe tramitar la prueba en ese lapso máximo. Para condenar a Ibarra se requiere un mínimo de 10 votos. Ninguna predicción puede darse por definitiva en un sistema político cuyo libro de pases no cierra nunca. Con esa salvedad, parece que la actual Sala Juzgadora no tendría los votos necesarios para condenar al jefe de Gobierno.
Hay otro factor que complejiza el tema, es el cambio de integración de la Legislatura. El 10 de diciembre, la Constitución lo ordena, se debe formar una nueva Sala Juzgadora. El artículo 95 norma que debe sortearse su composición, “respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas”. El Constituyente es sabio, pero la realidad bichoca desafía sus previsiones. Sería muy peliagudo consensuar las pautas para ordenar ese sorteo, habida cuenta de la realidad distrital. Lo que en la ley semeja ser simple sería un karma puesto a determinar criterios políticos y por ende matemáticos.
Si el juicio avanzase, desencadenaría una discusión legal. ¿Podría la actual sala iniciar los trámites para que los culminara la siguiente? Por lo general, los tribunales de este tipo suelen exigir permanencia de sus jueces durante todo el proceso. No son situaciones iguales, pero sí semejantes las que determinaron que Augusto Belluscio prorrogase su estancia en la Corte hasta que terminara el juicio político contra el juez Juan José Galeano. Carmen Argibay demoró su ingreso al alto tribunal porque, si se iba del Tribunal que juzgaba crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia, desbarataba el juicio oral.
Todos esos intríngulis, de momento, son virtuales.
Concausas: El gobierno nacional y, claro, el porteño están jugados en defensa de Aníbal Ibarra. El Gobierno podía hacerlo aunque es de lamentar que no lo haya sincerado, acudiendo a un doble discurso que le hace poco favor.
La posición del macrismo es un poco más compleja. Sin ser muy suspicaz puede suponerse que encontraba en una votación 29 a 16 su mejor resultado. Mauricio Macri parece preferir un Ibarra herido a una crisis política perdurable. Sin duda persigue que su fuerza sea vista como un proyecto de gobierno y no como un conjunto de fiscales. Sin mirar mucho debajo del agua es sencillo observar que ese objetivo es plenamente compartido por algunos de sus diputados (Santiago de Estrada y Diego Santilli, por ejemplo) y un poco tensado por otros más apasionados por llevar adelante el juicio político (Michetti y Martín Borrelli, entre ellos). De cualquier modo, la hipótesis de prolongación del juicio político tampoco le vendría mal al presidente de Boca, a quien el Gobierno parece obstinado en querer facilitarle las cosas. En estos días (una proeza negativa) le dejó el lugar de la ética.
Nada de lo que pase mañana en la Legislatura será del todo satisfactorio. Una votación apretada, a favor o en contra de Ibarra no podrá complacer a nadie. Perdido por perdido, cabe reclamar lo mínimo, que los diputadoscumplan su cometido básico. Y, fuera cual fuera el veredicto, bregar para que los tribunales y la ciudadanía (que en otras esferas deciden sobre el futuro de Ibarra) obren con más tino que los legisladores, que jugaron otra vez a favor del desprestigio de la política.