La Cámara Federal decidió darle un sacudón a la causa sobre la privatización que le otorgó a la empresa Thales Spectrum el control del espacio radioeléctrico durante el gobierno de Carlos Menem. Lo hizo con un severo fallo en el que revocó el sobreseimiento de cuatro sospechosos claves al afirmar que hay numerosas pruebas que demostrarían irregularidades e incumplimientos en el contrato y fuertes sospechas de que en la adjudicación mediaron sobornos. El tribunal señaló un posible fraude al Estado de al menos 450 millones de pesos. Las coimas que se investigan, según los aportes de la Oficina Anticorrupción (OA), rondan los 25 millones de dólares.
Hasta fin del año pasado el expediente estuvo a cargo del juez Jorge Urso, que actuaba como suplente en el juzgado que ahora ocupa Guillermo Montenegro. Urso había dividido la investigación en dos partes: por un lado analizaba los fraudes ligados al contrato y por otro los sobornos. La primera decidió archivarla con el sobreseimiento de Carlos Catalán, que era el presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Roberto Uanini, el vice, Juan Carlos Cassagne, un administrativista ideólogo de las privatizaciones y Jorge Neuss, lobbista, compañero de golf de Menem y miembro de una filial holandesa de Thales que habría estado vinculada al pago de coimas.
Catalán, por la CNC, y Cassagne, en nombre de Thales, firmaron en 1997 el acuerdo que quedó sellado con un decreto de Carlos Menem. La filial local de la empresa francesa quedaba entonces a cargo del control y la gestión del uso del espectro radioeléctrico. Esto incluía el cobro del canon a los usuarios (telefonía celular, radios AM y FM, canales de televisión, radiotaxis, entre otros).
Hay “sospecha bastante”, evaluó la Sala II de la Cámara, para que los cuatro personajes implicados sean indagados. La resolución cuestiona a Urso por haber hecho una “valoración parcial” y “apresurada” de la prueba y por haber basado sus conclusiones exclusivamente en un peritaje oficial que, además, se contradecía con la mayoría de los elementos disponibles. Dice que no se puede concluir “la inexistencia de irregularidades y anomalías en el desarrollo del contrato de concesión” sin remontarse a las “circunstancias” que rodearon a la licitación que favoreció a Thales Spectrum Argentina (TSA), que incluirían la “existencia de sobornos”.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi destacaron los informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporados al expediente. Según la Sigen, la CNC no garantizó un mínimo de “fiscalización, control y verificación del espectro radioeléctrico”. También advirtió sobre el incumplimiento de compromisos de TSA, como la entrega de sistemas informáticos por los que igual se pagaron algo más de 450 millones de pesos. La AGN alertó sobre una reprogramación de los plazos del contrato por “beneficiar injustamente a TSA” pese a sus infracciones. También calificó de “exiguos” los montos de las multas. Mostró incluso que “la tasa de rentabilidad promedio anual lograda por TSA en el marco de la concesión (entre 1997 y 2001) fue del 153,8 por ciento, casi 16 veces más que el valor medio de las empresas líderes del mercado argentino”.
El juez Montenegro tendrá que seguir ahora las pautas de la Cámara, entre ellas, analizar “integralmente” la licitación y los sobornos. Por lo pronto, estaría recibiendo los resultados de algunos exhortos librados en 2004 hacia bancos de Europa y Estados Unidos donde se habrían depositado las coimas. Las cuentas que se están rastreando fueron identificadas por la OA en base a la confesión de un financista suizo, Lionel Quedot, que dijo haber actuado como intermediario en las transferencias. Según los cálculos del organismo, que conduce Abel Fleitas Ortiz de Rozas, se pagaron 25 millones a cambio de la concesión. El año pasado, además, el fiscal Guillermo Marijuán pidió que se investigue puntualmente a Menem, pero hasta ahora no hubo noticias.