La contracara de un índice de desocupación que amaga disciplinarse no sólo es la alta proporción de ocupados en negro, sino el futuro de las remuneraciones de quienes están agraciados por un empleo. En su gran mayoría, y a pesar de los aumentos forzados por decreto, los sueldos aún no se recuperaron del deterioro posdevaluación. Contrariamente, desde entonces la renta empresaria se fortaleció con relación al PBI, hecho que funda la recomendación que el ministerio de Carlos Tomada formuló por escrito a través de un trabajo técnico: que las futuras subas salariales se concedan “contra” esa mayor riqueza patronal y no necesariamente tomando los controvertidos parámetros de la inflación o la productividad.
Otro análisis técnico de la cartera laboral –también compilado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales– subraya la envergadura de este problema, al analizar el resultado de las convenciones colectivas ya clausuradas. Según concluye el seguimiento, éstas se están ciñendo a las cláusulas de recomposición salarial, descuidando otras condiciones relevantes de esos convenios. Entre ellas, la capacitación o el derecho a la información de los trabajadores, condición clave para poder discutir sueldos en base a la “productividad”.
Con una inflación merodeando los dos dígitos, y luego de la escalada de precios que tuvieron los productos básicos tras la devaluación, es comprensible que los gremios focalicen sus esfuerzos en mejorar las remuneraciones, que tienden a rezagarse respecto al IPC: a fines del año pasado, ninguna de las trece ramas de actividad analizadas por los expertos de Trabajo había alcanzado el nivel del 2001. En ese período, los costos laborales se redujeron un 17 por ciento en términos reales y el “excedente empresario se encontraba 8,7 por ciento por encima de su participación en el PBI del 2001”. Es decir que el estudio revela que el último colapso económico propició una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia sus empleadores, en parte porque “los aumentos de precios de la producción no se trasladaron completamente a los salarios”.
Sobre esta base es que los técnicos oficiales postulan que “las futuras mejoras en los salarios reales se podrán compensar no sólo con ganancias de productividad sino mediante una reducción del excedente empresario”. Es más, a decir de los especialistas de la cartera laboral, este parámetro permitiría otorgar mejoras sin generar inflación ni desalentar la inversión. Una prueba de esto es que en 1998 se registró el máximo nivel de PBI y de la inversión “de los últimos doce años”, cuando la renta empresaria representaba el 45 por ciento del ingreso total del país, contra casi el 50 de hoy.
En términos técnicos, la subsecretaría de Programación da sustento al criterio de que hay margen suficiente para ajustar salarios sin provocar cimbronazos en la economía. En particular en la Industria que, según esos relevamientos técnicos, está entre las actividades que se beneficiaron con una reducción más notoria del costo laboral.
No es ésta, sin embargo, la pauta sostenida públicamente por Roberto Lavagna, para quien el derrotero de los salarios debe atarse a la productividad del sector en cuestión, parámetro difícil de objetivar en una mesa de discusión entre trabajadores y empleadores. La Unión Industrial Argentina, en tanto, intenta imponer una valla a los reclamos de aumentos abriendo un espacio de diálogo con la CGT que le permita contener los conflictos. Pero esta apuesta hoy tiene pocas chances de prosperar.