El proyecto que pretende reformar el Consejo de la Magistratura despertó voces de alarma tanto desde sectores de la política como la Justicia. Las críticas fundamentalmente apuntaron contra la composición del cuerpo que busca imponer el oficialismo que, con representación mayoritaria del Poder Ejecutivo y Legislativo, fue interpretada como un retroceso hacia la independencia del Poder Judicial. En diálogo con Página/12, el consejero Beinusz Szmukler consideró que la medida es “inconstitucional” y demuestra “una contradicción total” con la postura expresada por el Gobierno a favor “de los jueces independientes”. Al rechazo se sumaron diversas organizaciones y algunos de los senadores, que ya adelantaron cuál será su postura cuando la iniciativa se trate en el recinto.
“Aumentarán los desequilibrios ya que habrá una mayoría de representantes del poder político, del oficialismo. El Gobierno podrá definir la designación de los jueces. Parece tratarse de otra línea política a la que venía mostrando Kirchner”, señaló Szmukler sobre el proyecto que plantea reducir de 20 a 13 los miembros del Consejo. El vicepresidente del cuerpo, Eduardo Orio, coincidió y remarcó la injerencia del Ejecutivo, que “va a poder manejar unos casi mil millones de pesos”.
Varias organizaciones como el CELS y Poder Ciudadano enviaron una carta Kirchner. “Estos años en los que se trabajó para reconstruir la legitimidad del Poder Judicial no pueden quedar opacados por este intento de manipulación política de los temas judiciales”, destacó el comunicado. Asimismo el Colegio Público de Abogados porteño lanzó un petitorio y advirtió que está elaborando un dictamen para declarar inconstitucional el proyecto. La líder al ARI, Elisa Carrió, denunció que hay “un intento brutal y grosero encabezado por el proyecto de garantizar el viejo código mafioso”.