Jue 29.12.2005

EL PAíS • SUBNOTA

El debate por el Consejo de la Magistratura

› Por Irina Hauser

MIGUEL PICHETTO, SENADOR K
“Nosotros seremos minoría”

“Es mentira que queremos dominar la Justicia. En el fondo, hay un desprecio por la voluntad popular”, dice el senador kirchnerista Miguel Pichetto, a su vez miembro del Consejo de la Magistratura. Aquí defiende el proyecto de reducción del organismo de 20 a 13 miembros y argumenta por qué, a su entender, el oficialismo no podrá manejar o imponer decisiones.
–¿Por qué está bien el proyecto de reforma del Consejo? –le preguntó Página/12.
–Principalmente recoge una experiencia de más de seis años de trabajo del Consejo de la Magistratura donde se vio, y lo advirtieron medios y juristas, que es excesivo su número de integrantes. Provoca trámites prolongados, circulares y dilatorios. El oficialismo no tiene número para manejar el quórum ni para imponer decisiones, ni en la actual composición del organismo ni en la que propone el proyecto con media sanción, ya sea para la selección de jueces o en los procesos de acusación.
–Pero con el nuevo modelo, el oficialismo, aunque no tenga quórum propio, sí podría trabar o destrabar decisiones.
–La mayoría surgida de la voluntad popular sólo tiene cuatro representantes en el Consejo más uno del Poder Ejecutivo. Cinco en total. El resto son la oposición parlamentaria y las organizaciones corporativas de jueces y abogados, que no forman parte del oficialismo. Ellos son ocho. Para el quórum se requieren siete. Es decir, el sector que representa la voluntad popular tiene minoría en la estructura. Es probable que la oposición logre los esquemas de consenso. Germán Bidart Campos dice que el equilibro que señala la Constitución es que ningún sector pueda controlar o imponer decisiones. Si alguien quiere controlar la Justicia lo hace desde la Corte, donde nosotros hicimos grandes cambios.
–¿Por qué proponen eliminar a las segundas minorías parlamentarias?
–La ley del Consejo de 1998, que fijó la composición actual y no fue la mejor, resultó de los tironeos y la necesidad de la Cámara de Diputados de buscar un mecanismo de consenso para responder a los requerimientos de todos los sectores, de los abogados y los jueces. Las presencia de las minorías parlamentarias no está en la Constitución. No pueden ocupar el mismo lugar que las mayorías, que reflejan la voluntad popular.
–Ahora no hay consenso, pero ustedes tampoco lo buscan.
–Estamos dispuestos a hacer el debate en las cámaras. Puede haber divergencias, pero ahora el debate se politizó. Al ver a distintos sectores, ONG y medios sosteniendo el esquema de la Unión Democrática, vemos una resabio de otras épocas, con verdades a medias.
–Cristina Kirchner en el ’98 tuvo una postura opuesta a la actual.
–Era contraria a un proyecto de control de mayoría por parte del oficialismo de entonces.
–Usted decía que un problema clave es la sobredimensión del Consejo. Según el presidente Kirchner, son las corporaciones que lo integran.
–No es ofensivo hablar de corporaciones. Los jueces y abogados representan intereses. Los jueces se niegan a pagar impuesto a las Ganancias y han resistido la publicidad de su patrimonio. Los abogados defienden su interés profesional. Las disciplinarias son reservadas porque lo piden los jueces. Es mentira que queremos dominar la Justicia. En el fondo, hay un desprecio por la voluntad popular y la representación legítima.
–En el proyecto que usted votó hay una concesión fuerte a un reclamo que vienen sosteniendo los jueces: un plazo de prescripción de tres años para las investigaciones que hace el Consejo.
–Hay muchos que olvidan la vigencia de los pactos internacionales. Cualquier ciudadano tiene derecho a un juicio en un plazo razonable.
–¿A qué se debió el apuro en la aprobación?
–Se resolvió en un proceso de tránsito con el dictamen correspondiente de comisión. Diputados lo va a tratar con dictamen de comisión.
–Se ha dado una participación social fuerte en el tema y muchos quieren una reforma, pero objetan el cómo. ¿Ustedes no aceptarían repensar su propuesta?
–Creemos que nuestra propuesta es el camino para que el Consejo gane legitimación y sea más ágil.


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MARCELA RODRIGUEZ, DIPUTADA DEL ARI
“Podrán bloquear decisiones”

“La lentitud no se resuelve achicando el Consejo. Si las cosas no salen rápido es porque no hay voluntad política”, dice Marcela Rodríguez, diputada del ARI e integrante del organismo que elige y remueve a los jueces. Con el proyecto en danza, dice, “el oficialismo podrá bloquear”.
–¿Por qué está mal la reforma que promueve el oficialismo? –le preguntó este diario.
–No resuelve ninguno de los problemas del Consejo. Lo único que se pretende es el control por parte del oficialismo. Ahora tiene 25 por ciento de la representación en el cuerpo y quieren elevarla al 40 por ciento. Esto les permitirá bloquear la selección y acusación de jueces, que son decisiones que se toman con mayoría de dos tercios. Con un Consejo de 13 miembros harán falta nueve votos. Bastará que los cinco consejeros del oficialismo se pongan de acuerdo para que el Ejecutivo pueda ponerle una bolilla negra a un aspirante a juez o para que le otorgue impunidad a un juez denunciado. Pueden trabar las decisiones.
–Ellos dicen que es al revés y que no podrán manejar el quórum.
–Lo que podrán manejar es el bloqueo. Están muy cerca del quórum. Pero lo que produce el mayor desequilibrio es que un sector, el de los políticos, donde serán mayoría, tendrá predomino sobre los demás. Eso viola el equilibrio que señala la Constitución. Es matemática pura: del 25 por ciento al 40 no son menos, aumenta su control. Aunque se consideren minoría, las votaciones se hacen por mayoría de dos tercios.
–¿Cuáles son los problemas que usted advierte en el Consejo y que la reducción en danza no solucionaría?
–En muchos casos no se llegó a los dos tercios necesarios para acusar o sancionar a magistrados por cómo actuó el oficialismo. Algunos ejemplos de expedientes graves, trabados de ese modo, fueron el del juez Skidelsky, acusado por maniobras con el corralito y por actuar fuera de su competencia beneficiando a Correo Argentino y Aeropuertos 2000; Dubois, cuestionado por la quiebra de una embotelladora; Tiscornia, por la aduana paralela. El juez Torino, filmado arreglando un excarcelación, no fue acusado por Pichetto, ni por Lelia Chaya ni Jorge Casanovas. El expediente contra el juez Claudio Bonadío, denunciado por no investigar las irregularidades del caso AMIA tiene un pedido de archivo de Pichetto.
–¿No hay que achicar el Consejo? ¿La lentitud no es un problema?
–La lentitud no se resuelve achicando el organismo. El problema está en cómo han votado los integrantes del cuerpo, en particular el oficialismo de turno. Si las cosas no salen rápido, si falta agilidad, es porque no hay voluntad política. A veces porque son casos complejos. El Consejo funciona así: un consejero instruye un caso y propone un dictamen y luego se vota en el plenario. Si hay menos consejeros, cargarán con más trabajo.
–Pero usted ha cuestionado mucho al sector de los jueces del Consejo.
–Es cierto, pero insisto en que el problema no es cómo está representado cada sector. Ahora el equilibrio está respetado, 20 miembros está bien. Muchos más juicios políticos hubieran avanzado si el oficialismo acompañaba. Aun con la negativa de los jueces, se puede llegar a acusar a un juez. A la vez, los jueces, para conseguir sus aspiraciones corporativas necesitan la connivencia de los sectores mayoritarios.
–El oficialismo dice que ellos deben prevalecer en el Consejo porque representan la voluntad popular mayoritaria. ¿Qué opina?
–Yo defiendo la representación parlamentaria. Pero no tiene sentido eliminar a las segundas minorías, son más voces de la voluntad popular y tienen responsabilidad de control. Deben estar.
–¿Cuál sería su propuesta para el Consejo?
–Yo hice varias propuestas al plenario del Consejo que se rechazaron: la publicidad de todas las actuaciones, que el ingreso de empleados se base en el mérito, darle participación a las ONG en el tramo inicial de la selección de jueces. Propuse un régimen de incompatibilidad para que los asesores no puedan litigar mientras trabajan en el Consejo. Pichetto me contestó: “¿Qué hay de malo en que la gente haga plata... trabajando?”.

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