El fiscal federal Alberto Pravia volvió a acusar al ex gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, en el marco de la causa “desaparecidos” durante la década del ’70. El ex caudillo llegó a enfrentar denuncias por la desaparición de unos treinta santiagueños y cincuenta secuestros y detenciones ilegales, pero hasta el momento sólo fue procesado por la desaparición del ex concejal Emilio Abdala. Justamente sobre esta cuestión giró la presentación de la fiscalía, que en función de la sistematicidad y la imprescriptibilidad que contempla la figura de “lesa humanidad”, reiteró la presentación contra el octogenario dirigente.

Aprovechando los días previos a la feria judicial, Pravia elevó el dictamen donde acusa a Juárez por “torturas y apremios ilegales” aplicados a quienes se opusieron a su gobierno entre 1973 y 1976. La causa fue abierta hace ya tres años, pero han sido pocos los avances que logró registrar. En diciembre de 2003 la Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero denunciaron al entonces gobernador por varios secuestro realizados en los meses previos al golpe de Estado. Concretamente la acusación se refirió a cinco personas que fueron detenidas por la SIDE entre 1975 y 1976, y que murieron meses después bajo circunstancias que nunca fueron esclarecidas.

Desde esa denuncia, Juárez logró cosechar en su prontuario acusaciones por unas treinta desapariciones. Sin embargo, las investigaciones nunca lograron progresar. Hace casi dos años, el juez federal Angel Toledo dispuso su detención pero sólo lo hizo por uno de los desaparecidos. Se trató del caso del concejal Emilio Abdala, secuestrado en el interior de la Casa de Gobierno durante la segunda gestión de Juárez. La bomba fue detonada por el testimonio del ex comisario Musa Azar, ex jefe de inteligencia y autor material de la detención de Abdala. Durante varios años, Azar fue la mano derecha del caudillo hasta que quedó detenido por su participación en el doble crimen de La Dársena. Meses después Juárez fue excarcelado, en medio de una docena de denuncias y pedidos de juicio político contra Toledo.

Ahora, Pravia busca nuevamente avanzar con las investigaciones por entender que, en tanto se refieren a delitos de lesa humanidad, no prescribieron. En su presentación, el fiscal acusó a Juárez como “jefe de una asociación ilícita en la aplicación de apremios y torturas” y pidió su indagatoria y detención. Por la misma causa, además se encuentran imputados Azar y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Jorge D’Amico. También podrían ser procesados, por “privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales”, los comisarios Ramiro López, Noly García, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz y Jorge Brau, todos retirados de las fuerzas de seguridad. Con esto, a Juárez podrían esperarle nuevos frentes de tormenta, al igual que a su esposa, Nina Aragonés, implicada en el material reunido en los expedientes.