Los ex jerarcas sobre los que recayó el pedido de la fiscalía federal de elevación a juicio oral de la causa del Plan Sistemático de apropiación de menores serán juzgados por el robo de los hijos de María del Carmen Moyano de Poblete, Liliana Fontana, María Pérez de Donda, Ana Castro, Susana de Reinhold, Miriam Ovando, Liliana Carmen Pereyra, María Graciela Tauro, Susana Beatriz Pegoraro, Alicia Alfonsín de Cabandie y Patricia Julia Roisinblit, entre otras secuestradas. El pedido del fiscal Federico Delgado dejó fuera a otro grupo de responsables encabezado por el ex dictador Jorge Rafael Videla. La Corte Suprema rechazó a fines del 2005 un planteo de Videla para considerar prescripta esa causa y derivó el tema a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, que todavía debe emitir una decisión al respecto. Videla quedó incluido sin embargo en la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que en octubre del año pasado dispuso el cese de la prisión preventiva de otros siete imputados. Aunque sólo Reynaldo Benito Bignone y Rubén Franco quedaron libres –el resto continúa en prisión por otras causas–, la delicada decisión de la Sala I abrió un camino difícil de zanjar con las demoras pendientes en otros casos. Según explicó Página/12, los organismos de derechos humanos sostuvieron que era necesario que comiencen a realizarse lo antes posible los juicios orales para evitar resoluciones similares por la prolongación de los procesos judiciales que no llegan a la etapa definitiva y, por tanto, los acusados son beneficiados con la libertad.