El foco de aftosa en un campo correntino de los Romero Feris acalló el debate acerca de los precios de la carne, las retenciones a su exportación, la rentabilidad ganadera y las relaciones del sector con el resto de la sociedad y con el sistema político. La cuestión reaparecerá en cuanto el pequeño brote y sus efectos negativos sean superados, cosa que no llevaría demasiado tiempo. Para cuando ese momento llegue, vale la pena refrescar algunos datos básicos que hasta ahora, no forman parte del debate público.

Frente a los mugidos de la vicepresidenta de Carbap Analía Quiroga, quien dijo que Kirchner no tenía materia gris en el cerebro, el Presidente sólo respondió que se estudiaba el aumento de las retenciones a las ventas externas de carne y la creación de un registro de exportadores que llevaría el control de cada operación. El registro ya fue creado, aunque las retenciones siguen en el 15 por ciento, muy por debajo de las que se aplican a los granos oleaginosos (23,5 por ciento) y a los cereales y las harinas (20 por ciento). En todos los casos su nivel es desproporcionado a los beneficios de la devaluación, de modo que las ganancias y la rentabilidad del sector permitirían incrementar la imposición sin consecuencias negativas para la producción y con efectos benéficos para la equidad social. Así lo indican los estudios en elaboración por el Area de Economía y Tecnología de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que dirige Eduardo Basualdo. Los que siguen son algunos de sus datos.

Si se compara la relación de precios entre el trigo y los novillos desde 1991 hasta 2005, la ganadería obtuvo una mejora del 40 por ciento. Incluso si el cotejo se hace contra la gran vedette de la economía exportadora actual, los novillos se defienden con excelente resultado: sólo perdieron en esos tres lustros un 6 por ciento en la relación de precios con la supersoja. Desde la devaluación, el precio de la carne creció un 164,5 por ciento, más del doble que el índice general de precios al consumidor, que se incrementó un 74,1 por ciento. El precio del novillo en el mercado de Liniers en 2005 fue igual en dólares al de 2001, cuando el mercado externo estaba cerrado por el rebrote de aftosa, pero el valor por tonelada de las exportaciones se incrementó un 17,2 por ciento. Las exportaciones de carne vacuna de 2005 fueron las más elevadas en cuatro décadas (sólo inferiores a las de 1969). Uno de cada cuatro animales faenados se dirigió a los mercados externos. Ese 25,3 por ciento de la faena total supera con amplitud los porcentajes exportados en las últimas tres décadas. Si lo que se mide no es el volumen exportado sino su valor, la participación de la faena para exportación se acerca a la mitad del total, gracias a los altos precios internacionales. Con un 25,3 por ciento de la faena dedicado a exportaciones, los ganaderos obtuvieron el 44 por ciento de sus ingresos.

La expansión de las exportaciones ganaderas fue acompañada por una recuperación del consumo doméstico de carne vacuna. Sin embargo, aún es muy inferior al de los primeros años del plan de convertibilidad. En 1991 se consumían 76 kilos por habitante y ahora 65,8, contra 59 en el horrible año 2002. Esto indica que el significativo incremento en la faena de ganado vacuno obedece básicamente a la expansión de la demanda externa. En la década pasada la faena anual promedió 12,8 millones de cabezas pero en los dos últimos años rondó los 14 millones de cabezas. Todo esto redundó en un notable incremento de los márgenes de ganancias, que crecieron casi dos veces y media respecto de la convertibilidad.

Esta altísima rentabilidad hizo crecer el valor de la tierra, medido en dólares constantes, un 77,2 por ciento en la región de invernada y un 51,5 por ciento en la de cría. Un dato notable es que la evolución del precio de la tierra en la Cuenca del Salado superó a la del estado de Montana, en los Estados Unidos.

Flacso estima que este año se producirá un déficit de carne que, según distintas hipótesis de evolución de niveles de exportaciones, consumo interno y faena de ganado, oscilaría entre 400.000 y 552.000 toneladas, es decir, en el cálculo más optimista, no menos de la mitad del volumen exportado en 2005. Esto plantea dos cuestiones de íntima vinculación. Por un lado, la incidencia que este déficit podría tener sobre el índice de precios de la canasta básica de alimentos y en consecuencia sobre los indicadores de pobreza, indigencia y desigualdad. Por otro, la capacidad de tributación del sector que aún no ha sido tomada seriamente en cuenta.

En un interesante artículo publicado en La Nación Javier González Fraga propuso una serie de políticas microeconómicas como la comercialización de la carne por cortes y no por media res, lo que permitiría derivar a la exportación los cortes más apreciados y al mercado interno el resto, lo cual implicaría una reestructuración de los frigoríficos; alentar un aumento de la inversión en pasturas y en sanidad reproductiva y, como consecuencia, del peso promedio de faena, lo cual debería ser compensado por el sector con una mejora de las normas sanitarias y la transparencia fiscal. Pero González Fraga entiende que para esto el Estado debería ofrecer incentivos fiscales y financieros. Su alusión a la transparencia fiscal es propia de un hombre de extraordinario pudor o timidez. Dicho con todas las letras, la opacidad del sector llega a tal grado que no es posible determinar ni siquiera el número de vacunos existentes y los márgenes de duda oscilan nada menos que entre 35 y 50 millones de cabezas. La solución no puede esperarse del sector agropecuario y debe proveerla el Estado, cosa que hoy es muy factible. Desde el año pasado al menos la tecnología satelital permitiría identificar cabeza por cabeza de ganado en todo el país. Para esto el primer paso es acabar con el mito de la desconcentración de la tierra: el 40 por ciento de la producción ganadera bonaerense es generado por 1250 propietarios de parcelas de más de 2500 hectáreas, que ocupan el 32 por ciento de la superficie agropecuaria provincial. Entre ellos apenas 53 propietarios poseen 2 millones 359 mil hectáreas, es decir casi el 9 por ciento de toda la tierra provincial. Entre ellos no figura Analía Quiroga, pero sí Bunge & Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein, el ingenio Ledesma, Gómez Alzaga, González Balcarce, Rodríguez Larreta, Duhau, Pereyra Iraola, Anchorena, Duggan, Santamarina, Lalor, Blaquier, Zuberbühler, Pueyrredón, Basualdo, Udaondo, Escalante, Harriet, Guerrero, De Apellaniz, Colombo, Magliano o Ayerza, representantes de ese sector que alguna vez fue conocido como la oligarquía y que hasta hoy conserva la vaca atada. No habría mejor demostración de buen uso de la materia gris que dirigir hacia allí la máquina de recaudar.