“Si la investigación se va a basar en elementos obtenidos por apremios ilegales y pruebas falsas, basadas en confesiones construidas, esto está echando un manto muy oscuro sobre la instrucción.” La abogada Claudia Ferrero, defensora de los delegados del sindicato, acaba de presentar un escrito en el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado. Es una denuncia por “apremios ilegales y coacción agravada” y acusa a efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz. La víctima de las amenazas, el delegado Héctor Cabana, está a su lado. Tiene 27 años, nació en Formosa y llegó a Santa Cruz en 1995. “Me amenazaron. Me dijeron que me bancara las consecuencias si llegaba a hablar con otros delegados”, dice a Página/12 desde la puerta del juzgado.

“Vinieron a mi casa dos personas, de civil, que dijeron ser de la Brigada de Investigaciones –cuenta Cabana–. Dijeron que yo había estado saboteando los campos petroleros y que los tenía que acompañar. Me llevaron en un Wolkswagen Polo gris hasta la Dirección de Vialidad. Ahí esperaban nueve personas, también de civil. Querían el nombre de un compañero que había sido herido en el ojo por una bala de goma. Les dije que no me acordaba y que tenía que llamar a alguien. Me dan un teléfono y llamo a un compañero. Le dije que estaba en ese lugar. Se pusieron como locos. Me ordenaron que no dijera nada que los había visto ahí.”

La jueza Graciela Ruata de Leone no se encontraba en el juzgado al momento de la denuncia. Pero fijó una audiencia –será hoy– para conversar con la abogada de los delegados, quien pertenece a la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y está vinculada al Partido Obrero. “El artículo 72 del Código Procesal Penal de la provincia establece la obligación de garantizar la integridad física y psíquica de víctimas y denunciantes. Si les pasa algo a los trabajadores, implica la responsabilidad del Poder Judicial”, dice Ferrero.

El clima entre los delegados no es el mejor. Dicen que las amenazas y el clima de intimación está empezando a rodearlos. “El otro día vimos tres Polos sin patente pasar delante de donde estábamos reunidos”, dice el delegado Germán Hueche. La preocupación no es sólo de los trabajadores. Un grupo de 25 mujeres, todas esposas de petroleros, difundió ayer una carta pública. “No vamos a permitir que nuestros esposos e hijos sigan sufriendo amenazas e intimidación por crímenes que no cometieran”, decía.