Hizo el seminario con los sacerdotes palotinos asesinados después del golpe del ’76. Había dejado Gualeguaychú para estudiar arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, pero a comienzos de los ’70 largó los planos y el diseño para entrar a la Iglesia, donde crecían los Curas del Tercer Mundo. Ese tiempo le sirvió: aunque nunca terminó el seminario, dice que allí se encontró con su vocación política y, de paso, peronista. Preso político durante cuatro años, entrerriano repatriado y jefe de gobierno de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen ahora es uno de los referentes de las protestas locales por la instalación de las papeleras uruguayas. En diálogo con Página/12, habla del conflicto, su historia y de esa especie de fanatismo que gana a quienes salen de la ruta. También habla de Tabaré Vázquez, de sus empatías políticas y de los compromisos que los uruguayos recibieron como herencia y hoy no pueden cancelar. Además, ¿hasta dónde aguantarán los cortes?

Su opción por la política nació con el cristianismo, dice. Luego de los primeros años de Arquitectura entró al seminario a fines de 1969, después del Cordobazo y cuando crecía el Movimiento de los Curas por el Tercer Mundo. “En realidad, nosotros no estábamos tan anoticiados de eso –explica–, pero había un fervor religioso, el cristianismo se había actualizado y captaba a la gente que dentro de la iglesia reflexionaba sobre la realidad social.” Su grupo de seminaristas era muy reducido, entre ellos estaban los cuatro religiosos asesinados en la parroquia San Patricio el 4 julio de 1976. Para ese entonces, Irigoyen ya estaba fuera. “A algunos de nosotros, entre ellos yo –cuenta–, se nos planteó que si realmente queríamos cambiar la sociedad, la opción era la política. Eran los años de la vuelta de Perón y desde el cristianismo hice una opción por la política para conseguir lo que soñaba: un mundo distinto.”

Dejó el seminario para establecerse en Paraná. Trabajó de lo que pudo mientras iniciaba una militancia en la Juventud Trabajadora Peronista en el sindicato de la Sanidad. En noviembre de 1974 quedó detenido en medio de una redada por el Estado de Sitio. “Estuvimos sin causa durante cuatro años –dice–, pero hoy creo que gracias a que nos metieron presos tanto tiempo antes del golpe, nos salvamos. No le deseo a nadie la cárcel, siempre lo digo, pero tuve siempre saldo a favor”. Intendente con mandato cumplido volvió a ser elegido por los entrerrianos en 2003 y ahora habla con Página/12 de las papeleras, de argentinos y uruguayos.

–Todo hacía suponer que después de La Haya, los cortes iban a aplacarse.

–No, la gente toma lo de La Haya como una cosa buena pero que va a llevar cuatro o cinco años. Lo que dicen en este momento es que así como Uruguay tomó la vía de hecho y construyó las plantas sin permiso, nosotros, cansados de que pase el tiempo, tomamos la vía de hecho para cortar la ruta.

–A veces la gente parece fanatizada.

–De eso mismo se sorprendieron los diputados hace dos semanas. Pero es que, en realidad, lo que se ve ahora es el último coletazo de un proceso que empezó en 1997 con algunos grupos ambientalistas cuando vieron que podían instalarse las fábricas. Para el año 2000 se armó un grupo de vecinos autoconvocados y en octubre 2003 se hizo una presentación a Uruguay pidiendo un diálogo.

–¿Por qué 2003?

–Porque Uruguay anunció las obras. Aún no estaba Botnia (la finlandesa) sino los españoles de ENCE. Y para entonces pedimos a la Cancillería una presentación en La Haya que no se cumplió.

–En ese momento estaba Jorge Batlle.

–Y no nos abría las puertas para nada. Nos cerraba todo. Uno quería dialogar porque correspondía, pero él nos respondía: “Acá no se dialoga, decido yo, se acabó”. Era como golpear contra las paredes: no había ninguna posibilidad de diálogo. Desde ese momento se intentaron distintas formas. El último año de su mandato recién logramos un monitoreo del Río Uruguay para ver cómo estaba la cosa, pero nada más que eso. Teníamos fundadas esperanzas de que con Tabaré iba a ser distinto, tal es así que cuando asumió viajé a Montevideo para verlos.

–¿Cree que el Frente encontró una herencia no querida?

–La sensación que yo tengo es que ellos están muy condicionados por cómo les dejaron las cosas: hay un contrato leonino que contempla hasta que el gobierno tenga que pagar el lucro cesante a las empresas en caso de que haya movilizaciones que les impida trabajar y una cantidad de plantaciones de eucaliptos de 20 años que no saben qué hacer con ellas. Por eso, este gobierno uruguayo me merece el mayor de los respetos, por más enojado que uno esté. Creo que simplemente se equivocan porque creen que van a poder controlar esto; yo estoy seguro que no.

–¿Cuál es la solución que pide?

–Que se haga el estudio de impacto ambiental que nunca se hizo: queremos que técnicos de ellos y nuestros, buenos y solventes, nos digan cómo hay que hacer las cosas para no perjudicar a nadie.

–Los uruguayos dicen que si las papeleras contaminaran tanto, también ellos se verían perjudicados. Parece lógico.

–Si ellos están tan seguros de que esto no va a producir ningún efecto negativo, por qué no hacemos el estudio de impacto ambiental.

–¿Ustedes creen que no se hace porque no conviene?

–Imagínese...llevamos tres años pidiéndolo formalmente, y mucho más informalmente ¿eh? Dejemos la parte de política y los intereses de lado, este conflicto no existiría si vienen técnicos imparciales, científicos y nos dicen qué va a suceder. Acá la cosa está desordenada porque los que estamos peleando no tendríamos que estar en bandos distintos: ni el pueblo uruguayo ni los gobiernos argentinos tendríamos que estar enfrentados porque el que viene es alguien de afuera que viene a perjudicarnos a los dos: viene a hacer un negocio rápido, fácil y a llevarse la plata y los beneficios para otro lado.