¿Quién lleva la cuenta de en cuántos frentes se juega la discusión entre Uruguay y la Argentina por las papeleras? Ayer, mientras el gobierno uruguayo presentaba su queja ante la OEA por los cortes de los puentes internacionales y Diputados daba su voto para que el gobierno argentino recurra a la Corte de La Haya, el canciller Jorge Taiana envió una carta al Banco Mundial en la que le recordó a la entidad su compromiso de financiar proyectos “sólo” en el caso de que sean “ambientalmente responsables”. La nota, dirigida al presidente del organismo, Paul Wolfowitz, expresa el deseo de que el banco tome su decisión en base a un estudio de impacto ecológico “exhaustivo” y “basado en los hechos”.

La nota está motivada en que la CFI –la consultora que el Banco Mundial contrató para hacer el análisis de los efectos que las plantas de celulosa tendrán sobre el ambiente– va a dar a conocer, posiblemente hoy, el texto definitivo del estudio. En base a él, el Banco Mundial va a resolver si otorga el resto de su paquete de financiación para la construcción de las fábricas de Ence y Botnia.

La CFI presentó, en diciembre, un borrador del informe en el que avaló a las papeleras. La Argentina lo cuestionó con una réplica formal: sostuvo que el trabajo era “parcial e incompleto”, ya que se había realizado sin contar con datos sobre el tratamiento de los residuos industriales y, lejos de aportar información relevante, se limitaba a repetir la promesa de las compañías de no contaminar. “Estos cuestionamientos –dice la carta de Taiana– fueron recientemente reconocidos por funcionarios de la Corporación.”

El Banco Mundial financia parcialmente las obras, dos megaemprendimientos que, con un costo de mil 800 millones de dólares, implican la más alta inversión privada que haya tenido en su historia Uruguay. Para el gobierno argentino, el financiamiento es sólo una parte del problema; la otra es el “sello de garantía de calidad” que implica el respaldo del Banco Mundial. Hasta ahora, tal vez por el hecho de ser menos visible, la entidad ha zafado de la pérdida de credibilidad que sufren otros organismos internacionales de crédito como el FMI.

“Confío en que el informe final” de la CFI “recogerá” las “inquietudes argentinas, de manera que la Corporación esté en condiciones de adoptar una decisión que sea compatible con las políticas de esa entidad a favor de proyectos que aseguren un desarrollo industrial limpio y sustentable, con la participación de las comunidades más directamente involucradas en el mismo”, señaló Taiana.

Por su parte, el gobierno de Tabaré Vázquez continuó sus gestiones ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, se comunicó telefónicamente el miércoles con el titular de la OEA, José Miguel Insulza, para solicitarle sus “buenos oficios” en la controversia con la Argentina. Y ayer, la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, se reunió con Insulza para hablar de los cortes de los puentes, aunque con un cambio de tono: la Cancillería aclaró que no buscará una mediación. Los uruguayos quieren que su queja por los bloqueos de los vecinos en Gualeguaychú y Colón sea tratada en el Mercosur. Finalmente, está en trámite también un planteo ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), impulsado por el gobernador entrerriano Jorge Busti. Ninguna de estas acciones ha conseguido, sin embargo, el objetivo buscado por la Argentina: un acuerdo que frene las obras mientras se realiza un estudio independiente sobre su impacto ambiental.