¿Y ahora qué? Abiertos los puentes para el entendimiento entre los dos países, será necesario, en plazo perentorio y ante la eventual suspensión de las obras en Fray Bentos, alcanzar acuerdos sobre las condiciones bajo las cuales podrían funcionar las plantas de celulosa en Uruguay. Página/12 reseñó el estado de la cuestión con respecto a varios de los principales asuntos que sin duda estarán sobre el tapete: qué sistema de blanqueo se utilizará –¿con cloro, sin cloro?–; cómo se encarará la cuestión del mal olor; la posibilidad de factores que, aun no siendo contaminantes en sí mismos, pueden afectar la vida silvestre. Y –lo más importante– cómo pueden los países del Sur latinoamericano unirse para fijar y hacer cumplir normas ambientales supranacionales, en el estilo de las que la Unión Europea –dificultosamente pero con crecientes resultados a lo largo del tiempo– ha logrado establecer. He aquí, uno por uno, los ítems más destacados:

- Sistema de blanqueo. Es quizás el punto que más se ha discutido, y probablemente, el que menos dificultades suscite. Existen tres sistemas de blanqueo de la pasta celulósica: mediante cloro elemental; mediante compuestos de cloro (la sigla en inglés es ECF: “libre de cloro elemental”) y sin utilización de cloro (TCF, totalmente libre de cloro).

El cloro elemental es un método actualmente superado (no obstante, se lo utiliza todavía en plantas argentinas de celulosa, tal como informó Página/12 el 6 de febrero); es muy contaminante y seguramente no se utilizará en ninguna de las dos nuevas plantas.

El método de blanqueo que se utilizaría en Uruguay es el ECF, que utiliza compuestos a base de cloro. Está admitido por los estándares en vigencia en la Unión Europea (UE) y es el que se utiliza en la planta de Ence en Huelva, España.

El método TCF, que no utiliza cloro sino otros blanqueadores como el agua oxigenada, se admite sin discusión para pastas de celulosa destinadas a la fabricación de papeles que no requieren un alto grado de blanqueo, como los de embalar o los de diario. Para el papel de escritura es más común recurrir al ECF. Greenpeace Internacional impulsa la generalización de este método para elaborar todo tipo de papeles, porque –según la entidad ambientalista– “elimina totalmente los compuestos más tóxicos y además ofrece las bases para un perfeccionamiento del sistema que llegue a la eliminación total de los efluentes”. Miguel Angel Soto, vocero de la sede de Greenpeace en España, destacó a este diario que “la mejor tecnología es la totalmente libre de cloro”.

- El olor. Las plantas de celulosa huelen mal, y esto es independiente del sistema de blanqueo que se utilice. El Departamento de Salud del estado de Wisconsin, Estados Unidos, donde existen varias fábricas de este tipo, precisó que el olor puede tener básicamente tres orígenes: “Las aguas servidas, los rellenos de basura y, en determinadas plantas, el dióxido de azufre”. Según la misma fuente, en las concentraciones habituales el olor “no causa problemas de salud”, aun en las proximidades de la planta. Bajo determinadas condiciones climáticas, la concentración puede aumentar y causar síntomas como irritación en los ojos y vías respiratorias, náuseas, dolores de cabeza, episodios de asma en personas con esta enfermedad. Este riesgo se presentaría sólo en las inmediaciones de la planta.

Claro que el mal olor en sí mismo es una molestia importante y puede afectar actividades como el turismo. Los sitios cuyo riesgo debería ser examinado son: Gualeguaychú, su balneario de Ñandubayzal y la propia Fray Bentos. No parece probable que el olor pudiera llegar a ser perceptible en Gualeguaychú. Las empresas aseguran que tampoco llegaría al Ñandubayzal, lo cual sería materia de investigación, así como la magnitud de los inconvenientes que pudiera provocar en Fray Bentos.

- Efectos sobre la vida acuática. Este ítem sirve para ejemplificar cómo los efectos ambientales no se reducen a la emisión de sustancias químicas tóxicas. Por ejemplo, la planta de Ence en Pontevedra (que utiliza el método TCF, aceptado por los ambientalistas) desagua en la ría de esa ciudad, donde no impide la recolección comercial de mariscos de primera calidad. Sin embargo, la Asociación de Defensa de la Ría formula dos acusaciones a la empresa.

Una acusación es que la emisión de materia orgánica estaría por encima de los márgenes permitidos por la Unión Europea: esta materia no es tóxica en sí misma, pero, si supera los niveles que el ecosistema acuático puede procesar, se acumula en el fondo, disminuyendo la cantidad de oxígeno y afectando la supervivencia de especies; por esto último, la Asociación efectuó una denuncia ante las autoridades. La segunda objeción es que los efluentes causarían una elevación excesiva de la temperatura de la ría. Por todo esto, según los ambientalistas, han decrecido las especies que se pueden mariscar, y éstas requieren un proceso de descontaminación más exigente que el habitual en esta clase de pesca. Ence niega estas acusaciones, que hasta ahora no han sido refrendadas por las autoridades de aplicación.

- Normas de control y organismos de monitoreo. Este es sin duda el punto crucial. La mayor garantía ambiental de las plantas celulósicas en Europa está dada por la existencia de normas supranacionales, dictadas y actualizadas permanentemente por la Unión Europea, y organismos, también supranacionales, encargados de su cumplimiento. Este sistema permite, por así decirlo, volver sobre sí mismo el afán de lucro propio de la empresa capitalista: si una empresa, en cualquier país, incumple las normas, se beneficia con costos de producción menores que los de las empresas que sí las cumplen; éstas son, por lo tanto, las primeras interesadas en que el cumplimiento sea universal. Este mecanismo resulta bastante sólido y relativamente a prueba de funcionarios corruptos, sobre todo si va acompañado por la participación vigilante de organizaciones comunitarias.

Las normas no son difíciles de copiar o adaptar. Muchas están contenidas en el EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme) de la UE, obedecen al IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), de la misma comunidad, o han sido establecidas por la ISO (International Organization for Standardization), entidad a la que están afiliados el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit). En cambio, el grado de desarrollo del Mercosur dista de ofrecer mecanismos supranacionales de control como los que ha logrado la UE. Lo seguro es que el camino en este sentido exige el más estrecho acercamiento entre los países involucrados.