El Gobierno no tenía como primera ni segunda opción la estatización del servicio de prestación de agua potable y cloacas. El objetivo inicial era repetir con los franceses de Suez el modelo de negocios acordado con otras privatizadas. La operadora parisina sólo aceptaba sumarse a ese grupo si le aprobaban un aumento de tarifas y si el Estado se hacía cargo de gran parte de su abultada deuda en dólares. Esa alternativa, con tránsitos de amor y odio a lo largo de casi tres años, no prosperó. La otra opción que los funcionarios buscaron con ansiedad fue la de tentar a inversores privados para hacerse cargo de la compañía. Probaron con la catalana Aguas de Barcelona –socia de Suez–, con grupos locales (Brito, Mindlin, Eurnekian, entre otros) y con los fondos de inversión especulativo Latam Assets y Fintech. Los negociadores oficiales no tuvieron éxito. Finalmente, aunque haya sido la alternativa de descarte, el Gobierno ha optado por el desafío que ofrece más expectativas de satisfacer las necesidades de los sectores postergados, por la carencia del servicio o por directamente no contar con él. Ahora habrá que ver si el actual Estado está a la altura de esa tarea.

Obras Sanitarias de la Nación, antes de su privatización, registraba un elevado grado de desinversión, de obsolescencia tecnológica en materia de tratamiento de los efluentes, una creciente polución del medio ambiente por contaminación industrial, una importante desatención de la demanda en los meses estivales, un considerable deterioro en la calidad del agua entregada y una relevante desactualización catastral. Así se preparó el escenario para su enajenación. El actual titular de la flamante compañía estatal Ayssa (Aguas y Saneamiento Argentino SA), Carlos Ben, trabajó en la estatal OSN y luego continuó en el directorio de Aguas Argentinas como representante de Suez, por un acuerdo del gremio con los franceses. Precisamente, el sindicato de trabajadores de OSN, que lideraba y sigue liderando José Luis Lingeri, fue incluido por el menemismo en la “mesa de negociación”, que se constituyó para concesionar la compañía pública. El mecanismo para quebrar una eventual resistencia sindical fue la entrega del 10 por ciento del paquete accionario de Aguas bajo el sistema de Programa de Propiedad Participada (PPP). Así el sindicato de Lingeri consintió la política de reducción de más de la mitad del personal que los franceses aplicaron en los primeros tres años de gestión. Entre 1992 y 1995, Aguas Argentinas redujo el plantel de 8400 a 3700 trabajadores. Lingeri es el mismo que ayer festejó la estatización del servicio de aguas. Ben-Lingeri es la dupla que, en teoría, le brinda seguridad al Gobierno para el manejo inicial de una compañía muy sensible para la población.

Más allá de los nombres, la clave de esta nueva etapa reside en comprender las características de este servicio para no caer en los errores de la empresa estatal de los ’80 ni en los de la privada de los ’90. El acceso al agua potable y al servicio de colección y tratamiento de residuos cloacales se encuentra asociado a derechos fundamentales de las personas. Se trata de un servicio esencial para la población. El agua potable no es una mercancía más, reproducible y con posibilidad de ser administrada mediante los mecanismos clásicos que se utilizan en la regulación de mercados monopólicos. La cuestión del agua y de las cloacas constituye un problema ambiental complejo. Y, por lo tanto, dicha complejidad demanda una visión integrada y de largo plazo, “que las empresas, inmersas en la lógica de acumulación capitalista, no se encuentran en condiciones de desarrollar”, sostienen en el esclarecedor libro Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA los investigadores Daniel Azpiazu, Karina Forcinito y Andrea Catenazzi. Si bien la presencia del sector privado ha aumentado en esas actividades tan sensibles para la gente, “los estados nacionales continúan teniendo la responsabilidad insoslayable e indelegable de garantizar el acceso efectivo del conjunto de la población a dichos recursos y la sustentabilidad ecológica de largo plazo en sus ámbitos de influencia”, señalan esos especialistas.

No es incoloro, insípido ni inodoro definir ahora, para aprender de los errores del pasado, que el agua potable y los desagües cloacales no pueden ser considerados como mercancías sujetas a las “fuerzas del mercado” sino que constituyen derechos humanos fundamentales que los estados deben garantizar, especialmente en economías con elevados niveles de pobreza e indigencia. En México se está desarrollando el IV Foro Mundial del Agua, que finaliza hoy –cuando se conmemora el Día Internacional del Agua–, donde se ha expresado el enfrentamiento entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados acerca de si el acceso al agua es o no un derecho humano. La cuestión de fondo, que se viene discutiendo en cada uno de esas reuniones mundiales, es quién debe explotar el recurso, si el sector público o el privado. Los organismos internacionales acompañaron a los países desarrollados en oponerse a la inclusión en la declaración final la idea “el derecho humano al agua”, como reclamaron Bolivia y Venezuela, países que señalaron, por ejemplo, que la Organización Mundial de Comercio aplica reglas que convierten el agua en una mercancía. En el mismo día en que el Gobierno anunciaba la reestatización, el representante del país expuso en ese foro una posición intermedia: “El Estado debe dar garantías sobre el agua, porque tiene la obligación de garantizar la salud de las personas y preservar la vida”, afirmó Atilio Savino, secretario de Ambiente de la Nación. Pero se diferenció de la posición de Bolivia y Venezuela: “No es que no lo considere un derecho humano, pero prefiero el concepto de ‘agua como garantía de vida’, que es lo que sostiene el documento de la declaración final”.

Sin embargo, con el agua no hay margen para la ambigüedad. La reestatización brinda la oportunidad de recuperar un modelo social del agua, es decir una prestación estatal y universal, recordando que ésta “fue un elemento clave de la formación del Estado-Nación que asoció la garantía del acceso de determinados servicios al hecho de ser ciudadano, y que representaba sobre todo el valor de un programa político”, apunta la investigadora Catenazzi. El agua y las cloacas son bienes básicos de los que millones carecen. Por ese motivo, el manejo del agua y las cloacas no debería ser un tema de estatismo versus sector privado. Y tampoco de negocios –públicos o privados– en el sentido de evaluar el servicio con típicos parámetros de rentabilidad empresaria. Se trata de abordar la cuestión en toda su complejidad, pensando en aquellos que no tienen agua corriente y cloacas, echando al cesto las voces de alarma y aprendiendo de las enseñanzas que dejaron las ineficiencias asociadas con corrupción de los ochenta y la triste privatización del agua en los noventa.