En el marco de la batería de anuncios que el Poder Ejecutivo preparó para conmemorar el treinta aniversario del último golpe militar, la ministra de Defensa, Nilda Garré, autorizó el pleno acceso a la documentación y bases de datos de las Fuerzas Armadas que puedan explicar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Hace más de diez años el entonces jefe del Ejército Martín Balza había ordenado a todas las unidades militares que aportaran la información existente sobre las acciones realizadas durante la dictadura y los resultados fueron nulos.

La resolución abarca al Estado Mayor Conjunto (EMC), a los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y a todas las dependencias o reparticiones del Ministerio de Defensa, según informó un comunicado de esa cartera. La medida adoptada implica el levantamiento del secreto militar, “en cuanto resulte necesario”, precisó.

Desde el 3 de marzo, las tres fuerzas reiteraron sus autocríticas por la actuación militar en los años de la dictadura. Sin embargo, las sospechas sobre la precariedad de esos dichos se reactualizaron el fin de semana pasado a partir de las acciones de espionaje interior practicadas por oficiales de la Armada en la Base Naval Almirante Zar de Trelew, Chubut. Denuncia que les costó el cargo a dos almirantes.

La apertura de los archivos existentes en las Fuerzas Armadas es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, que suponen que allí está contenida la información para saber qué pasó con los 30 mil desaparecidos. El represor Cristino Nicolaides negó sistemáticamente la existencia de esas listas y poco antes de dejar el poder ordenó la destrucción de toda documentación.

Una fuente castrense relacionada con Balza ponderó la decisión de la ministra Garré, por “constituir un gesto político”, dijo, pero puso en duda la efectividad de la medida. “Cuando llegamos nosotros, no había nada. Por eso, Balza propuso a los militares hacer denuncias anónimas para tratar de reconstruir la información. No hubo respuesta”, añadió.

“Basado en el decreto número 825/05, el Ministerio de Defensa instruyó a la Secretaría de Asuntos Militares a que se garantice el acceso irrestricto a la información sobre los hechos gravísimos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura militar”, explicó la cartera de Defensa y subrayó que esta “iniciativa se suma a la política del gobierno nacional de prestar colaboración con las investigaciones acerca de lo acontecido” durante la dictadura. La documentación quedará a disposición del Archivo Nacional de la Memoria.