La marcha masiva de los ahorristas abrió una etapa diferente en la lucha contra el corralito, donde la protesta de las cacerolas comienza a ser reemplazada por otras formas. Los damnificados decidieron hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agruparse “por banco” para demandar a las casas matrices de las entidades tanto en los tribunales nacionales como extranjeros. En ese sentido, abogados de ahorristas insisten con que el juicio apunta a demostrar que la responsabilidad jurídica de las filiales locales de los bancos extranjeros puede hacerse extensiva también a las casas matrices. Los letrados que aconsejan a esos ahorristas recuerdan la jurisprudencia existente en la legislación argentina, entre la que destacan la sentencia contra el frigorífico Swift dictado por el juez Salvador María Lozada, en noviembre de 1971. En el caso Swift, se rechazó el acuerdo alcanzado entre el frigorífico y sus acreedores, pues el 40 por ciento de los créditos verificados correspondía a empresas del Grupo Deltec, la firma multinacional que controlaba Swift. El fallo reconoció que Deltec actuaba como un “grupo económico”. La jurisprudencia más cercana es el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro determinando que el grupo internacional Banca Nazionale del Lavoro sea financieramente solidario con su sucursal argentina.