Botnia y Ence se reunirán el viernes próximo con técnicos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para presentarles la información cuya falta fue señalada por el organismo de crédito. Las empresas deberán satisfacer las demandas de los técnicos para que el Banco Mundial les conceda el tramo final de sus créditos, consistentes en 400 millones más un seguro de riesgo por otros 300 millones dólares.

Si bien el Banco Mundial financia las obras (de la misma manera que antes puso fondos para la forestación del país), debe antes de otorgar el dinero cumplir con ciertos recaudos. En el caso de las papeleras, tiene que evaluar su riesgo ambiental. La semana pasada, el organismo planteó que las empresas no han dado la información completa sobre qué sistema de producción van a utilizar. Las objeciones señalaron que:

- Botnia y Ence no han suministrado suficiente información sobre procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas.

- Las empresas no han dado información suficiente sobre las características del diseño de sus plantas.

- Falta hacer “una auditoría de las estimaciones de vertido” de desechos al río.

- No se analizó cómo se verá afectado el turismo de la zona.

Según fuentes del gobierno argentino, los créditos pendientes del BM son de 200 millones para Botnia y 200 para Ence. En el caso de Botnia (el que más preocupa, porque es la planta de mayor tamaño y con las obras más adelantadas), esto representa el 10 por ciento de sus necesidades de financiación. La empresa pondrá un 30 por ciento de capital propio y tomará el resto de la banca privada. Así, el crédito del BM es un porcentaje menor en la estructura de financiamiento. Pero una demora en su aprobación puede afectar al conjunto, si los inversores privados lo interpretan como una señal de que un proyecto que recibe tanto cuestionamiento será poco sustentable.

En estos días no se ve actividad en las obras de construcción de ninguna de las plantas ubicadas a orillas del río Uruguay. La suspensión de las tareas no está relacionada con el pedido de los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para que se realice un estudio de impacto ambiental, sino que se debe al feriado de Semana Santa, fecha en la que los trabajadores de la construcción del Uruguay se toman tradicionalmente sus vacaciones.