La financiación de obra pública a través de fondos fiduciarios tiene, al menos, un antecedente poco auspicioso. Cuando se puso en marcha la denominada apertura a la competencia de la telefonía fija, se había dispuesto que todas las empresas de telecomunicaciones debían comenzar a aportar el uno por ciento de sus ingresos a un fondo, cuya recaudación debía destinarse a la extensión del servicio a zonas no rentables o antieconómicas, donde las concesionarias monopólicas no habían llegado ni mucho menos lo haría cualquier empresa que ingresara a competir con ellas. Si bien el servicio universal había sido uno de los principales objetivos planteados al privatizar ENTel, casi cinco mil localidades seguían en aquel año 2001 de la apertura a la competencia sin ser parte de la red de telefonía fija. Si no se le había exigido a las concesionarias dar el servicio antes, mal se lo podía hacer ahora, cuando otros iban a entrar a disputarle la “crema” del negocio, razonaron en el área de Comunicaciones. Por eso se dictó el decreto 764/2000 que creó el fondo fiduciario a partir del 1º de enero de 2001. Pero pasó el gobierno de la Alianza y la cuenta para depositar el fondo no se creó. Llegó la transición de Duhalde y tampoco. Con la llegada de Kirchner al poder, no fue distinto. La Secretaría de Comunicaciones siguió desentendida del tema. Hoy sigue habiendo más de cuatro mil localidades que sólo tienen como opción la telefonía celular o un único teléfono público en el pueblo. Estimaciones privadas calculan entre 300 y 400 millones de pesos el monto que debió ingresarse desde el 2001 a la fecha y, por lo tanto, sería lo adeudado por las empresas. El fondo fiduciario telefónico, en tanto, sigue siendo apenas letra muerta de un decreto.