La decisión tomada por la Corporación Financiera Internacional (CFI) para que las papeleras amplíen el informe de impacto ambiental no tardó en tener la respuesta de las dos firmas. Tras calificar como “positiva” la demanda del organismo que depende del Banco Mundial, representantes de Botnia y Ence informaron, en un comunicado, que colaborarán con “lo que sea necesario” para completar la información. Igual disposición mostró el gobierno uruguayo, una vez más bajo la voz del ministro de Vivienda y Ambiente, Mariano Arana. El funcionario reiteró ayer que su país pondrá al alcance los “más numerosos soportes en el avance tecnológico para asegurar todo lo que se pueda prevenir sobre eventuales contaminaciones”.

Concretamente, la CFI presentó un plan de acción donde convocará a un grupo de “consultores independientes” para que completen la información sobre los efectos contaminantes que podrían generar las papeleras en la región. La entidad estima que las investigaciones se terminarán de realizar en noventa días, tras los cuales finalmente decidirá si otorga un crédito de 400 millones de dólares a Ence y Botnia para completar la construcción de las fábricas. La medida tuvo ayer el visto bueno de las firmas, que consideraron como positiva la propuesta. El presidente de Botnia, Erkki Varis, aseguró que su compañía está dispuesta a “proporcionar toda la información que sea necesaria para asegurar que Botnia va a aplicar las mejores tecnologías disponibles en su planta”. Y remató: “Botnia siempre ha sido líder en asuntos ambientales”. En igual sentido, la española Ence elogió que “se ingrese en la fase final del proceso para confirmar que la planta se ajusta a los requerimientos del Banco Mundial”.

Del lado uruguayo, Arana señaló que las nuevas demandas “son bienvenidas” y ratificó la intención del gobierno de Tabaré Vázquez para dar mayor información. La cuestión forma parte de los principales pedidos que viene formulando Argentina. En realidad, lo que planteó la administración de Néstor Kirchner es que se suspendan las obras durante tres meses hasta que se conozcan los resultados del informe. Sin embargo, ambas empresas rechazaron dicha solicitud, con lo cual el Gobierno decidió acudir al Tribunal de La Haya para definir la situación. Al ser consultada sobre el tema, la vocera de Botnia, Annikki Rintala, desestimó que la presentación vaya a tener consecuencias negativas para las empresas. “De acuerdo con la información que Botnia tiene y ha recibido, el proyecto (de las pasteras) ha sido debatido en tiempo y con el acuerdo de los dos países, así que no vemos que tenga ningún efecto en el desarrollo del proyecto”, dijo.