A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó la ley que habilita la aplicación de cargos sobre las tarifas de luz y gas para financiar obras de infraestructura para esos servicios. La norma dispone la creación de un fondo específico para cada caso, que será nutrido con esa recaudación y que irá liberando los recursos en la medida que avancen las inversiones con destino a aumentar la capacidad de generar, transportar y distribuir energía eléctrica o gas. La iniciativa, alentada por el Ministerio de Planificación, fue muy cuestionada por la oposición parlamentaria por las amplias atribuciones que otorga al Poder Ejecutivo, aportante del primer dinero del que dispondrán los fondos. Este poder será el encargado de crear cada uno de esos cargos, establecer su envergadura, forma de ajuste y, fundamentalmente, resolver qué categoría de usuarios lo pagará. La ley no establece ninguna restricción en este sentido, por lo que se descuenta que en este caso será inevitable que los residenciales también hagan su aporte para las obras de ampliación. De esta manera, no sólo se refuerzan las ya nutridas potestades del ministro Julio de Vido, sino que consagra el criterio de que son los usuarios quienes tienen que solventar las nuevas obras y no las empresas prestadoras.