La resolución del juez Ariel Lijo es un avance extraordinario. El primero tras seis años de parálisis en una causa que estuvo congelada en forma deliberada, pese a que los jueces del Tribunal Oral dijeron que el caso AMIA fue una gigantesca maniobra “al servicio de políticos inescrupulosos”. Hay una montaña de pruebas y, sin embargo, hasta ayer nadie quiso avanzar contra el entramado judicial-policial-SIDE-político que desvió a propósito la causa del atentado.

Durante años, lo que mantuvo vivo el expediente fue principalmente el impulso de la agrupación Memoria Activa y la obstinación de Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, expulsado de muy mala manera por el actual ministro Alberto Iribarne. Rúa fue el funcionario que más hizo por la investigación del atentado y contra las irregularidades cometidas en la pesquisa. En los últimos tiempos, el nuevo responsable de la Unidad, Alejandro Slokar, les puso pimienta a las cosas y presentó un escrito en el que reclamó avances en la causa e incluso la detención de Juan José Galeano.

Uno de los aspectos más llamativos de la resolución de Lijo es que, por primera vez, ubica al entonces principal dirigente de la comunidad judía, Rubén Beraja, en la trama que produjo las pistas falsas. Los jueces del Tribunal Oral lo sugirieron, pero Lijo llama a declarar al ex presidente de la DAIA afirmando que la operación del pago ilegal a Telleldín se hizo con su aprobación y colaboración. El objetivo que se deja entrever es que se quiso “entregar” a la sociedad, y en especial a la comunidad judía, falsos culpables para tranquilizar las demandas de esclarecimiento. Y en esa maniobra, la estrecha relación de Beraja con el menemismo habría jugado un papel decisivo.

El llamado a indagatoria de Hugo Anzorreguy y sus dos espadas principales en la SIDE, Alejandro Brousson y Patricio Finnen, es clave. Siempre declararon que el juez les pidió el dinero para pagarle a Telleldín y que ellos sólo fueron auxiliares del magistrado. Proveyeron la plata, la entregaron a la esposa del detenido y filmaron todo. O sea que la compra de Telleldín por 400 mil dólares, para que declare contra los policías y los señalara como cómplices del atentado, fue responsabilidad de Galeano. La SIDE, argumentan, se subordinó al magistrado. El Tribunal Oral opinó todo lo contrario: que el juez fue un instrumento del poder político, un alfil que se movió en el tablero de acuerdo a lo que la SIDE y la Casa Rosada le sugerían.

Y eso es lo que falta en la fotografía que resulta de la resolución de Lijo. Ni Galeano ni Anzorreguy ni ninguno de los protagonistas –incluyendo a Beraja– pudieron haber realizado lo que hicieron en la principal causa judicial del país sin el visto bueno de la Casa Rosada, es decir sin el protagonismo del entonces ministro del Interior, Carlos Corach, y el presidente Carlos Menem. Como sostuvieron los jueces del Tribunal Oral, la maniobra empezó con una visita a la cárcel realizada por la camarista María Luisa Riva Aramayo, más que allegada a Corach. Es impensable que esa movida e incluso el pago a Telleldín se hubieran realizado sin el consentimiento del ex presidente. La pintura del Tribunal Oral es que la causa AMIA no fue una maniobra del juez con ayuda de la SIDE sino una maniobra de la Casa Rosada utilizando a quienes se le subordinaban: Galeano, los fiscales y la SIDE. Por eso, en su momento Alejandro Rúa pidió la indagatoria de Corach y de Menem.

Tal vez el juez Lijo avance en esa dirección después de tomarles declaración indagatoria a todos los citados. El gran interrogante es justamente hasta dónde se va a llegar en dos terrenos fundamentales:

- El primero, tiene que ver con el enfoque de los delitos cometidos. Una cosa es si se imputa a los acusados de haber pagado 400 mil dólares en forma ilegal y otra muy distinta es acusarlos de haber urdido una gran maniobra, de la que el pago fue solo una parte, para entregar culpables truchos a la sociedad y mantenerlos presos durante años sabiendo que no tenían que ver. No sólo hubo otro sector de la SIDE que afirmó que las pistas eran falsas, sino que el propio FBI entregó un informe dudando mucho de la pesquisa.

- El segundo aspecto clave es dónde se ubicará el listón de la acusación. El rumor extendido es que no se quiere avanzar sobre la cabeza del menemismo, por lo que las imputaciones llegarán, a lo sumo, a Anzorreguy y únicamente por el pago ilegal. El gobierno nacional, a través de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que es querellante en esta causa, debe dejar en claro que no aceptará que el listón se ubique allí. En la fotografía de la acusación no pueden quedar afuera los que movieron los hilos, los “políticos inescrupulosos” que mencionó el Tribunal Oral.