El mediodía del 18 de julio, el padre Grassi fue hasta la Fiscalía General de Morón, donde lo notificaron de la nueva denuncia en su contra por abuso de menores de los que era su guardador. Hasta ahí llegó acompañado de los abogados Adrián Maloney; Laura Fechino y Andrea Novello (defensoras de Carlos Telleldín); y Luis Osler. Tres días después, su numerosa y costosa defensa expuso los argumentos del cura. Aseguran que Luis Gutiérrez denunció a Grassi “atemorizado” por la exposición pública que le dieron a la causa de El Calafate, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el abogado del Comité de Derechos de la Niñez (Casación), Juan Pablo Gallego.

Anteriormente, Gutiérrez también había denunciado una amenaza: desde una Trafic Blanca lo apuntaron con un arma y le dijeron “ojo con lo que vas a declarar en el juicio”. La referencia, según Gutiérrez, era por su declaración en el juicio contra Grassi en la Justicia de Morón, que terminó por caerse ante las denuncias que Carlotto y Gallego, y luego la propia fiscalía, hicieron sobre la “parcialidad manifiesta” del Tribunal Oral 4 a favor del sacerdote a quien debían juzgar. La defensa de Grassi tomó este hecho y redobló la apuesta: asegura que esa amenaza provino de una productora periodística de Canal 13.

Sin embargo, otro incidente despierta la sospecha de los fiscales. Tres días después de que el joven denunciara los abusos de Grassi en la fiscalía de Morón, la casa donde vivía junto a una familia sustituta fue robada y saqueada. Fue entonces cuando el adolescente pidió su ingreso en el programa de testigos protegidos.