La suba del salario mínimo acordada ayer beneficiará en forma directa a unos 770 mil trabajadores en blanco que ganan menos de los 800 pesos que se alcanzarán en noviembre. Sin embargo, dejará afuera a 4,5 millones de asalariados en negro (el 44 por ciento del total de ocupados en relación de dependencia), cuya remuneración promedio ronda los 440 pesos.

El nuevo piso está en línea con la pretensión puesta sobre la mesa de negociación por la CGT: cubrir la canasta de la pobreza para una familia tipo, valuada en 857 pesos mensuales. Si a los 760 pesos de bruto que se otorgarán a partir de agosto se les descuentan los aportes previsionales y se les suman las asignaciones familiares (60 pesos por hijo), se llega a un salario de bolsillo cercano, de 830 pesos. Pero en noviembre, con un bruto de 800 pesos de mínimo, el sueldo neto llegaría a costear la canasta de la pobreza, siempre que ésta se mantuviera en los valores actuales.

No obstante, este último capítulo del Consejo del Salario patentiza la situación de debilidad relativa de los asalariados de nuestros días, que en perspectiva histórica reclaman algo que tres décadas atrás habría sonado indigno. Hasta mediados de los setenta, antes del golpe, el Indec mensuraba la canasta básica de consumo de un obrero industrial, la cual era utilizada como referencia en las negociaciones salariales. Según un estudio de la CTA, dicha canasta a valores actuales rondaría los 2200 pesos. En los cálculos de la CGT, se ubicaría en torno de los 1900 pesos. Salvo para la CTA, que planteó la necesidad de discutir sobre una canasta distinta de la de pobreza, para gobierno, empresarios y CGT éste no era el momento para hablar de “utopías setentistas”.

Hoy la aspiración de la “elite” del mundo del trabajo –los empleados en blanco– es no caer por debajo de la línea de pobreza. Hace tres décadas, la expectativa era formar parte de la clase media. A mediados de los setenta, los asalariados se llevaban el 42 por ciento de la torta del ingreso nacional; hoy pellizcan el 25 por ciento. Después de décadas de transferencia de ingresos en una única dirección, ¿será ésta la era de las “expectativas mínimas”?

Pese a todo, hay quienes creen que la suba del piso salarial para los trabajadores en blanco es relevante, más allá de los 770 mil empleados favorecidos de manera directa. “Es una forma de evitar el anclaje a la baja de los salarios en blanco, dado el enorme ejército de trabajadores en negro con sueldos baratos para el mismo puesto”, explica un técnico próximo a la Rosada.

Los últimos números del Indec muestran que nunca en las últimas tres décadas la distancia entre los salarios de los trabajadores en blanco y sus colegas en negro fue tan grande. El sueldo promedio de un trabajador en negro hoy representa apenas el 37 por ciento del sueldo promedio del empleado en blanco. En 1992, un asalariado en negro ganaba el 72 por ciento que uno en blanco. Los índices de informalidad eran la mitad de los actuales.

“Con semejante brecha, la presión a la baja sobre los sueldos en blanco que ejerce el universo en negro es enorme”, insiste la fuente. Y ahonda en teorías conspirativas: “Más allá de lo que digan, a los empresarios les sirve que haya casi cinco millones de trabajadores en negro, con salarios de miseria. Ese mundo es un lastre para los sueldos en blanco”.

En el Gobierno aseguran que el salario mínimo produce, además, algo así como un “efecto arrastre” sobre el mercado laboral precario. La idea es que al subir el piso salarial de la economía formal, los empresarios habituados al negreo empiezan a ceder frente a las demandas de mejoras en sus propios establecimientos. Por ahora, la realidad muestra que los “trabajadores de segunda” se alejan cada vez más de la sociedad en blanco.