La Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de Francisco Mugnolo, presentó su informe anual correspondiente a los años 2003-2005, período en el que todavía dependía del Ministerio de Justicia. Entre sus conclusiones, el procurador denunció “la extrema gravedad de la situación carcelaria en Argentina” y mencionó entre sus causas “el estado deplorable de los penales, el crecimiento de la superpoblación carcelaria y los elevadísimos porcentajes de presos preventivos”. En términos de cárceles estrictamente federales, la población creció el 61 por ciento en 10 años, y en 20 años pasó de 2355 presos a más de diez mil. “Si se mantiene la proyección, en el 2034 habremos pasado la cifra de cien mil”, aseguró Mugnolo. Se refería, obvio, sólo a las cárceles federales.

El estado de situación no es nuevo porque la situación deplorable que menciona Mugnolo es parte de un proceso acelerado por las leyes de mano dura desde fines de la década pasada. Lo interesante del informe es que las cifras ya son exorbitantes y desde el año pasado la situación no se ha distendido. El informe se detiene en casos de denuncias penales presentadas por los propios presos contra el Servicio Penitenciario Federal. En un puntilloso informe, desde junio de 2003 hasta junio de 2005, la Procuración detalla 34 denuncias en las que se describe la participación de penitenciarios con palos, bastones, a patadas y puñetazos, provocando lesiones que fueron constatadas por médicos y cuyas denuncias fueron presentadas ante la justicia. “Que las denuncias no prosperen se puede deber a que los jueces atribuyen mayor credibilidad a los testimonios y declaraciones de los agentes penitenciarios que a los presos.”

Durante el período del informe la Procuración recibió más de 18 mil denuncias. De los temas planteados, el judicial (respecto de la causa penal) fue el más tratado (5942 casos) seguido por el de seguridad interna (2971) y de salud (1960). Entre la seguridad, en 2004/5 se realizaron 617 pedidos de traslado por temor a perder la vida, contra 548 en 2000/1 y 990 en 2001/2. En cuestiones de salud, en 2003/4 el pedido de médicos fue el más alto desde el 2000, con 681 casos, lo que indica falta de un profesional en el lugar. En 2004/5 descendió a 111. Habrá que agregar la denuncia de ausencia total de atención médica en 58 casos en 2003/4 y 357 casos al año siguiente.

Otra de las perversiones del sistema queda señalada en la cifra de pedidos de traslado de los presos a una unidad más próxima a su núcleo familiar: 289 casos, en 2003/4 y 218 en 2004/5, contra 96 en 2000/1.

En sus conclusiones, Mugnolo sostiene “no ser partidario de construir nuevas cárceles, de que en caso de que se las construya sólo sea para reemplazar las obsoletas y que las nuevas sean de régimen abierto”.