En los despachos oficiales creen que la Corte Suprema le hizo un guiño al Gobierno. El fallo de la movilidad de las jubilaciones ocupó anoche la atención del Presidente. No hay nada que disguste más a Kirchner que no ser él quien fije la agenda política. La versión oficial es que la cuestión se resolvió mejor de lo esperado, si se tienen en cuenta fallos anteriores, de primera y segunda instancia, que obligaban al Gobierno a actualizar jubilaciones en casos particulares por un índice salarial.

Sin embargo, la Corte envió ayer un mensaje importante. En primer lugar, deja en claro que la movilidad de las jubilaciones no puede depender de la azarosa lapicera presidencial. Así, señala que se debe garantizar la actualización de los haberes en base a algún mecanismo de ajuste, de modo tal de evitar el deterioro del poder adquisitivo de los haberes. No dice qué mecanismo de actualización, porque eso debería ser parte del debate en el Congreso. Pero el fallo hace mención al “proceso de recuperación de las variables salariales”, dando a entender que es en el espejo de los salarios donde debe reflejarse la evolución de las jubilaciones.

La ley previsional vigente, la mal llamada “ley de solidaridad previsional”, impulsada por Menem y Cavallo, además de crear las AFJP, sepultó la movilidad de los haberes jubilatorios, el “82 por ciento móvil” que, salvo casos especiales, ahora sólo existe en el imaginario social.

En segundo lugar, la Corte reconoce la política de actualización de las jubilaciones mínimas, pero asegura que esa política no convalida la postergación indefinida de quienes cobran por encima de la mínima. Desde la devaluación, la inflación minorista sumó 82 por ciento. Durante ese período, el haber mínimo pasó de 150 pesos a los actuales 470 pesos (213 por ciento de aumento), que hoy cobran 2.241.000 jubilados. La mejora no fue pareja, porque para los que percibían 350 pesos antes de la devaluación, la suba fue de 34,2 por ciento. Hay 697.000 jubilados que ganan entre 470 y 1000 pesos, para quienes el ajuste fue de sólo 21 por ciento. Mientras que para 276.000 pasivos con haberes superiores a 1000 pesos, en los últimos 14 años el único incremento fue el 11 por ciento dispuesto a partir de julio último.

Con la segmentación el Gobierno logró acotar el gasto previsional, ya que hubo una redistribución de ingresos dentro del propio universo de jubilados. El gasto previsional ronda los 34.000 millones de pesos anuales. Suponiendo que se actualizara por un índice salarial que este año crecería alrededor del 19 por ciento, la erogación en jubilaciones se incrementaría en unos 6400 millones de pesos anuales. En el Gobierno afirman que ese número pondría en riesgo el superávit fiscal. Pero el ahorro de este año superaría los 22.000 millones frente a los 16.000 millones que figuran en el Presupuesto 2006.

Finalmente, la Corte habla de un “plazo razonable” sin fijar fecha. Pero algunos ministros del Tribunal dejaron trascender que el proyecto de ley previsional debería ser enviado al Congreso a más tardar con el Presupuesto 2007, es decir el 15 de septiembre próximo. Sería bueno que Kirchner fuera más allá e incluyera en la agenda de corto plazo la postergada reforma previsional.