La investigación publicada por la Universidad de California muestra la influencia de la industria tabacalera en el diseño de políticas de control del tabaco en el país desde 1966, cuando se presentó el primer proyecto de ley para regular la venta de cigarrillos. Algunos ejemplos mencionados:

- En 1973 y 1974 dos proyectos de ley ingresados al Congreso exigían la colocación de una etiqueta de advertencia sanitaria en los envases de los productos de tabaco y en su publicidad. Sin embargo, no fueron aprobados “debido a la intervención de la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT)”, la asociación nacional que agrupa a los productores, señala el estudio.

- En 1976 y 1979 el Ministerio de Bienestar Social de la Nación preparó dos proyectos de ley para regular el contenido de la publicidad del tabaco y el alcohol y para requerir una etiqueta de advertencia sanitaria en los paquetes. Luego de la “presión” de “representantes de la industria del tabaco” a “funcionarios del gobierno”, las dos iniciativas fueron archivadas.

- A principios de los años ’80, la CIT creó el “Departamento sobre la Controversia del Tabaco” como una herramienta para “contrarrestar y menoscabar” una posible futura legislación antitabaco. “Ese departamento –indica el estudio– organizó “Seminarios de Información” dirigidos a grupos específicos de la comunidad (médicos, científicos, periodistas, agencias de publicidad, distribuidores de productos de tabaco, funcionarios gubernamentales) para promocionar la posición de la industria por la cual la relación causal entre tabaco y enfermedad no estaba comprobada.”

- En 1992 la 8ª Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud se hizo en Buenos Aires. “Activistas locales para el control del tabaco intentaron presionar para la aprobación en el Congreso de una ley amplia presentada en 1990 por el diputado nacional Aldo Neri. Al mismo tiempo, Philip Morris International y British American Tobacco trabajaron juntas para desviar la atención de la conferencia, organizando sesiones informativas con periodistas ‘amigos’ para crear controversia sobre los efectos de la exposición pasiva al humo de tabaco”, revela el paper.

- El 30 de septiembre de 1992, la Ley Neri fue aprobada por el Congreso. “Sin embargo, la industria del tabaco rápidamente organizó y orquestó un exitoso plan para derrotarla con la ayuda de grupos de fachada, consultores ‘científicos’ contratados y orientados por la industria y legisladores de las provincias tabacaleras y montó una gran campaña de relaciones públicas y de presión política. Diez días más tarde, el 10 de octubre, la ley fue vetada por el presidente Carlos Menem”, detalla el estudio.

En junio de 1998 la ministra de Defensa, Nilda Garré, por entonces diputada del Frepaso, presentó un proyecto de ley que exigía la descripción total de los ingredientes y aditivos en los productos del tabaco, la colocación de etiquetas de advertencias rotativas en los paquetes de cigarrillos y restricciones para el uso de tabaco en lugares cerrados. Philip Morris (PM), revela el estudio, estaba preocupada y consideraba que “el proyecto legislativo reproduce los argumentos más severos relacionados con las cuestiones del tabaco, originados por la OMS y la FDA (Agencia de medicamentos y alimentos de Estados Unidos)”. PM vigiló el proyecto de ley desde Nueva York y envió las Guías de Philip Morris International sobre Cuestiones Políticas Públicas al gerente de Comunicaciones de Massalin Particulares (su subsidiaria), Luis González Estévez, en Buenos Aires, para utilizar “el desarrollo de estrategias para abordar diversas propuestas que surjan de los responsables de creación de políticas”, según surge de documentos internos de la compañía.

PM en Nueva York, señala la Universidad de California, preparó una respuesta detallada a las cuestiones abordadas por el proyecto de Garré, “que reflejó las posiciones estándar tomadas por las empresas tabacaleras transnacionales”. Sostuvo que los aditivos se usaban como aromatizantes y que era necesario “preservar el valor de sus secretos confidenciales de fabricación para poder distinguir sus marcas de las de sus competidores”. La respuesta a la exposición al humo del tabaco ajeno repetía la retórica estándar de la industria sobre la “acomodación” entre fumadores y no fumadores y promovía la ventilación como alternativa a las áreas libres de humo. El proyecto de ley nunca se aprobó.