La cárcel federal de Marcos Paz es especialmente distinta. Allí son derivados la mayoría de los presos que pertenecieron a alguna fuerza de seguridad, a las Fuerzas Armadas o los “asimilados”, aquellas personas con un vínculo de parentesco o laboral con los uniformados. Hasta marzo de 2006 esa población era alojada en cuatro pabellones del módulo 4 con un total de 164 plazas ocupadas. Entre ellos, están Miguel Etchecolatz y el grupo de hombres que lo secundó durante la vigencia de su mandato como segundo de la policía de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Los puntos de contacto de los presos durante el tiempo libre no están prohibidos y esa situación planteó una serie de interrogantes a partir de la desaparición del testigo del juicio a Etchecolatz. ¿Es bueno que estén presos todos juntos? El gobierno de la provincia de Buenos Aires empieza a plantear la necesidad de una redistribución de los presos, pero la Nación lo desestima.

La unidad penal de Marcos Paz es una de las pocas cárceles más democráticas: allí los detenidos con rango militar o los ex policías pasan sus días sin privilegios, alojados con las mismas condiciones de los presos comunes.

A comienzos de año y ante un debate sobre las condiciones de alojamiento de los detenidos por las causas de violación a los derechos humanos, una delegación del Ministerio de Justicia relevó cuartos, espacios y condiciones de higiene, seguridad y lugares de encuentros dentro de la cárcel. De ese informe surgió que está compuesta por 6 módulos. Cada módulo tiene 6 pabellones y cada pabellón, 50 lugares. Así, cada módulo está preparado para alojar a 300 personas.

Los detenidos no tienen ni más ni menos espacios que los otros presos, pero los espacios comunes no son pocos. Por esos pasillos transitan los detenidos de la causa Etchecolatz, como su chofer Hugo Guallama. Allí están los detenidos por la causa de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario de La Plata y los procesados en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército. No es difícil imaginarse a Etchecolatz de caminata, por ejemplo, con Roberto Carlos Zeolitti, el “Sapo”, detenido en la causa del Primer Cuerpo.

Durante los últimos días y a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López, la secretaria de Derechos Humanos bonaerense empezó a plantear tímidamente la necesidad de un eventual traslado de detenidos. Aunque su cartera no tendría pruebas sobre la existencia de un complot o de un eventual acuerdo de los internos, sospechan que podría haber existido. Por esa razón, el Gobierno ordenó una investigación sobre visitas, llamados y encargos que recibieron los detenidos del caso Etchecolatz.

María Isabel Chorobick de Mariani sabe que los presos duermen en celdas separadas. Ella es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. “Pero aunque los presos estén separados –dijo ante una consulta de este diario–, están en comunicación continua y hablan, no sé de qué hablan pero hablan.” Para Mariani, “es necesario que estén en distintos lugares aunque sea en cárceles del interior: acá no se pueden hacer más contemplaciones”. La mujer del chofer de Etchecolatz un día fue a visitarla y el testimonio sirvió para detener a Guallama. Durante la visita no sólo dio detalles sobre la participación de Etchecolatz y de Camps en la muerte de su nuera. Contó además que su marido quería “reagruparse (con sus compañeros) para pasar al frente”. Ayer algunos se acordaron de esa frase para explicar el posible regreso de los fantasmas.