Rubia, de ojos azules, Juana Barbaro proviene de una de las familias tradicionales de Oberá. Sus abuelos fueron pioneros en la fundación de esa ciudad. Vinieron de Venecia y, cuando nació, le quisieron poner Giovanna. Finalmente, fue Juana, aunque luego le quedó Ticha, como le decía su hermana Marilyn. La noche del 17 de abril de 2004, cinco jóvenes entraron a robar a su casa. Le rompieron los huesos a martillazos –Marilyn era discapacitada producto de una poliomielitis–, la violaron, la asesinaron a golpes y la enterraron en el sótano. Tras dos años de obstáculos, la causa judicial está empantanada. “No sólo quiero justicia para Marilyn, sino que haya una Justicia independiente, que en Misiones no la tenemos”, sostiene Barbaro, en diálogo con Página/12. Ella es la segunda candidata a constituyente en la lista de lidera el obispo emérito de Iguazú, Joaquín Piña.

–¿Por qué aceptó ser candidata a constituyente?

–Mi participación en el Frente Unidos por la Dignidad se debe a que quiero ofrecer a Misiones la experiencia que he tenido en el esclarecimiento del crimen de mi hermana. Me sentí con la obligación de ofrecer mi candidatura, porque la comunidad de Oberá nos dio la fuerza para seguir adelante. Quería retribuir tanta ayuda de alguna forma. La hice, además, para que nuestro sistema republicano no sea alterado, porque es demasiado grave la política que estaban llevando adelante tanto este gobernador como los últimos gobernadores. No me interesa una participación partidaria, pero sí buscar el bien de la mayoría. Eso incluye el respeto a un sistema democrático.

–Entre los últimos gobernadores está Puerta, que los apoya a ustedes. Rovira suele decir que el FUD “representa al pasado”.

–El mismo Rovira está en el pasado: en la época medieval, cavernícola, donde las decisiones las tomaba el señor y los demás tenían que acatar. Nos preocupa su injerencia en los demás poderes. Algo que se vio en el crimen de Marilyn, que no es un caso penal, sino político. La intervención del poder político se hizo evidente con la participación grosera del presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Jorge Rojas), que cuando llegaron las pruebas de ADN, que determinaban que todos los imputados debían volver a la cárcel, apartó al juez (Horacio Alarcón) y retiró el expediente. Fue para evitar que uno de los imputados, que es hijo de una diputada nacional, vuelva a la cárcel. Y al juez le inició juicio político. Fue grosero y autoritario. Esa es una intervención directa del poder político.

–Pero, ¿qué responsabilidad tiene Rovira?

–Se sabe que ninguno de los actos de gobierno, de cualquier integrante del gabinete y de los demás poderes, se realiza sin su anuencia.