“Si bien el caso de la maestra no se encuadra dentro de los cortes de ruta, casos típicos de criminalización de la protesta social que solemos atender, estamos en contacto con los abogados defensores que nos han llamado para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia por recurso extraordinario con reserva de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró a Página/12 Juan Carlos Capurro, abogado del Comité de Acción Jurídica, que desarrolla su tarea junto a la Central de Trabajadores Argentinos.
Al día de hoy los procesados por participar de protestas sociales ascenderían a tres mil en todo el país. En total, hay 2800 casos contabilizados, de los cuales 2600 son atendidos por este comité. “Este fallo considera que el único derecho que tiene la ciudadanía es el de votar y no de peticionar a las autoridades o de hacer actos callejeros como lo establece la Constitución”, señaló el abogado. Es más, el fallo contra la maestra contradice la doctrina de al Cámara de Casación Nacional cuando en el caso Natera-Gatti expidió sentencia firme y estableció que el corte de ruta no es un delito.