Como en un eterno retorno, la nueva orden de detención que pesa sobre María Estela Martínez de Perón la deja otra vez a un paso de la cárcel. De acuerdo con los códigos de procedimiento españoles, la disposición del juez Norberto Oyarbide no se sumará a la causa que se abrió la semana pasada. Se tramitará en un proceso paralelo y con otro juez, que podrá confirmar la libertad condicional u ordenar la detención de la ex mandataria. Para los abogados argentinos en España, el proceso hacia la extradición podría ser muy largo. Ellos sostienen que el caso tiene parecidos con el proceso de extradición de Augusto Pinochet y creen que la viuda de Perón dejará España sólo si el gobierno argentino emite señales de apoyo a la disposición de la Justicia.

La experiencia de los abogados argentinos en España en las causas por los delitos contra la humanidad es sobradamente larga. Sin embargo, ninguno de ellos encontró hasta ahora en esos expedientes un caso parecido al de Isabel Martínez de Perón.

“Según creo yo, ni siquiera está previsto en las leyes españolas que haya dos pedidos de extradición juntos, de distintas causas y sobre una sola persona”, dijo ayer Carlos Slepoy, abogado del Movimiento de Argentinos en España. Lo que a su criterio terminará ocurriendo es que las dos causas se inicien como trámites separados y paralelos en distintos juzgados, pero terminen unificadas en el tribunal que decida la extradición.

Eso empezará cuando la Audiencia Nacional española reciba la orden de detención de Oyarbide. A partir de ese momento, Isabel volverá a recorrer los lugares de la semana pasada: la notificarán de la detención, se presentará en Tribunales y el nuevo juez le hará cumplir con la formalidad de que acepte o rechace la posibilidad de ser extraditada a la Argentina. Si no lo acepta, como ocurrió con la causa de Mendoza, el juez debe decidir las condiciones de su detención y esperar de la Justicia argentina los protocolos del pedido de extradición.

–¿Existe alguna posibilidad de que ahora quede detenida efectivamente?

–Depende de la decisión del juez que tome la causa –explica Slepoy–. Es un juez distinto que puede tomar la misma u otra decisión con miras a la extradición. Puede ordenar un arresto domiciliario, retirarle el pasaporte, ordenarle la prisión o la prohibición de salir de España. Puede tener un criterio distinto a su antecesor.

–¿La suma de causas puede ejercer mayor presión para detenerla?

–Esto podría influir en el ánimo del juez, pero las razones para sostener la prisión preventiva es el peligro de la fuga. Lo que uno puede pensar es que una causa más en este contexto, aumente la tentación de una fuga de parte de ella. Pero da la sensación de que la Justicia presume que no se va a ir y por lo tanto es posible que se le repita la orden de la libertad condicional como la semana pasada.

Las especulaciones indican que ambos pedidos de extradiciones llegarán en forma prácticamente simultánea a España, y que deberán ser resueltos al mismo tiempo por la Sala de la Audiencia Penal del Tribunal. La sala es una de las cuatro secciones del Tribunal y está integrada por tres miembros. Ellos resolverán la extradición que puede ser apelada para que la resuelva el “pleno” de doce miembros del Tribunal. Ese es el final. O uno de los finales dado que la decisión final de la extradición luego debe ser ratificada o rechazada por el gobierno de España.

–Acá hay una diferencia sustancial con el proceso de Pinochet y hay que marcarlo –dice Slepoy–: en el caso Pinochet hubo tres gobiernos implicados: España, Chile y Gran Bretaña. Y los tres gobiernos manifestaron su voluntad de que no fuera extraditado para juzgarlo. En este caso el gobierno argentino ha manifestado su mirada favorable.

–Hay quienes sostienen que no se le puede imputar a la viuda de Perón responsabilidad por los decretos de aniquilamiento o por la Triple A.

–Las declaraciones de (Ricardo) Gil Lavedra y (Julio César) Strassera me producen perplejidad y dolor. Me hace acordar a cuando se discutían los procesos para pedir la nulidad de las leyes de obediencia debida y ellos planteaban la vulnerabilidad del estado de derecho. Yo creo que lo único que vulnera el estado de derecho es la institucionalidad de la injusticia. Nos parece escandaloso la impunidad de estos criminales, estamos acostumbrados a la cultura de la impunidad.