EL PAíS • SUBNOTA › EL GOBIERNO DICE QUE IMPULSARA LA EXTRADICION DE ISABEL PERON
Oyarbide prepara dos procesamientos y analiza declarar “rebelde” al director de El Caudillo, prófugo.
El Gobierno informó que “tramitará con urgencia” los exhortos judiciales para la extradición de María Estela Martínez de Perón. Dos jueces federales ya pidieron su captura internacional y en los próximos días solicitarán formalmente, a través de la Cancillería, que España dé luz verde para que sea juzgada en la Argentina. La ex presidenta fue detenida la semana pasada y consiguió la libertad provisional. Interpol ya puso en marcha el mecanismo para el segundo arresto y no está descartado que, por la acumulación de cargos en su contra, el nuevo juez que debe intervenir tome alguna medida más severa.
La viuda de Juan Domingo Perón está acusada en dos expedientes distintos. El juez de Mendoza Héctor Acosta le imputa un secuestro y una desaparición, ocurridos en febrero de 1976, bajo el amparo de los decretos de “aniquilamiento de la subversión”. Por estos casos fue detenida el viernes pasado en su casa cerca de Madrid y consiguió la libertad provisional. La segunda orden de arresto, enviada por el juez Norberto Oyarbide, ya está en manos de Interpol y la mujer sería apresada en breve según estimó el magistrado, que la considera responsable de los crímenes cometidos por la Triple A –la organización terrorista que lideraba José López Rega– antes del golpe militar.
Como Isabelita no quiere ser extraditada, en España se abre una instancia compleja que puede llevar varios meses, incluso un año. En la causa mendocina, el juez de la Audiencia Nacional de Madrid Juan del Olmo le puso como única condición que se presente en los tribunales cada quince días. Por la investigación sobre las Tres A intervendría otro magistrado –sería Fernando Andreu, por estar de turno– que analizará si ante la suma y gravedad de las acusaciones dispone algún régimen de detención, como el domiciliario.
El próximo escalón para los jueces argentinos será confeccionar el pedido de extradición de Isabel Perón que debe pasar el filtro de la Cancillería antes de viajar al viejo continente. El gobierno argentino dio ayer señales de apoyo al proceso para que la ex mandataria sea juzgada en el país: anunció a través de un comunicado que impulsará el trámite “con la urgencia del caso”. El Estado argentino tiene una definición pendiente, que dará cuenta de hasta qué punto se apresta a involucrarse en el tema: debe decidir si nombra un representante diplomático para actuar durante el juicio de extradición. “Es muy pronto para resolverlo, todavía faltan varios pasos”, dijeron voceros de Relaciones Exteriores.
Mientras tanto, Oyarbide se prepara para resolver en los próximos días la situación de los dos ex jerarcas policiales de la banda de ultraderecha de López Rega que ya fueron indagados y están con arresto domiciliario: Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira. Los procesaría por el delito de asociación ilícita y por al menos ocho homicidios, entre los que cuentan el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y el del profesor universitario Silvio Frondizi, hermano del ex presidente. El juzgado analiza la posibilidad de incluir en el expediente un centenar de crímenes más, que fueron presentados en los últimos días. Esto puede agravar la situación de los ex custodios, que al momento de una condena podrían recibir la pena máxima.
A esta altura, en el juzgado consideran que Felipe Romeo, el ex director de la revista El Caudillo, house organ de las Tres A, está prófugo y lo declararían “rebelde”. Página/12 reveló que Romeo se había reciclado en Buenos Aires como restaurador de edificios antiguos y Oyarbide dispuso detenerlo. Pero Interpol informó que el 4 de enero, cuando ya era evidente que la investigación lo afectaría, se tomó un avión a Londres.
En España, otro de los ex jefes de la Triple A, Rodolfo Eduardo Almirón, sería trasladado mañana a la Audiencia Nacional para ser interrogado y que se inicie el proceso extradición. Almirón fue el primer detenido por orden de Oyarbide tras ser descubierto por una investigación periodística. Fue custodio de Isabelita y, junto con Morales y Rovira, se fue con López Rega a Madrid en 1975.
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