Hace ya unos cuantos meses, un funcionario del área económica les reclamó a los responsables técnicos del Indec información sobre los puntos de relevamiento de precios, convencido de que algún “problema metodológico” estaba distorsionando la medición, generando aumentos en el índice mayores a los que recogía el área de Comercio Interior. Los técnicos del Indec se negaron enfáticamente a proporcionar esa información, basándose en el principio del respeto al secreto estadístico que rige su tarea.

No fue el primer roce de ese tipo, ya que los hubo en otras etapas e incluso con otro funcionario, de primera línea, que inició su gestión acompañando a Roberto Lavagna y aún hoy sigue ocupando el cargo. Y del propio Lavagna con el titular de entonces del Indec (Del Bello). Lo peculiar, en esta oportunidad, es la vehemencia que puso en juego el funcionario desairado al no obtener los datos. Insistió hasta el punto de poner bajo sospecha a la responsable técnica que le cerraba el paso.

La convulsión que provocó, a principios de enero, el temor a que el índice se disparara, por el efecto acumulado de subas en alimentos (en la primera semana del año fue escandalosa, luego se moderó) y de la medicina prepaga, le dejó servida la oportunidad al funcionario desairado para desplazar a quien se le opuso.

Graciela Bevacqua debió dejar el puesto. Y el aumento de los servicios privados de salud que recayó sobre el índice fue tan sólo del 2 por ciento. Pero la funcionaria que ingresó en tiempos del menemismo al Indec, que nunca tuvo ningún apego a la militancia gremial y ahora quedó en medio de sospechas sobre manejos intencionados para elevar el índice y con ello la rentabilidad de los bonos que ajustan por CER (más de 54 mil millones de dólares, un 40 por ciento de la deuda externa al 30 de junio pasado), terminó fuera del cargo pero manteniendo el empleo, la categoría y en el papel de perseguida política.

El funcionario desairado, Guillermo Moreno, le asestó con esta movida al Indec un golpe de desprestigio que no merecía. Quizás haya otras cuestiones de peso que se desconocen en juego (¿a qué se refiere el ministro del Interior cuando habla de “mafiosos” y “forajidos”?). Por ahora, el costo que se paga por un cambio de piezas en el organismo parecería desproporcionado, sobre todo para el capital político de la ministra Felisa Miceli.

A otros, en cambio, la “movida” les deja pura ganancia. Son los que se oponen a toda intervención estatal en la formación de precios, que ellos controlan, y que sin duda disfrutan del desprestigio de la política oficial de precios. La pregunta, una vez más, es: ¿están claramente identificados los contendientes en la pelea?