En los próximos días, la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal (Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal, Ana Capolupo de Durañona) deberá resolver si deja en libertad a tres comisarios procesados por torturar a varios colegas y por quienes se interesó Maurizio Macri. La historia de las bandas policiales es arquetípica de la herencia dictatorial: una secuestraba y la otra torturaba, ambas valiéndose de la autoridad que detentaban. La solicitud de excarcelación fue rechazada en primera y segunda instancia. Pero la Sala IV es la misma que en 1999 sobreseyó a Macri y a su padre por el contrabando desde Uruguay de 13.000 automotores, como recordó la senadora CFK durante el juicio político a los miembros del cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. La DGI sostuvo que los Macri enviaron autopartes al Uruguay por las cuales cobraron reembolsos. Una vez armados, los vehículos reingresaron a la Argentina sin pagar impuestos internos. Además se falsificaron las firmas de los 13.000 compradores para hacerlos aparecer como importadores directos. La Corte Suprema rechazó la apelación del fiscal de Casación, sostenida por el Procurador General Nicolás Becerra, y ése fue uno de los argumentos invocados por el Congreso en el juicio político. Al fundamentar la acusación contra el ex juez Adolfo Vázquez la entonces diputada Nilda Garré graficó que esa cantidad de coches cubriría la autopista que lleva de Buenos Aires a La Plata, dos de las capitales que concitan el interés político de Macri. Según la posible candidata presidencial CFK, luego de la destitución de Eduardo Moliné el mismo procedimiento debía seguirse con Hornos, Berraz y Capolupo. Los comisarios Carlos Alberto Sablich, Vicente Palo y Carlos Gutiérrez cumplen su prisión preventiva en el destacamento de la policía montada, con dormitorios a puertas abiertas. Macri hizo público su interés por Sablich, a quien llamó “el mayor experto antisecuestro de la Argentina”. Según el candidato a jefe de gobierno de la Capital, “los que me secuestraron están libres y los que los agarraron están presos. Éste es el país en el que vivimos”. Un compañero y amigo de Sablich, el comisario Jorge Fino Palacios, fue jefe de Seguridad de Boca Juniors, hasta que la justicia lo procesó en diciembre por los homicidios y lesiones ocurridos cinco años antes el día de la renuncia de Fernando de la Rúa. En un apartamiento explícito de los hechos, Macri dijo que los secuestradores habían conseguido su libertad “mediante artilugios, algunos vía apremios”. En realidad son ellos quienes sometieron a torturas a varios colegas de la banda que secuestró a Macri y a otros empresarios. Entre ellos está el ex sargento de la Policía Federal Juan Carlos Bayarri, cuyo padre devolvió a Macri 200.000 dólares del rescate pagado. Según la versión oficial, Bayarri fue detenido en La Boca. Pero cuatro testigos confirmaron que el arresto se produjo un día antes, en Avellaneda. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para los apremios ilegales, confirmados por los propios peritos policiales. Bayarri fue conducido al centro clandestino de detención “El Olimpo de los Dioses”, donde le aplicaron corriente eléctrica en los genitales, y le rompieron un tímpano a golpes luego de encapucharlo. Cuando lo llevaron al Departamento Central de Policía tres testigos lo vieron con la ropa ensangrentada, la nariz partida y dificultades para caminar. También hay fotografías que certifican cómo lo dejaron. Bayarri denunció lo sucedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2004 recuperó su libertad luego de trece años detenido, cuando la Cámara Federal de la Capital anuló las actuaciones por los métodos empleados para investigar, invocando la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Los comisarios torturadores fueron sobreseídos tres veces por el juez Luis Alberto Zelaya, pero la Cámara de Apelaciones revocó esas decisiones dada la abundante prueba producida en el expediente y en 2004 denunció al juez. En esa causa, caratulada “Zelaya s/incumplimiento de sus obligaciones de perseguir delincuentes”, el juez de instrucción Daniel Turano recibió el testimonio de los secretarios de Zelaya. El juez no quería procesar a los policías “porque si no se caía la causa Macri”, dijeron. Hace cuatro meses la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura recomendó la destitución de Zelaya en un juicio político que ahora debe tratar el plenario.