Si los fallos de la Corte Suprema sobre pesificación fueran parte de una pelota de fútbol, cada gajo tendría un color distinto. El máximo tribunal armó un verdadero collage con sus resoluciones: ordenó la redolarización de los depósitos que la provincia de San Luis tenía en el Banco Nación, avaló la pesificación de los bonos de la deuda pública, convalidó la pesificación de los depósitos bancarios, pero sólo para los montos superiores a 70.000 pesos –por el voto de Raúl Zaffaroni–, corrigió ese último fallo y aplicó una fórmula que reconoce alrededor de 3,08 pesos por dólar para los depositantes, aunque en la misma acordada ratificó la constitucionalidad de la pesificación, aplicó la doctrina del esfuerzo compartido en los créditos hipotecarios concedidos por escribanías y, como última muestra, volvió a inclinarse por la dolarización de los depósitos judiciales.

Tanta variedad, en el lapso de cinco años, refleja la intrincada trama de intereses políticos, institucionales, económicos y hasta sociales que estuvieron en juego en cada resolución. Y en el medio, los intereses particulares de miles de ciudadanos de a pie, pequeños inversores, bancos, estados provinciales y el Estado nacional. La misma complejidad para desarmar la madeja muestra otra cara del costo que tuvo haber mantenido artificialmente la convertibildad. Una salida ordenada de ese sistema hubiera ahorrado muchos disgustos.

Bajo su composición anterior, la mayoría automática de la Corte menemista estuvo en permanente tensión con el Poder Ejecutivo. En dos fallos, uno que fue tildado de “golpe institucional” por la administración Duhalde, porque abrió una grieta al corralito –en febrero de 2002, luego clausurada con el corralón–, y otro que reconoció a San Luis el derecho a cobrar en dólares los 140 millones que había depositado en el Banco Nación, el máximo tribunal puso bajo amenaza la validez legal de la pesificación. Esa estructura recién dejó de tambalear cuando el actual gobierno consiguió desplazar a los automáticos.

Sin embargo, el primer fallo sobre pesificación de la Corte renovada no pudo poner punto final al asunto. Fue el llamado caso Bustos, en octubre de 2004. Tuvo el mérito de dejar en claro que la opción de la redolarización generalizada había quedado de lado y que el tribunal ya no sorprendería con una decisión que arrasara con el nuevo sistema. Pero los votos tuvieron fundamentos distintos y el de Zaffaroni rechazó la pesificación de los depósitos bancarios menores a 70.000 pesos.

Recién el 27 de diciembre pasado la Corte dictó otro fallo que dispuso la pesificación de todos los depósitos, con una fórmula (1,40 más CER más un 4 por ciento de interés anual) que en la práctica igualó el monto original de los depósitos en dólares con el valor actual de la divisa. Esa solución fue posible por el tiempo transcurrido y dejó medianamente conformes a las partes, aunque los ahorristas nunca dejaron de masticar bronca del todo. En ese fallo y en el que aplicó la teoría del esfuerzo compartido por los créditos hipotecarios de escribanías, la Corte procuró repartir los costos. Ayer, en cambio, consideró que los depósitos judiciales deben ser dolarizados, porque son de una naturaleza distinta a los anteriores.