El escenario posterior a la desaparición del testigo Julio López desató una ola de intimidaciones y amenazas no sólo a quienes participan en los juicios por violaciones a los derechos humanos –testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales–, sino también a militantes sociales. El incremento de casos y su virulencia preocupa a los organismos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que los describió en un informe que será presentado hoy en el Ministerio del Interior. Es una de las actividades de la “semana de lucha” que comenzó el 18, cuando se cumplieron seis meses desde que López fue visto por última vez, y termina el sábado 24, con un nuevo aniversario del golpe del ’76. “Se demostró que el secuestro de Julio López es una acción política para amedrentar al pueblo todo y dirigida a garantizar la impunidad de los genocidas”, dijeron en el texto al que Página/12 tuvo acceso.

El dossier será llevado a las oficinas del ministro Aníbal Fernández tras una concentración en el Cabildo, a las 16, por un grupo encabezado por Adriana Calvo (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Myriam Bregman (CeProDH), Graciela Rosemblum (LADH), Diana Kordon (Liberpueblo), HIJOS Oeste, el comité de Acción Jurídica de la CTA y el Frente Popular Darío Santillán, que sufrió hace pocos días el secuestro de Carlos Leiva, uno de sus militantes. Una hora antes habrá una conferencia de prensa para informar que el 24 de marzo “habrá dos marchas, y dos posiciones”.

El EMVJ describió que el “punto culminante” de esta seguidilla de agresiones fue el secuestro de Luis Gerez, testigo en el proceso de impugnación del represor Luis Patti. Pero aclararon que el fenómeno comenzó en el juicio que culminó con la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz. Por esos días del invierno pasado fueron amenazados militantes de la Asociación Anahí, incluida su presidenta, Isabel “Chicha” Mariani, y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Un sobreviviente de un centro clandestino de detención fue intimidado en la propia sala de audiencias momentos antes de su declaración por un joven oficial de la Policía Federal. El 16 de septiembre, Nilda Eloy, testigo y querellante del juicio, recibió en su contestador grabaciones con sonidos de sesiones de torturas.

La lista de amenazas posteriores a la desaparición de López es extensa:

- En septiembre le tocó al juez Carlos Rozansky y a Nilda Eloy.

- En octubre fue la golpiza al estudiante Pablo Giachiello, la detención policial y torturas a los militantes Ariel y María Montes, de José Mármol, y la agresión al yerno de Cristina Saborido, ex detenida-desaparecida.

- En diciembre, la abogada María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia de Córdoba, sufrió un extraño robo en su domicilio.

- Intimidación a testigos en Neuquén por parte del represor Luis Farías.

- Este mes fue baleada la casa de Elena Gómez, testigo contra Patti; fueron amenazados dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores y fue saqueado y agredido el militante Gustavo Westerkamp.

- Hubo hechos similares en Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos.

También mencionaron los secuestros de Ramiro González, militante de HIJOS, en octubre, y de Leiva, el 2 de marzo. “Vas a ser el segundo desaparecido”, le dijeron, y simularon un fusilamiento, poniéndolo de rodillas y gatillando una pistola sobre su cabeza.

A los siete presos de Las Heras y los cinco mil procesados por diferentes manifestaciones de protesta social, como los trabajadores del Hospital Garrahan y del Francés, se sumaron decenas de delegados estatales. En diciembre, Rubén “Pollo” Sobrero, delegado de TBA Sarmiento, fue golpeado por una patota en Ramos Mejía. En febrero, un grupo irrumpió por la fuerza en el estudio de Horacio Meguira, miembro del Comité de Acción Jurídica de la CTA. En este contexto, el EMVJ exigirá “el inmediato cese de las persecuciones y una Amnistía o Ley de Desprocesamiento”.