Cuando presentamos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura lo hicimos con el convencimiento de que es en ese ámbito donde debe producirse el debate necesario. Si desde el Gobierno se propicia una decisión política debería impulsar acciones concretas que generen consenso para que el juicio avance, dejando de lado toda tentación de discursos que sólo tienden a debilitar el trabajo que se viene realizando y generan fricciones innecesarias, robusteciendo la situación de los jueces denunciados.

En ese contexto es que el juez Bisordi manifiesta que la denuncia es parte de una operación política. Y es lógico que así se exprese, dado que en sus cuarenta años de servicio, jamás ha tenido en cuenta los reclamos que se han producido en el seno de la comunidad y sólo puede ver operaciones políticas detrás de las críticas a su mal desempeño. Para arribar a una decisión como la que hemos solicitado –la remoción de esos jueces– se necesita actuar con inteligencia para desarmar el discurso autoritario de esos magistrados y obtener el consenso de los sectores involucrados, aislando a aquellos que sostuvieron la impunidad y que hoy cargan las tintas para defender a la Cámara de Casación Penal.

El diario La Nación –con Joaquín Morales Solá y Adrián Ventura, entre otros– repite los argumentos de Bisordi. El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y la Sociedad de Abogados Penalistas también salen en su defensa, argumentando que desde septiembre de 2005 y como consecuencia del fallo “Matías Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara de Casación entró en crisis. Cabe recordar que ese Colegio de Abogados reúne, entre otros, a Aberg Cobo –defensor de Astiz–, Boffi Carri Pérez y Casabal Elía –defensores de Etchecolatz– y a Roberto Durrieu –secretario de Justicia del dictador Videla, conjuez en la Cámara de Casación y asesor de Blumberg–. En esa línea, la Sociedad de Abogados Penalistas también cuenta entre sus filas a los antes nombrados, como a Norberto Giletta –juez federal de la dictadura y actual defensor de varios militares– y a Guillermo Rivarola –juez cuestionado por su actuación en la causa por la masacre de los palotinos y en el homicidio de una militante del ERP–. Esas organizaciones no sólo reivindican el plan de exterminio y a los jueces que pretenden otorgar impunidad por esos crímenes, sino que acuerdan con una Justicia elitista, donde los jueces sólo deben echar mano a las herramientas del sistema penal para disciplinar a la clase trabajadora y perpetuar las ganancias de los beneficiados del sistema.

Mediante el fallo “Casal”, la Corte Suprema ha tratado de torcer un poco el rumbo de esa Justicia para pocos, reafirmando que todas las personas sometidas a proceso penal (en su gran mayoría no contratan los servicios de los profesionales miembros de esas organizaciones) tienen derecho a la doble instancia, es decir, a que un tribunal superior reexamine todos los puntos que se debaten en una sentencia. La Cámara Nacional de Casación Penal, desde su creación hasta septiembre de 2005, desconoció sistemáticamente esa garantía esencial. Ahora, dicen los magistrados y sus defensores, no pueden impartir justicia porque su estructura está colapsada como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema.

En conclusión, aquí estamos discutiendo no sólo si la impunidad seguirá viva, sino qué tipo de Justicia queremos para nuestro país. Por eso resulta indispensable en este momento el compromiso de las víctimas y familiares, de las organizaciones de derechos humanos, de los gremios y agrupaciones políticas y de los profesionales comprometidos con los desposeídos. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Centro de Abogados por los Derechos Humanos ya adhirieron a la denuncia contra esos jueces.

Es un buen comienzo.

* Abogado denunciante de los jueces de Casación.