“Queda definido que la dirección de Memoria Activa considera propiedad privada el uso del micrófono y pretende imponer esta condición incluso a los familiares de las víctimas. Se han adueñado de un derecho colectivo. Como constructora de este espacio y como querellante en todas las causas vinculadas a la voladura de la AMIA rechazo esta intentona de condenarme a una condición que no elegí, el silencio, por parte de quienes dicen ser defensores de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, pulverizar cualquier atisbo de disenso.” Con estas palabras Laura Ginsberg contestó ayer en Plaza Lavalle las críticas que le había formulado la conducción de Memoria Activa debido a los reproches que ella le había hecho a su vez a Alberto Zuppi. “El gobierno de Rodríguez Saá echaba mano a un representante de organismos de derechos humanos para generar expectativas de que junto a Grosso, Matilde Menéndez, Hugo Franco, era posible ‘salvar a la patria’ y desde adentro dar vuelta el destino de la investigación del crimen de la calle Pasteur”, aseguró Ginsberg y llamó a imitar a los argentinos que en estos días debaten en los barrios y buscan “no el consenso entre algunos sino la democracia entre muchos”.