La causa de la Triple A sigue adelante silenciosamente. Un grupo de representantes de organismos de derechos humanos, partidos políticos, víctimas de la organización y sus familiares acudió a una audiencia pedida por los integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones. Esta sala tiene en sus manos el expediente de la causa y es la que tiene que tomar una decisión vital para su futuro: aceptar o revocar una resolución del juez federal Norberto Oyarbide, que declaró como imprescriptibles los crímenes cometidos por el grupo encabezado por José López Rega. La situación surge a raíz del pedido de “causa prescripta” que hicieron los abogados de Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, detenidos y procesados como presuntos jefes operativos de esa fuerza paraestatal de la ultraderecha peronista manejada desde el Ministerio de Bienestar Social. Para analizar esa opción, la Cámara convocó a quienes impulsan la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano. Los abogados querellantes, las víctimas, partidos políticos como el PTS, PO y PC, consideran que los crímenes de la Triple A son “delitos de lesa humanidad” porque fueron la “antesala del terrorismo de Estado, implementado desde 1976, y porque ambos ‘terrorismos’ se hicieron desde el aparato del Estado”, explicó ayer Miryam Bregman, una de las abogadas que participó en la audiencia.