El fiscal Carlos Stornelli podría pedir que se amplíe el exhorto que armó el juez Norberto Oyarbide para reclamar información a Suiza sobre cuentas bancarias y movimientos financieros de Carlos Menem, Ramón Hernández, Zulema Yoma, Zulemita, Alberto Kohan y Armando Gostanian (padre e hijo). La competencia definitiva en la investigación está aún en veremos. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico estudia los alcances de una pesquisa por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente que está en manos del juez de ese fuero, Julio Speroni.
Speroni tiene a su cargo la causa sobre la venta ilegal de armas –que antes instruía Jorge Urso– y en febrero resolvió analizar el posible enriquecimiento ilícito de Menem, pero sólo en relación con el contrabando de armamento. La fiscal del caso apeló, al entender que el magistrado debía investigar “plenamente” el posible aumento patrimonial del ex mandatario, y la Cámara ahora tiene que resolver los alcances de esa investigación. De esta resolución dependerá también el futuro de la causa que lleva Oyarbide, que comenzó con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) por omisión maliciosa y evasión a raíz de que Menem –días atrás– admitió públicamente que tenía una cuenta suiza que nunca incluyó en sus declaraciones juradas de bienes y siempre negó.
El ex presidente reconoció una cuenta en la Confederación Helvética que abrió en 1986 para depositar –dijo– 200 mil dólares de la indemnización que le concedieron por sus años de preso durante la dictadura. Con el tiempo y los intereses, sostuvo Menem, la cifra trepó a algo más de 600 mil. Ayer, el abogado Ricardo Monner Sans planteó ante la Justicia que “el menos informado sabe que jamás la banca suiza, en el lapso considerado, ha podido reconocer dicha tasa de interés”. La otra cuenta bajo la lupa correspondería a la Fundación Red Spark, contendría cerca de 6 millones de dólares, y en ella tendrían firma Menem y su ex secretario Hernández.
Oyarbide redactó el viernes un exhorto para que sea enviado a la Confederación Helvética a través de la Cancillería, con un plazo de 72 horas. Los delitos que señala –que tendrían análogos en la legislación suiza– son omisión maliciosa (una forma del delito de enriquecimiento ilícito), violación de los deberes de funcionario público, cohecho y encubrimiento agravado. Es posible, sin embargo, que Stornelli –que se reincorporó ayer luego de la feria– pida ampliarlo.