La decisión de Roberto Lavagna de otorgar a los concesionarios de servicios públicos un aumento de tarifas de emergencia provocó indignación entre las asociaciones defensoras de los usuarios. Un primer argumento fue que la medida va en contra del esquema para discutir contratos y tarifas que dispuso el propio Gobierno por ley. Las entidades recordaron que la Ley de Emergencia Económica ordenó congelar las tarifas hasta tanto se haga un análisis global de costos e ingresos de las empresas, cumplimientos de contratos y planes de inversión, así como si están al día con el pago de las multas. Ese trabajo quedó a cargo de la Comisión Renegociadora, que aún no lo concluyó. Sin esa información resulta imposible tomar una decisión fundada. Finalmente, las asociaciones advirtieron que no se prestarán a audiencias públicas que sean meras puestas en escena, cuando los aumentos están resueltos de antemano.
La primera reacción de las asociaciones al enterarse de la disposición de Economía fue anticipar que harán una presentación ante la Justicia. Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores Argentinos, señaló a Página/12 que la medida choca con las disposiciones legales vigentes, tanto por lo que establece la Ley de Emergencia Económica como por los decretos que le siguieron. “Quieren dar un aumento de emergencia, olvidándose de la emergencia general”, agregó.
Las entidades defensoras de los usuarios consiguieron hace un mes un fallo favorable de la jueza Ana María Dopico, que bloquea cualquier aumento hasta que la Comisión Renegociadora les entregue toda la información de lo actuado hasta el momento. “La comisión nos restringe información a las asociaciones”, afirmó Vaca Narvaja. Roberto Lavagna, Alberto Devoto y otros miembros de la comisión estuvieron reunidos ayer por la mañana. Según pudo saber este diario, los funcionarios le plantearon al representante de los consumidores en ese ámbito, Ariel Caplan, que las entidades retiren la presentación que motivó la medida cautelar de la jueza Dopico. Los funcionarios procuran remover lo más rápido posible ese obstáculo a los aumentos.
Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó que “sabemos de la existencia de informes oficiales que desaconsejan subas en las tarifas de agua y gas, porque las empresas no tienen déficit operativo”. Es decir que sus ingresos son suficientes para cubrir los costos operativos del servicio. “Si las empresas se endeudaron con el exterior y ahora no les alcanza para pagar es otro tema, que no tiene por qué recaer sobre la espalda de los consumidores”, reflexionó. Bersten indicó a Página/12 que el Gobierno oculta los informes, que “sabemos que existen y sabemos sus términos, pero que oficialmente nadie los entrega”.
Otro punto que remarcaron las asociaciones fue su temor a que las audiencias públicas sean meros actos formales. “Necesitamos tener toda la información para discutir, y necesitamos tenerla con tiempo para analizarla”, enfatizó Sandra González, titular de Adecua. Bersten, por su parte, recordó que en febrero de 1999 se desarrolló una larga audiencia para debatir sobre una suba de tarifas de transportes. El encuentro finalizó a las 2 de la madrugada y los participantes se encontraron esa mañana con un decreto publicado en el Boletín Oficial, autorizando las subas. “No vamos a tolerar que esta vez ocurra lo mismo”, afirmó Bersten.
González añadió que antes de decidir cualquier aumento, el Gobierno debería disponer una tarifa social para los sectores que no pueden pagar las facturas de los servicios esenciales. Vaca Narvaja, en la misma línea, puntualizó que primero corresponde debatir si los aumentos se justifican o no, siguiendo los procedimientos que dispone la ley y luego, si se establece que las subas son necesarias, hay que fijar prioridades, dejando a salvo de los mayores costos a los sectores de ingresos bajos y medios.