Los colegios privados consiguieron ayer el aval del Gobierno para incrementar las cuotas desde julio, en un porcentaje indefinido, pero con el objetivo bien preciso de cubrir los mayores costos salariales afrontados desde marzo. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prometió vigilar estrictamente que se cumpla esta última pauta y hasta penalizar a los colegios que la violen, a pesar de que no existe estructura estatal capaz de fiscalizar ese cumplimiento y que la única fuente de información son las declaraciones juradas que presentan los propios colegios.

El acuerdo con las cámaras del sector se dio a conocer ayer desde la Casa Rosada, luego de un encuentro con Néstor Kirchner y el ministro de Educación, Daniel Filmus. El mecanismo habilitado ya se utilizó el año pasado y consiste en aplicar una suba desde julio a fin de año que sirva para cubrir los aumentos salariales otorgados en marzo pasado a todos los docentes –de planta, extracurriculares y no docentes– y que osciló entre el 20 y el 22 por ciento, según las jurisdicciones. El adicional o incremento para los padres, denominado “cuota recupero” que ya se empezó a cobrar, debe guardar relación directa con ese mayor gasto, pero también con la cantidad de alumnos entre los que se prorratea. De aquí que el ajuste de la cuota sea distinto en cada caso.

Otro factor del que resultan aumentos diferenciales es que la nómina salarial de cada colegio está subvencionada en una proporción diferente. Para que el Estado pueda llevar algún control, antes del 31 de julio cada institución deberá presentar una declaración jurada con su estructura de costos. Otro cantar es el de los colegios privados no subvencionados, que tienen un régimen propio. Por ley están autorizados a retocar el precio una vez por año, algo que la mayoría hizo en enero pasado. Pero puede haber retoques adicionales.