“No le compremos nada, ni una lata de aceite. No hay mejor acción que ese ‘boicot nacional’ que le puede hacer el pueblo a quienes se están abusando”, afirmó el presidente Néstor Kirchner el 10 de marzo de 2005. Un día antes la petrolera Shell había decidido aumentar 3 por ciento las naftas y 4 por ciento el gasoil desatando la ira presidencial. En menos de 24 horas grupos piqueteros y asociaciones de consumidores respondieron al llamado “escrachando” a varias decenas de estaciones de servicio. Entonces, la guerra entre el gobierno y la multinacional angloholandesa quedó declarada formalmente.

Algunos analistas especularon entonces con que la reacción presidencial también estuvo influida por la decisión de Shell de no venderle su filial en Argentina a la petrolera venezolana Pdvsa. Semanas antes habían estado negociando, pero la multinacional pidió la friolera de 1000 millones de dólares por su refinería y la red de estaciones de servicio. El monto fue tan desproporcionado respecto de los valores del mercado (la oferta de Chávez había rondado los 200 millones) que en el gobierno especularon con que Shell habría recibido una “sugerencia” de Estados Unidos –con cuyas compañías comparte más de un negocio, entre ellos la explotación del petróleo iraquí– de “no facilitarle la entrada a la petrolera de Chávez”.

Lo que siguió fueron episodios de más o menos tensión, pero la relación nunca se recompuso. La petrolera no se sumó a las otras tres refinadoras que el año pasado empezaron a importar gasoil para abastecer el mercado interno y en septiembre lanzó un producto más caro (V-Power Diesel) que luego debió retirar del mercado por no haber recibido la autorización de la subsecretaría de combustibles. A partir de noviembre comenzaron las millonarias sanciones por desabastecimiento y en los últimos meses nunca se la convocó cuando se realizaron reuniones para intentar superar la emergencia energética. La solicitud de prisión de los directivos es un episodio más en esta escala de conflictos.