La causa judicial está prácticamente paralizada y aún no se investiga quién dio la orden de la represión feroz en la que participaron policías de uniforme, miembros de Prefectura, grupos de civil y parapoliciales. Y en la que fueron fusilados los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, mientras unas 70 personas fueron heridas con balas de plomo y otras tantas torturadas dentro y fuera de dos comisarías. Esta evaluación la hacen al cumplirse dos meses de la masacre de Avellaneda los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representan a las víctimas. Después de haber analizado varias horas de grabaciones televisivas, creen que están a la vista elementos de sobra para demostrar que el operativo fue rigurosamente organizado para apalear e incluso matar a los desocupados que manifestaban en un momento de crecimiento de la protesta social. Pero les llama la atención que los investigadores no hayan avanzado en ese campo. “Me preocupa que todo quede en haber metido preso al comisario (Alfredo) Fanchiotti y tres subordinados, y queden impunes las mayores responsabilidades, también las políticas”, advirtió el letrado Claudio Pandolfi.
Hace un mes la jueza Marisa Salvo ordenó, en función de un pedido del fiscal Juan José González, la prisión preventiva de Fanchiotti, quien estuvo a cargo del operativo, y de su chofer, el cabo Alejandro Acosta. Los acusó de doble homicidio agravado por la muerte de Santillán y de Kosteki. Al oficial Carlos Quevedo y al principal Lorenzo Colman los encerró por encubrimiento agravado, aunque este último ya consiguió la libertad. A Kosteki lo hirieron en las inmediaciones del Carrefour: le dispararon desde unos 30 metros, y caminó desangrándose hacia la estación de Avellaneda, donde murió. Allí intentó reanimarlo Santillán, quien recibió un balazo de plomo a no más de dos metros de distancia.
La verdad, a la vista
Desde un comienzo, el propio 26 de junio, tanto el gobierno nacional como el provincial intentaron instalar la teoría de que había un plan insurreccional armado en marcha y que el problema tenía origen en un enfrentamiento violento entre piqueteros. El argumento cayó rápidamente con las mentiras que el propio Fanchiotti pronunció ante las cámaras
–”nunca entramos a la estación Avellaneda”, “utilizamos sólo postas de goma”–, mientras otras imágenes lo desdecían rotundamente, tanto que terminó en una celda. Esta situación les facilitó un nuevo libreto a las autoridades: el que hablaba de una patrulla loca liderada por un comisario más loco todavía. Otra hipótesis insostenible frente al peso de las imágenes obtenidas por periodistas.
Gracias al material fotográfico y fílmico, la Justicia pudo saber quién asesinó a Santillán y a Kosteki, porque sus muertes están registradas prácticamente íntegras. También se pidió la captura de dos policías -ahora prófugos– que actuaron de civil entre los manifestantes después de que fueron señalados por Página/12: uno es el sargento Carlos Leiva y el otro el jefe de calle de la comisaría primera de Avellaneda, Mario de la Fuente. A Leiva se lo ve, vestido con jeans y buzo, disparando una Itaka y levantando los cartuchos para no dejar rastros. Tres heridos –con balas de metal– del Movimiento Teresa Rodríguez aseguran que él les disparó. Y De la Fuente está involucrado en la desaparición de pruebas y algunos testigos lo acusan de haberlos golpeado brutalmente.
Lo que ahora señalan en la Correpi, después de un análisis pormenorizado de las imágenes televisivas y del contenido del expediente, es que la Justicia dispone de todo lo necesario para demostrar que hubo un plan para matar incentivado por el poder político y ejecutado por la Bonaerense: * Las imágenes revelan que había varios policías que actuaban en pareja. Uno disparaba y el otro levantaba los cartuchos para no dejar evidencias. Fanchiotti y Acosta, por ejemplo, iban alternando esos roles. Pandolfi agrega un dato curioso: dice que “hay tomas en las que a Leiva se lo ve actuando de ese mismo modo con el comisario Jorge Etcheverry, que era el jefe de la octava de Lanús”. Etcheverry es el comisario que mataron con diez tiros el 8 de agosto. Lo que es un poco extraño es que un policía de su rango estuviera en la calle. La TV también muestra que otros policías recuperaban por sí mismos los cartuchos que caían al gatillar sus Itakas.
u Las filmaciones, dice Pandolfi, permiten reconstruir fácilmente que no fueron sólo dos los hombres de civil que intervinieron, incluso disparando armas de fuego, sino que operó una patota entera, de por lo menos seis integrantes, “la mayoría vestidos con buzo o remera a rayas, seguramente como identificación”. Aunque está todo a la vista, el pedido de captura alcanzó sólo a Leiva y De la Fuente. “Ni siquiera se llamó a declarar al comisario que estaba a cargo de la comisaría primera, de quien dependían ellos dos”, añade el abogado.
u La fiscalía tiene todas las pruebas de que Francisco Celestino Robledo, un policía que en realidad dejó la Bonaerense en 1996 –dato confirmado a este diario por el Ministerio de Justicia y Seguridad Bonaerense–, estuvo haciendo detenciones como cualquier otro. De hecho está fotografiado apresando a Edgardo Ferrari, el primer detenido del día, y sacando el cuerpo de Kosteki de la estación. Robledo también estuvo ese día dentro de la seccional primera y fue filmado dando órdenes a los policías dentro del Hospital Fiorito. David Vera, un testigo de la Corriente Aníbal Verón, ya declaró ante la fiscalía de Lomas de Zamora que lo vio repartiendo instrucciones a la guardia de infantería. Hasta ahora, sin embargo, no hubo ninguna medida con respecto a este parapolicía ni a los jefes policiales que posibilitaron su despliegue.
u Se sabe que ni los jefes ni las patotas de civil registraron las armas al salir al operativo. Hay fotos y filmaciones que muestran a policías que llevaban en su cintura varios cartuchos rojos, o sea proyectiles de plomo. Y como evidencia de que los usaron hay unos 70 heridos con ese tipo de munición. La Prefectura, además de que actuó mucho más allá del Puente Pueyrredón, llevó armas calibre nueve milímetros, además de las antitumulto.
u Por testimonios de imágenes también están identificados al menos cuatro policías que allanaron ilegalmente un local del Partido Comunista y dispararon contra la gente que estaba adentro: a uno de los militantes, Mariano Benítez, le dejaron nueve perdigones de goma en la cabeza. En la causa no se tomó medida alguna con ellos ni con quienes los enviaron.
u Está documentado que la cacería llegó a más de 20 cuadras del Puente Pueyrredón. Hacia el Sur se extendió por lo menos hasta Gerli, y hacia el Este, más de siete cuadras.
u Las detenciones no fueron sólo en la comisaría primera de Avellaneda sino también en la segunda. Pero no se llamó a declarar a casi nadie y, sin embargo, la gente que estuvo en esa situación ha relatado a los abogados y también a este diario (ver aparte) que sufrió apremios, insultos y toda clase de vejaciones, un aspecto que hasta ahora había permanecido menos visible. En la segunda, por ejemplo, al menos a las mujeres las tuvieron desnudas durante cerca de media hora, antes del traslado a la primera, donde varios detenidos fueron recibidos a las patadas por policías en hilera.
Cadena de mandos
El día de la represión contra los piqueteros el jefe de la Bonaerense era el comisario Ricardo Degastaldi, y su segundo Edgardo Beltracchi. Después de la masacre, ambos fueron corridos por orden del gobernadorFelipe Solá quien, de todos modos, siguió cargando las tintas sobre las mentiras de Fanchiotti. También intervino la departamental de Lomas de Zamora, distrito del que es originario el presidente Eduardo Duhalde y bajo cuyo mando estaban las tropas que reprimieron. Su jefe, el comisario mayor Osvaldo Vega, fue pasado a disponibilidad. El segundo, el comisario inspector Mario Mijín, fue trasladado. Tal como informó Página/12, durante la dictadura Mijín integró el grupo de policías destinado al campo de concentración Destacamento Arana, que dependía del general Ramón Camps. Mijín era, además, el jefe directo del comisario Fanchiotti.
La fiscalía de González dejó trascender tiempo atrás que investigaría “hacia arriba”. “Sin embargo la pesquisa quedó trabada en los hechos que tomaron público conocimiento y no se imputó a ningún superior, ni se avanzó sobre otros delitos, como las detenciones ilegales, ni responsabilidades políticas a nivel provincial y nacional”, protesta Pandolfi. En la fiscalía, dice, le han explicado que como la causa está en la Cámara por las apelaciones de los policías, ellos “no pueden hacer nada”. El no lo cree. “¿De la Fuente, Leiva, no tenían jefes? ¿Nadie organizó el aceitado despliegue policial? ¿Qué más hace falta para tomar alguna medida sobre Robledo? ¿Y los comisarios que estaban a cargo de las seccionales primera y segunda que ejecutaron el operativo? ¿Si la gobernación tomó medidas sobre Vega, Mijín y otros, por qué la Justicia no hace nada?”, se pregunta. “Nosotros seguiremos llevando todas las pruebas posibles para mostrar quién dejó hacer y quién ordenó hacer”.