Por la asesoría juridíca nacional de la CTA

Asistimos a un fenómeno inédito en la historia argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una institución desprestigiada. Sus integrantes son repudiados por el conjunto de la sociedad. Son considerados corruptos, sus fallos arbitrarios. Los ciudadanos consideran que obedece a las presiones y lobbies políticos y económicos. Nadie pide que se mantengan sus miembros. Sólo se escuchan voces pidiendo su renuncia, juicio político o remoción lisa y llana. Este proceso se inicia en 1990, a comienzos del gobierno de Menem, cuando para convalidar políticas del Estado se aumenta el número de sus miembros de 5 a 9. Con la incorporación de una mayoría automática y una minoría que es funcional, antes y después del Pacto de Olivos se han dictado una serie de fallos que los juristas y los ciudadanos comunes consideran aberraciones jurídicas. Son decisiones que responden al predominio de la “razón de Estado” y a las necesidades de las grandes corporaciones económicas y financieras. El respaldo a las medidas de emergencia, como forma normal de gobierno, es la expresión más clara de la subordinación de la Corte a las distintas administraciones. No importaba que se hiciera tabla rasa, que se destruyeran, literalmente hablando, los derechos de los jubilados, de los trabajadores, de los ahorristas, de los pequeños productores urbanos o rurales o de las pymes. La emergencia se transforma en un principio superior a la propia Constitución y los derechos humanos.
De acuerdo a la interpretación de los gobernantes, ellos disponen de los derechos y de la vida y la fortuna de los argentinos. Expresión de ello fue la delegación de plenos poderes legislativos a De la Rúa y ahora a Duhalde. Pero más graves aún fueron los asesinatos durante las movilizaciones populares. Recientemente el de 29 argentinos durante las que produjeron la caída de De la Rúa y las represiones a los posteriores “cacelorazos”. La Corte convalidó medidas inconstitucionales como descuentos a los trabajadores y jubilados, la ley de déficit cero y el “corralito”, puso en libertad a Menem, adelantó opinión en casos no resueltos, resolvió casos de “amigos” de algunos de sus integrantes, garantizó la impunidad. No hizo nada para poner límites a los avances del Estado y los grupos económicos en una permanente búsqueda de la maximización de sus ganancias. El pueblo argentino pretende restablecer el estado de derecho, relegitimar la democracia que ha perdido toda forma y contenido de tal. No se moviliza para destruir la democracia, sino para reconstruirla, fortaleciéndola con su participación diaria en las decisiones. Dos ejemplos de ello fueron la participación de 3.000.000 de personas en la consulta por el establecimiento de un seguro de empleo, formación y asignación universal por hijo para todos los jefes o jefas de hogar sin trabajo promovido por distintas organizaciones sociales y la rebelión contra el estado de sitio. Los ciudadanos reclaman sus derechos, piden que en la función de juzgar se designen jueces independientes, imparciales y honestos. Y están dispuestos a conseguirlo. No aceptan vivir en un “estado de no derecho” y para ello se rebelan y desobedecen a un poder que ha perdido su confianza. Hoy esta Corte es un obstáculo para el restablecimiento del estado de derecho. Por todo ello exigimos la renuncia de la totalidad de los miembros de la Corte. Apoyamos la iniciativa de la Asociación de Abogados Laboralistas y junto a nuestra Central nos movilizaremos y participamos activamente en todas las actividades que se dirijan a la remoción definitiva.