Por estos días, cuando todos los ojos se depositan sobre los dos miembros de la Prefectura Naval que estaban a cargo de la custodia de Febres, desde diferentes sectores los cuestionamientos giran en torno de un punto concreto: las condiciones de detención. “Hay que saber claramente cuáles son los controles que fallaron y que permitieron que esto ocurra, porque esta persona estaba detenida con todas las custodias que tienen los detenidos”, aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en sintonía con los reclamos de los organismos de Derechos Humanos. El tema, sin embargo, no es nuevo. Ya el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que sobre 339 represores presos registrados por el organismo, más de un tercio están en unidades militares, un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria y sólo el resto permanece en cárceles comunes. Y con recepción, comedor, dormitorio y baño privado, como comprobó el juez Sergio Torres, el caso de Febres no era la excepción.