El fiscal Thomas Mulvihill es un hombre de unos cincuenta años, alto, de pelo gris, ojos bien celestes y anteojos de marco plateado. Tiene el ímpetu de los fiscales de las series televisivas y un discurso que, sin duda, lo hará famoso en Argentina. Parado frente a un micrófono que apenas se oía, sobre el final de la audiencia de ayer soltó toda su furia junta en los esfuerzos por evitar que el juez liberara por una fianza insignificante a Rodolfo Wanseele Paciello, uno de los cuatro acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano. “Dos de estos acusados estaban ofreciendo dos millones de dólares a Antonini Wilson en representación del gobierno de Venezuela”, se despachó Mulvihill. Era una oferta, diría luego, a cambio de su silencio sobre los 800 mil dólares que le incautaron al llegar a Buenos Aires el 4 de agosto. “Y estamos poniendo una fianza de 150 mil dólares”, refunfuñó. “Hay numerosas grabaciones en las que dejan bien en claro que había un acuerdo ente los gobiernos de Argentina y Venezuela en el que la verdadera fuente de los fondos sería suprimida y este problema desaparecería”, dejó perpleja a la platea.

A las 10.15 de la mañana, cuando abrieron las puertas de una gran sala rectangular, con vidrios cuadraditos en el techo y paredes con paneles de madera, todo hacía pensar que la audiencia con el juez William Turnoff sería bien expeditiva. Se discutía la liberación de dos imptuados y punto. Pero la sesión tuvo un vuelco inesperado y no fue por ningún planteo de los imputados sino del fiscal, que decidió poner a la vista más datos que los que ya se conocían, totalmente despreocupado por el malestar expresado por el gobierno argentino. Fue mientras exponía sus razones para impedir la liberación de Wanseele Paciello, en medio de un ping-pong de preguntas y respuestas con Su Señoría.

Al menos dos veces en su exposición, Mulvihill recordó el día en que el venezolano Antonini Wilson aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con un maletín con 800 mil dólares sin declarar. Los billetes terminaron incautados y el valijero volvió lo más tranquilo a su morada en Miami. En Argentina se lo investiga a la distancia por contrabando y posible lavado de dinero. Lo que trató de hacer notar el fiscal es que a partir de aquel entonces, la historia “se convirtió en un problema de relaciones públicas porque los medios de Sudamérica publicaron alegatos de que este dinero iba para una campaña presidencial en Argentina”. El miércoles pasado el propio Mulvihill dijo en el tribunal que de las grabaciones surge que se trataba de Cristina Fernández de Kirchner.

“Eso estaba causando problemas a Venezuela porque el dinero había llegado en un avión privado que salió de Venezuela y llegó a Argentina”, describió el fiscal. Luego vino la frase que dejó mudo al público que colmaba el recinto, incluyendo periodistas internacionales, jóvenes novias y esposas de los acusados, antichavistas venezolanos, y hasta la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich. “Hay numerosas grabaciones en las que dejan bien en claro que había un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Venezuela en el que la verdadera fuente de los fondos sería suprimida y este problema desaparecería, siempre que el señor Antonini colaborara”, aseguró.

En la primera fila del público, una dibujante trazaba un fidedigno retrato en lápiz de los acusados para vender a algún medio: además de Wanseele Paciello, se encontraba Moisés Maionica. También Franklin Durán y Carlos Kauffmann, los ex socios y amigos de Antonini. Estaban sentados a la izquierda del fiscal, junto a otros once detenidos, todos vestidos con mamelucos color ocre. Ellos cuatro quedaron uno al lado del otro, esposados entre sí, una técnica que utilizan en estos tribunales para evitar las fugas.

En un comienzo, el juez –bigote gris y toga negra– los llamó desde el estrado. Se acercaron sin esposas, pero cada uno llevaba sus pies encadenados. Les anunció los próximos pasos, que derivarán en la presentación de los cargos ya de parte del Gran Jurado (ver aparte). Maionica, de 36 años, un hombre alto y ancho de torso y cuello, tiene pendiente presentar su abogado y sólo sabrá si lo liberan en enero. Kauffmann, 35 años, y Durán, 40, tienen hasta peinado de chicos adinerados. A los dos, la semana pasada les negaron la excarcelación por “peligro de fuga” y “riesgo para la comunidad”.

Wanseele, pelado y rellenito, también de 40, quedó finalmente solo en el medio de la sala, junto a su defensora oficial, Sowmya Bharathy. Ayer fue su día: el juez anunció que estaba dispuesto a concederle la excarcelación, aunque le dio al fiscal la posibilidad de apelar con nuevas pruebas en los próximos dos días, y que resuelva una Corte de distrito.

A Mulvihill le llevó más de media hora explicar la trama de la valija y el papel del uruguayo Wanseele Paciello, al que implicó en tareas de contrainteligencia. Recapituló, para eso, algunas de las reuniones y conversaciones que grabó el FBI. Contó que el 27 de octubre, Maionica se comunicó con Antonini y le dijo que el gobierno venezolano le mandaría “un emisario para resolver el problema en Argentina”, que era Antonio José Canchica, el único que está prófugo. Al día siguiente lo vuelve a llamar y le dice que el enviado ya estaba en la ciudad, se presentaría como “Christian” y llevaría una camisa roja. El FBI monitoreó el encuentro, que se concretó en un café Starbucks de la ciudad de Plantation, al norte de la Florida.

Wanseele, dice el fiscal, llevó en su propio Ford Focus blanco modelo 2003 a Canchica hasta el lugar. El uruguayo entra al café primero, verifica que estuviera todo en orden, y luego le sigue su coequiper. Wanseele sale y se queda dando vueltas con el auto en el estacionamiento. Luego ubica el vehículo en una posición que le permitía observar, siempre según Mulvihill. Canchica se presenta a Antonini, dentro de Starbucks como “el último” de la cadena para que “todo quede aprobado”. El agente Brian Young, esbelto y engominado, sumó algunos detalles ante el juez: que la reunión duró 47 minutos y que al salir uno de ellos hace un suspiro de alivio. Wanseele y Canchica se fueron en el auto, dijo, hacia el Hard Rock Casino. Pero para llegar hasta el lugar, que quedaba a 11 kilómetros, hicieron 64 en una maniobra distractiva. Queda claro, sostuvo, que Wanseele “era el contacto y el encargado de monitorearlo”. Dijo que no está grabado, porque participó en los diálogos, pero sí filmado.

–¿Y por qué tengo que mantener la detención? –le pregunta el juez al fiscal. Ahí Mulvihill enumeró una tira de datos: que Wanseele no tiene “lazos en Estados Unidos”. Tiene dos hermanos y su madre en Uruguay, dos hermanos más en México y su ex mujer en Caracas. Gana 51 mil dólares al año como empleado en la XL Worldwide Corporation, gasta 500 al mes en alquiler, “pero viaja a Argentina, Brasil, Chile y Venezuela” todo el tiempo. “Este hombre trabaja para un gobierno extranjero”, enfatizó el fiscal. “En Argentina hay cargos contra Antonini y estos (agentes) vinieron a trastrocar los procedimientos judiciales en Argentina y produjeron documentos para ocultar la verdadera fuente de los 800 mil dólares”, agregó poco después. “El dinero no era de Antonini. Era de Venezuela. Esta gente está trabajando con Venezuela”, aseveró.

Para reclamar la libertad del uruguayo, su defensora relató que fue detenido en su casa mientras miraba la tele de regreso del trabajo, mientras a Durán y Kauffmann los esperaba un avión rumbo a alguna parte. “Tiene el mismo trabajo hace cinco años y no tuvo problemas con la ley. Tampoco fue grabado”, lanzó. El fiscal, para rebatir, le sacó a relucir que era parte de un grupo que se estaba manejando con la lógica del hostigamiento. El 23 de agosto, recordó, Kauffmann le dijo a Antonini Wilson que sus acciones futuras podían poner en peligro la vida de sus hijas.

El juez Turnoff se recostó en su mullido asiento anatómico y soltó: “Este es un asunto serio y grave”. Pero se quedó pensando en voz alta en los argumentos de la abogada. Y se definió por la excarcelación, con 150 mil dólares que a él le parecieron mucho y al fiscal, nada. Ahí fue cuando Mulvihill, furioso, le espetó lo que parecía una carta que iba a mantener guardada: el ofrecimiento de dos millones de dólares para que Antonini “cooperase” en “tapar lo que estaba pasando en Argentina”. El valijero prefirió otros beneficios: protegido en su casa, a salvo de una acusación en su segunda patria y a resguardo –por ahora– de una extradición a la Argentina.