El anuncio del jefe de Gobierno porteño de intervenir la obra social de los municipales desató críticas desde el kirchnerismo y la Coalición Cívica, que calificaron la decisión de Macri como una reacción “revanchista” a la resistencia gremial a los despidos masivos. Aunque también reprobaron el desempeño “irregular” de la dirigencia sindical al frente de la Obsba. Desde el centroizquierda afirman que el macrismo sólo busca consolidar su base social “rompiendo un pacto con la burocracia sindical del que hasta ahora fue parte”.

La reacción opositora no tardó en llegar. “Las medidas de este tipo hay que analizarlas con más calma y no pueden responder a rencillas entre un jefe de Gobierno y un sindicato”, aseguró el jefe de la bancada kirchnerista en la legislatura porteña, Diego Kravetz, que no dudó en enmarcar la medida en la disputa con los gremios. Luego agregó: “Desde la época militar no hay intervenciones a las obras sociales sindicales. No parece ser una medida acertada”. Kravetz también se refirió a los despidos. “Da la sensación que provocar despidos masivos, lejos de pensar en dar un buen servicio al vecino, busca una suerte de recorte por el lado más delgado del presupuesto, por donde más duele”, insistió.

“No es más que una venganza anticipada a una posible huelga de los municipales en reacción a los despidos masivos. La situación de Macri se complicaría mucho con una huelga en los hospitales y en la recolección de residuos”, afirmó la legisladora Diana Maffía de la Coalición Cívica en referencia a los sectores en pugna. “Se trata de un diálogo violento de una pelea mafiosa”, sostuvo. Y aclaró que los “despidos masivos ponen en riesgo los planes sociales de la ciudad”.

Sin embargo, la legisladora del ARI sostuvo duras críticas a la labor sindical en la obra social: “Sólo hace falta recurrir a la cantidad de denuncias que recolectó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre las innumerables irregularidades en la obra social que hace más de 20 años tiene a los mismos dirigentes, que mantienen cautivos a los municipales de todas las ramas”. Luego responsabilizó a esa misma dirigencia gremial de “usar el dinero de la obra social para su actividad partidaria”.

“Romper con ese monopolio que es fruto del pacto entre la burocracia sindical y el sistema político de la ciudad es un hecho positivo”, sostuvo el legislador Martín Hourest, sobre la desregulación en la obra social. Aunque advirtió que el macrismo ha sido el sostén de esa práctica en la Legislatura porteña: “Propuse revisar el sistema de la obra social pero el PRO y el kirchnerismo se negaron”.

Hourest, que adhiere al Proyecto Sur de Fernando Pino Solanas y Claudio Lozano, no considera que la decisión sea un vuelto ante la protesta por el despido de los contratados, “porque ese es un reclamo de ATE y la CTA y no del Sutecba”. En cambio, lo ligó a la necesidad del macrismo de “crear un mito fundante, en el que el gobierno se banca los conflictos y pelea con quien sea para gratificar a su base social, pero que no contempla ni el consenso ni una política para eliminar las desigualdades sociales”.