El jueves por la tarde hubo conmoción en el juzgado que investiga la muerte de Héctor Febres. Al atardecer, cuando la jueza Sandra Arroyo estaba a punto de dictar los procesamientos, se presentó el abogado del prefecto más comprometido en el homicidio, Angel Volpi, y le dijo a la magistrada que su defendido quería declarar en forma urgente. Es más, pidió un cardiólogo y una ambulancia, para el momento en que Volpi hablaría ante la jueza. Arroyo, apremiada por el vencimiento de los plazos judiciales, resolvió dictar primero los procesamientos y después, tal vez a mediados de mes, le tomaría declaración a Volpi. Sin embargo la magistrada revió su decisión porque consideró que de la misma manera que mataron a Febres podrían hacerlo también con Volpi. Por ello, el viernes suspendió las vacaciones correspondientes a la feria judicial, hizo traer al prefecto al juzgado, y convocó a un médico y una ambulancia. Fue un fiasco: Volpi se volvió a negar a declarar.

El Gordo Volpi, como le dicen, era la persona más cercana a Febres y el único que la noche del 9 de diciembre, entre las doce y las dos de la mañana, momento en que se produjo el envenenamiento, tenía llaves del camarote del represor. Además fue quien compartió con Febres la última cena y, según se transcribe de escuchas telefónicas realizadas a otros prefectos, “los dos se ponían en pedo juntos”. La declaración de Volpi, según consideraban la jueza Arroyo y el fiscal Alberto Gentili, podía producir un vuelco decisivo en la causa.

La novedad tenía un agregado: “El Gordo” había cambiado de abogados y, por lo tanto, también de estrategia. En el caso Febres hay muchas desconfianzas, empezando por la del propio represor. Febres, por ejemplo, consideraba que sus primeros abogados estuvieron relacionados con el Servicio de Inteligencia de la Marina y sabotearon su defensa, es decir lo dejaron solo, preservando a los hombres de esa fuerza. En el expediente consta que así se lo transmitió a algunos de sus allegados.

Como la magistrada necesitaba tiempo para terminar los procesamientos y el plazo le vencía el jueves a la noche, decidió seguir adelante con su resolución y aplazar la indagatoria de Volpi para mediados de mes. Arroyo estaba dispuesta a interrumpir sus vacaciones para tomarle declaración a quien se considera el hombre clave del caso. Sin embargo, alguien se acercó a la magistrada y le advirtió del peligro: “Así como mataron a Febres, podrían matar a Volpi si se pensaba que iba a hablar”. Lo que terminó de redondear las sospechas es que Arroyo se enteró de que Volpi, por una cuestión de salud, iba a ser trasladado el jueves próximo al Hospital Naval, algo que ella había prohibido taxativamente.

Lo cierto es que la jueza decidió llamar a declarar a Volpi de inmediato para no correr ningún riesgo. El viernes por la tarde fue llevado al tribunal y hasta allí llegaron también un médico y una ambulancia, pedidos por sus defensores. Volpi es joven, apenas pasa los 50 años, pero se alega que tiene diabetes y problemas de hipertensión. Sus abogados dijeron el viernes que El Gordo no podía declarar de apuro, algo que él mismo había pedido un día antes. Por lo tanto se negó. Todo quedó postergado para mediados de mes, cuando la jueza interrumpa sus vacaciones. Eso sí, antes de irse, Arroyo le reiteró al jefe del penal de Marcos Paz que queda prohibido cualquier movimiento o traslado de Volpi sin su consentimiento expreso.