Fue al mediodía, después de que se difundiera públicamente que la jueza Elena Liberatori hizo lugar al recurso de amparo presentado por Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Más de 80 de los 109 empleados contratados del Ministerio de Educación –que forman parte de los 2400 despedidos a fin de año– intentaban retornar a sus puestos de trabajo pero la policía y la guardia de Infantería les impidieron el acceso. Del otro lado de la reja del edificio ubicado en Paseo Colón 255, el director de Personal del ministerio, Carlos Lelio, les recibió la copia de la resolución judicial. “No nos dejaron entrar y llamaron a Infantería argumentando que no conocían el fallo”, explicó Eduardo López, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Fuentes de la cartera aseguraron que el ministro, Mariano Narodowski, trató de comunicarse con el secretario general de UTE, Francisco Nenna, pero no pudo. Hoy los trabajadores se presentarán de nuevo para cumplir con las horas de trabajo, así sea adentro o en la vereda del ministerio.

El funcionario que recibió a los trabajadores no los dejó ingresar al ministerio porque no había sido notificado por la vía administrativa correspondiente del fallo. Los despedidos le entregaron una copia.

En el noveno piso del ministerio, Narodowski trató sin éxito comunicarse con Nenna, que no está en la ciudad. No aceptó reunirse con el secretario gremial, responsable inmediato del sindicato, que estaba al frente de la movilización.

“Todos son trabajadores hasta que se demuestre que son ñoquis. Si hay un ñoqui, que lo despidan, y también que se haga una denuncia en la Justicia contra quién lo designó y quién debía controlarlo”, sentenció López, que acusó al ejecutivo porteño de estar al borde de la “desobediencia civil” al no permitir que los empleados regresen a sus puestos de trabajo. Para el gremio, la pelea no es solamente por los 109 puestos de trabajo, sino por “todas las tareas que cumplían estas personas, que formaban parte de los planes de inclusión educativa”.

Al cierre de esta edición, en Educación todavía no tenían definido qué actitud van a tomar cuando se presenten nuevamente a trabajar los más de cien despedidos. Para el gremio, si el jefe de Gobierno porteño no está de acuerdo con la medida judicial puede apelar la resolución, pero hasta que un tribunal superior no se expida al respecto deben acatar la orden de Liberatori.