Designaciones del gobernador Celso Jarque en cargos sensibles del Ministerio de Seguridad de Mendoza comienzan a inquietar a organismos de derechos humanos. El ministro Juan Carlos Aguinaga designó subsecretario del área al comisario Carlos Rico, denunciado por haber encabezado el Grupo Especial ’78 creado con propósitos “antisubversivos” el mismo año en que 29 personas desaparecieron en la provincia. Rico asegura que sólo se ocupó de proteger las delegaciones mundialistas. Para Mariú Carrera, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “un hombre que ha formado parte del Estado terrorista no puede ser funcionario de un Estado de derecho”. Luego fue el turno del comisario Aníbal Gómez, flamante director de Logística de Seguridad, que integró el Departamento 2 inteligencia de la policía provincial entre 1980 y 1983. “Es preocupante que gente del D2 forme parte del gobierno y más aún que se sientan orgullosos de eso”, consideró el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado.