1. LA NECESIDAD DE UNA MIRADA HISTORICA Y SOCIOLOGICA

Luego de la caída del bloque soviético en los ’90 y el fin de la polarización capitalismo-comunismo, la dimensión política de las religiones aparece en el centro de las reflexiones de las ciencias sociales en numerosos países. La homogeneidad del mercado desbocado –con su utopía de fin de la historia– diluye los sólidos de la modernidad y sus oposiciones históricas en el campo político-partidario. Aparece el mundo religioso –en su multiplicidad, diversidad y globalidad– como uno de sus posibles cuestionadores.
Vivimos no sólo una activa presencia política y social de numerosos grupos de filiación religiosa en los cinco continentes sino también la utilización de categorías y formas de pensamiento religioso en el campo político. De la lucha de clases se intenta pasar a la guerra de dioses. Los conflictos comienzan a ser presentados en categorías de Bien y Mal, la encarnación del Bien contra la encarnación del Mal tal cual lo presenta cotidianamente George W. Bush, el actual presidente de los Estados Unidos, reelecto en las últimas elecciones.
¿Cuál es la situación en la Argentina? Las complejas y prolongadas relaciones entre religión y política han sido poco investigadas por las ciencias sociales en nuestro país. Problemas teóricos, metodológicos y el acceso dificultado a la información dieron como resultado un campo de estudios acotado y la mayoría de las veces repetitivo en sus afirmaciones.
Durante décadas se entendió esta problemática como la de indagar sobre las relaciones entre las instituciones religiosas –en especial la católica– y el Estado, único espacio, se suponía, de lo político.
Como telón de fondo en esa comprensión estaban dos categorías ligadas una a la otra en las concepciones dominantes de las ciencias sociales: racionalidad modernizante y secularización. Modernización era sinónimo del paso de la sociedad tradicional a la moderna; el “desencanto” de concepciones mágicas para llegar a las científicas y el desarrollo continuo de las fuerzas productivas. Secularización significaba luchar contra lo religioso que “impedía los cambios” y llevarlo, por ende, al espacio de lo privado. Surge con el imaginario del progreso indefinido la idea de la lenta y necesaria desaparición de lo religioso dado el “obstáculo” que producía al desarrollo o a la democracia o al libre juego de la oferta y la demanda.
Secularización también suponía que debía acabar la “intromisión” de lo religioso en el campo social y político. Las relaciones entre lo político y lo religioso eran una muestra de “subdesarrollo” o “anomalía” o “desviación” en el proceso de modernización. Otro concepto que acompaña es el de laicidad, que supone “Estado y escuela sin Dios” o “separación entre Estado y grupos religiosos” o “aceptación de la pluralidad religiosa y por ende rechazo a todo culto estatal u oficial”.
Nuestras modernidades periféricas viven hoy procesos de desigualdad y fragmentación crecientes donde cohabitan sectores con amplios poderes, ganancias y beneficios junto a otros con cada vez menos posibilidades de vida digna y durable. Las promesas de “mejores futuros” hechos por las clases dominantes tampoco lograron la felicidad ciudadana y asistimos hoy al “desencanto del desencanto”. De este modo, analizar un viejo tema como la secularización significa replantearse continuamente su presencia: “La secularización no es la desaparición de la religión confrontada a la modernidad: es el proceso de reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para responder a las esperanzas que se requieren para seguir existiendo” (Hervieu Leger, 1986). Si entonces lo religioso no es sólo lo institucional, y lo político no es sólo el Estado, entre lo religioso y lo político se dan tanto convergencias como conflictos; legitimidades como oposiciones; dislocaciones como encuentros y resignaciones como compensaciones. No hay un esencialismo religioso, en este caso católico, que nos anticipe cual será el proceso que seguirá la relación.
En el caso de lo religioso, numerosas experiencias sociales, culturales, educativas e imaginarias surgen de valores y motivaciones provenientes de vivir “lo sagrado” a partir de sus propias concepciones escapando al control y regulación institucional. Del mismo modo, lo político no se reduce sólo al Estado o a los partidos políticos sino que nuestras realidades se conforman también de múltiples redes, grupos, movimientos sociales, experiencias milenaristas y liderazgos varios.
Por eso, en la larga experiencia histórica de América Latina y de la Argentina lo político y lo religioso –más allá de los esfuerzos de racionalizar, controlar y rutinizar ambos comportamientos– aparecen como dos maneras de creer, de soñar, de crear promesas de futuro y sobre todo de dar sentido a los actores en su accionar cotidiano. Esta matriz común permitió y permite en América Latina y en la Argentina el paso, los desplazamientos, el tránsito, el ajuste de cuentas, la recarga mutua entre un dominio y otro, especialmente cuando se juega al nivel de las analogías estructurales entre fe religiosa y fe utópica, entre promesa de liberación y promesa de salvación, entre militantismo que da sentido en lo político y lo religioso. Encantos y desencantos están en un lado y en el otro.
De allí la importancia de investigar tanto el enfrentamiento como las afinidades electivas de recarga recíproca entre uno y otro, de no verlo sólo como dos esferas diferenciadas, distintas y opuestas sino también como una matriz común de creencias religiosas y políticas. La pregunta no es entonces si hay relación entre religión, catolicismo y política sino de analizar en el corto y el largo plazo los tipos de relaciones y conflictos que se han dado.
Además podemos realizar en paralelo un análisis de la pérdida de credibilidad tanto en lo “institucional político partidario” como en lo “institucional religioso dominante”. La crisis de participación y adhesión a los partidos políticos, por ejemplo, no significa la desaparición de lo político sino la resignificación y aparición de lo político en diferentes espacios más allá del control partidario. La Iglesia Católica en la Argentina encabeza –desde los ’90 hasta la fecha– las encuestas sobre credibilidad al mismo tiempo que perdió el monopolio ante un activo mercado religioso donde se destaca el evangelismo.



2. POLITICA Y CATOLICISMO EN LA ARGENTINA

¿Cuales son las características específicas de esta relación en Argentina?
Más allá de que la Constitución Argentina sólo menciona en su artículo segundo que el “Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano” y que hay una tradición de libertad de cultos relacionada históricamente con la diversidad de creencias religiosas de los millones de inmigrantes, las prácticas dominantes de las últimas décadas muestran al catolicismo como la religión oficial del Estado y de la sociedad argentina.
Por otro lado, el artículo de la Constitución Nacional de 1853 que señalaba que el presidente debía ser católico fue derogado con la reforma constitucional de 1994.
Es interesante hacer notar cómo las experiencias democráticas tanto del radicalismo (1916-1930) como del peronismo (1946-1955) trataron de contener el avance institucional (no hicieron un solo nombramiento de obispo) mientras que los gobiernos militares se caracterizaron por lo contrario (hicieron crecer el número de obispados de 8 en 1910 a 35 en 1957 y a 60 en 1983). (Mallimaci, F., 1992.)
Dos momentos históricos nos pueden mostrar que no se trata de “leyes universales” sino de construcciones e invenciones en búsqueda de historicidad. En los ’30, la crisis del Estado liberal y sus promesas de “tierras nuevas” abrieron las puertas al movimiento católico que logra relacionar la identidad nacional con la católica, brindar sus cuadros para apoyar un tipo de estado ahora intervencionista, relacionar la justicia social con las enseñanzas sociales de la Iglesia, la inclusión con la armonía social y hacer del anticomunismo, el antiliberalismo y de la sospecha hacia la democracia y la “corrupta” dirigencia política, parte central de su mensaje de modernidad católica. La invención del imaginario de “argentinidad católica” comienza a recorrer un largo camino y se hace cultura católica cotidiana para la mayor parte de la sociedad política y civil. El paso del Estado de Bienestar al Estado Penal, la privatización de las políticas sociales de los ’90 y la crisis de representación de los partidos políticos transformados en partidos de los negocios, abrió un nuevo espacio de legitimidad para la institución católica que gana en credibilidad a partir de una intensa actividad social, dado que sin dejar la presencia estatal se presenta como “la sociedad civil” –las encuestas la presentan hoy como la institución más creíble– al mismo tiempo que el evangelismo pentecostal le disputa el espacio de las creencias religiosas a nivel popular. (Mallimaci, F., 2002.)
Hoy en la Argentina no se cree –sea en lo político, sea en lo religioso— más o menos que en otros épocas históricas sino de manera diferente. La política no ha desaparecido sino que “explota” y “emerge” por afuera, por arriba, por abajo y por dentro de las estructuras partidarias. No estamos, por ejemplo, ante grupos religiosos “inmóviles”, “presionados”, “manipulados” refugiados en “lo privado” o “que son sólo reflejo de la infraestructura económica” sino frente a actores que se mueven, presionan, activan en todas las clases sociales, con objetivos propios de corto y largo plazo, con multiplicidad de relaciones dentro y fuera del campo religioso y que hacen uso –y abuso– de la angustia generalizada que se vive en nuestras sociedades. Creer y pertenecer, creer sin pertenecer y pertenecer sin creer forman parte de las varias opciones que hombres y mujeres encuentran hoy para dar sentido a su vida religiosa. (Grace Davie, 1996.)
Pero esto no nos debe hacer olvidar el trabajo de impregnación cultural que el catolicismo realizó durante largo tiempo en nuestro país. Se logró así una lenta y constante catolicización de la sociedad y sus espacios públicos al mismo tiempo que se nacionalizaba –y en algunos sectores se militarizaba– el catolicismo. Hay allí un enraizamiento que organiza un universo común de creencias y que alimenta un “imaginario católico difuso” precario y severamente en competencia con otros imaginarios de la modernidad en tiempos de comunicación globalizada, pero que perdura como un capital simbólico siempre activo y disponible (y también instrumentalizable) para ser utilizado en ocasiones más o menos puntuales si logra inscribirse como una “continuidad natural” de la “verdadera tradición católica de la Patria, los valores criollos, la nacionalidad, el ser argentino no contaminado por ideologías extrañas”, etcétera.
Nos referimos a un activo catolicismo integralista. Es decir que penetra y ocupa el espacio estatal, público, social y político a fin de construir “en toda la vida la Argentina católica” y a un reconocimiento de lo católico como parte “constitutiva y esencial” de la identidad nacional. Movimiento católico que busca presencia tanto en el Estado como en la sociedad civil. Concepción que forma parte también –y esto es lo que le brinda el poder de nominar– de la mayoría de los líderes políticos, empresariales, militares, sindicales, culturales y sociales como del funcionariado estatal.
Esta hegemonía fue también incorporada –en un conflictivo proceso que deberá ser más investigado– por el resto de las comunidades religiosas (judías, protestantes, islámicas, espiritistas) que reconocieron a la Iglesia Católica un lugar privilegiado en las relaciones con el Estado al mismo tiempo que hacían suya una concepción pluralista y de separación de dichas relaciones. Lo nuevo en el siglo XXI es que el pujante movimiento pentecostal reclama no la separación, sino gozar de los mismos privilegios y derechos de ciudadanía religiosa que el catolicismo, exigiendo para ello leyes de libertad e igualdad religiosa.
El catolicismo forma parte de la vida política argentina como un actor legítimo y legitimado donde los conflictos internos entre partidos políticos y entre civiles o militares, encuentra eco diferenciado en el movimiento católico y donde los conflictos al interior del catolicismo también se resuelven con el apoyo del aparato estatal y el partidario. Un ejemplo trágico fue lo sucedido con la represión y asesinatos a militantes católicos –sacerdotes, líderes, obispos, catequistas– ligados a experiencias populares durante 1976-1983 que fueron tanto perseguidos por el aparato eclesiástico como por el militar. (Emilio Mignone, 1986.)
El sueño del obispo o sacerdote propio, es decir el contar con tal o cual líder religioso que acompañe a tal o cual movimiento político, como el utilizar simbología católica, pasa a ser “naturalizado” y necesario para la actividad política legítima. No surge de la Constitución ni de la historia de los orígenes de la República aunque así los actores trataran de presentarlo. Es una construcción conflictiva, llena de memorias y olvidos, con personas, fechas, símbolos y hechos disponibles para todo tipo de representaciones.
Otra característica es la fuerte presencia “antiliberal” del movimiento católico y las numerosas posibilidades que se le presentan para relacionarse con múltiples actores políticos. El antiliberalismo militante forma parte de las concepciones dominantes de aquellos católicos de acción que entienden su “misión” como preocupación moral y social y continúan con lo político para plantearse –en algunos casos– el acceso al Estado como parte integral de su concepción de construir el “Reino de Dios” aquí y ahora. Hay un triple rechazo: al liberalismo religioso, al político y al económico (Denis Pelletier, 1997).
Lo importante para quienes investigamos estos temas es que este antiliberalismo católico posee diversas vertientes según grupos, contextos y posibilidades de llegar a la acción. Puede ser antiimperialista, anticapitalista, antisemita, antiprotestante, anticomunista, antiyankee, negar a la democracia tildada de “formal” y oponerse a las políticas del Banco Mundial y al FMI porque empobrece los pueblos, destruye valores y raíces “criollas”, promueve el aborto y destruye la familia. La matriz común se encuentra en el documento papal del Syllabus de 1864 con su rechazo a la modernidad burguesa, liberal y comunista a fin de construir una “modernidad cristiana”, una democracia de origen cristiano.
Estos grupos católicos sólo pueden ser comprendidos en sus múltiples relaciones con otros actores políticos y sociales. No son toda la historia social del país pero ignorarlos, desconocerlos o menospreciarlos nos puede llevar a grandes errores de interpretaciones.
Numerosos católicos formados en el catolicismo integralista ocupan (y ocuparán) puestos, cargos y responsabilidades en el Estado, en los gobiernos, en los ministerios, en las universidades, en los sindicatos y en movimientos sociales y políticos a partir del golpe militar-religioso-empresarial del general José Félix Uriburu en 1930. Nacionalistas católicos, nacionalistas integrales y católicos nacionalistas disputan por el control ideológico y político del aparato estatal y en especial su presencia en las Fuerzas Armadas. A ellos se debe el decreto que asciende en los ’40 a las vírgenes de coronelas a generalas con sueldos que cobran hasta la actualidad y el decreto de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
El cristianismo popular del peronismo en los ’40 y ’50 desafía al cristianismo católico institucional. Como ambos cuentan con apoyos de los diferentes grupos católicos, producen una nueva dislocación en la relación catolicismo-política (Cucchetti, 2004). Los aviones de las Fuerzas Armadas que se oponen al gobierno democrático de Juan Domingo Perón bombardean la Plaza de Mayo en 1955 con sus alas pintadas con el símbolo Cristo Vence.Las proclamas militares y las de la oposición partidaria citan –durante décadas y hasta hoy– a encíclicas papales o a documentos episcopales o a textos bíblicos para su legitimación.
El gobierno del católico general Juan Carlos Onganía con su proyecto de comunitarismo cristiano recibe una de las críticas más radicales desde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y sus redes en barrios, fábricas, colegios y universidades. La radicalidad política militar de los ’60 y ’70 tiene –entre otras varias– sus orígenes en las afinidades entre cristianismo y revolución, entre una ética católica y el espíritu de la guerrilla. (Donatello, Luis, 2003.)
La dictadura de 1976 muestra a obispos, sacerdotes y dirigentes católicos apoyando el terrorismo de Estado, se organiza el fichero de culto para todas las religiones menos para la católica, se otorgan becas para todos los seminaristas de dicha religión y se crean partidas especiales para los jerarcas católicos. Al mismo tiempo sacerdotes y dirigentes cristianos son asesinados, torturados y detenidos- desaparecidos. El crimen del obispo Enrique Angelelli en 1976 a partir de un conflicto con la Fuerza Aérea y el silencio del episcopado ante tal situación es un ejemplo de las distintas posturas en la jerarquía.
Por otro lado podemos ver cómo las transformaciones al interior del cristianismo también repercuten en la vida social y política del país. El paso de un catolicismo de acción mirando al Estado y a las clases dominantes a otro que busca penetrar las clases populares a partir de crear nuevos movimientos sociales y/o crear disonancias con las autoridades “burocráticas” de las organizaciones allí presentes a fin de “denunciar y anunciar en una única historia el Reino de Dios” desde el mundo de los pobres y el pueblo, es una realidad que también atraviesa la historia argentina desde los ’60 a la actualidad desde distintas posturas.
Este tipo de cristianismo posibilita que jóvenes se sumen a la actividad política allí donde creen encontrar semillas utópicas de una nueva sociedad más justa y más igualitaria. La ética católica les permite encontrar afinidades electivas con una radicalidad ascética que relativiza historias, autoridades y miradas de largo plazo buscando en el aquí y ahora “el nuevo cielo y la nueva tierra”.
La memoria del cristianismo primitivo con su deslegitimación de los poderes locales y de puesta en común de “toda la vida” aparece como “mito movilizador”. La memoria de desconfianza al “mercado” que trata de presentarse como sagrado y la crítica a la acumulación de bienes aparece también como una gran dadora de sentido en la guerra entre dioses (M. Lowy, 1999). Por ejemplo, las experiencias de educación e inserción popular en los ’60; la presencia sindical, estudiantil y de lucha política militar en los 70; las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en los ’80 y los movimientos de resistencia al neoliberalismo en los ’90 dan una continuidad histórica de una misma matriz católica puesta en funcionamiento en distintos contextos políticos como religiosos.



3. EL CATOLICISMO Y EL ACTUAL GOBIERNO DE KIRCHNER:
DEL ALINEAMIENTO AUTOMATICO A LA PRESCINDENCIA ACTIVA.



3.1 LOS OBISPOS CATOLICOS Y LAS ELECCIONES DE 2003

Como en otros momentos desde la recuperación democrática en 1983, la elección presidencial presentó a diversos actores tomando posición sobre candidaturas y programas. Si el encantamiento de 1983 había culminado con los saqueos a supermercados y el proceso hiperinflacionario de 1989, el decenio neoliberal y su ilusión de vivir en el “primer mundo” culmina a fin del 2001 con su secuela de vulnerabilidad, desocupación, crisis de expectativas y represión generalizada. Lo “nuevo” estaba en el amplio descrédito que vivía la dirigencia política –peronistas, radicales y frepasistas, los tres partidos mayoritarios habían gobernado el país– y en la repercusión mediática de los discursos de ciertos actores e intelectuales que suponían que las movilizaciones y asambleas callejeras (en las cuales se destacaba el pedido “que se vayan todos los políticos” junto al reclamo de mayores planes sociales y el de que devolviesen los depósitos en dólares) iniciaban un proceso “insurreccional” o “revolucionario”.
La crisis terminal vivida a fines del 2001 y comienzos del 2002 con decenas de muertos, varios presidentes en pocos días, movilizaciones callejeras y un crecimiento sin precedentes de la pobreza ponían nuevamente a prueba la democracia en la Argentina. La última elección de octubre de 2001 había mostrado un importante sector de la ciudadanía apática, desmoralizada y dudando de la validez de las elecciones y la incertidumbre reinaba para la del 2003. En ese escenario el peronismo, una cultura del poder en acción permanente, vuelve a gobernar desde principios de 2002.
Los obispos argentinos, como parte de los sectores dirigentes, viven, a su manera y en dimensiones particulares, la pérdida de credibilidad de sus actos y palabras al igual que empresarios, militares, académicos, banqueros, políticos, periodistas y sindicalistas dado que, de una u otra manera –con honrosas excepciones– legitimaron el deterioro y decadencia histórica que hoy vivimos. Recordemos que los obispos tratan de mostrar una imagen de homogeneidad. Hay conflictos entre ellos pero es muy difícil que salgan a la luz pública. Dice un experto en el tema: “La homogeneidad indudable del cuerpo episcopal está lejos de ser una unanimidad total. El comportamiento de sus miembros, en cambio, manifiesta el deseo de no exteriorizar estas divergencias, de atenuar sus alcances, de llegar a decisiones que puedan recoger la adhesión de todos, y de formular una doctrina común sobre las grandes orientaciones a las que debe conformarse la conducta del clero y de los fieles”. (Poulat, 1965, p.118.)
Un gran número de los obispos católicos colaboraron con la dictadura militar de 1976 a 1983 y luego sospecharon de la experiencia democrática en la transición radical de 1983 a 1989. Se sumaron más tarde –varios de ellos entusiastamente– a la “fiesta privatizadora” del gobierno de Carlos Menem del ’89 al ’99 en la medida que colaboraba con fondos a sus “campañas de buenas obras” y aparecía defendiendo la “integridad de la doctrina católica” con sus relaciones estrechas con el Estado del Vaticano.
Durante ese período se incrementaron las contradicciones al interior del catolicismo argentino. Por un lado se apoyaba (y agradecía) pública y mediáticamente, desde las curias locales y romanas, las manifestaciones “católicas” de Menem (condecoraciones, participación en actos benéficos, ayudas del tesoro nacional a proyectos de obispos, votaciones en común en conferencias internacionales por parte del Estado Argentino, el Estado del Vaticano y los Estados islámicos contra convenciones o recomendaciones en favor de una mayor autonomía de las mujeres, declaraciones del nuncio católico en Argentina y del embajador argentino ante la Santa Sede sobre “los avances sociales del gobierno de Menem”, etcétera). Por otro lado, a veces los mismos, por momento otros grupos católicos, algunos obispos, numerosos sacerdotes y religiosas y algunos movimientos cristianos denunciaban las políticas de “ajuste estructural” que empobrecían a la mayoría de los argentinos como un “atentado a la dignidad humana” y rechazaban el autoritarismo identitario de la mayoría del episcopado. Estos grupos exigían a los obispos mayor cercanía a los pobres, alejamiento de los sectores de poder, apoyo irrestricto a la democratización del país y asumir una argentina pluralista.(1)
Para comprender el comportamiento del catolicismo argentino, es central analizar la permanente tensión entre creerse parte fundamental de la Argentina (de la Nación y la Patria) y por ende estar por encima y por afuera de las contradicciones para hablar al todo, o considerarse uno más de los actores en una sociedad pluralista y democrática y no gozar de privilegios ni prebendas.
Este hablar desde el todo se hizo central desde la década del ’30 cuando a la Argentina liberal se opuso la “Argentina Católica”. A la cultura liberal y comunista se opuso una cultura católica “cimiento de la argentinidad” y “dadora de identidad nacional”, alejada tanto del “individualismo capitalista” como del “colectivismo marxista”.
Ser el todo es también una concepción que une, liga e integra lo social, lo teológico, lo político, lo moral y lo cultural en una misma matriz. Por eso el episcopado argentino no apoyó a ninguna experiencia política partidaria que se definiera como “católica o cristiana”, a diferencia de otros países europeos o latinoamericanos. Eso hubiera significado apoyar a una de las partes.
Del mismo modo tomará distancia y quitará todo tipo de apoyo a experiencias sociales que, habiendo surgido de grupos católicos, trataran de erigirse en movimientos sociales autónomos. Por eso mismo sospechará tantos años de la democracia (acusada de liberal, formal, burguesa), se sentirá cercana a otro gran actor que también se autodefine como la nación y el todo, como son las Fuerzas Armadas, y extenderá una amplia red de grupos y asociaciones a fin de “penetrar” el conjunto de la sociedad y colonizar el espacio público (Giménez Beliveau, V., 2004).
Un ejemplo cercano de cómo la idea del todo sigue funcionando, de este posicionamiento como “el cimiento de la Nación”, fue el esfuerzo puesto por el Episcopado en armar un Diálogo Argentino entre Gobierno, Naciones Unidas e Iglesia Católica para aportar soluciones de fondo a la crisis de fines del 2001. Fue una experiencia voluntarista con mínimos resultados dado que la Argentina es una sociedad capitalista compleja.(2)
Es en este contexto de la autocomprensión acerca de su propio rol y de lo que se vive socialmente en el país, que debemos analizar algunas declaraciones de obispos sobre el acto eleccionario. En primer lugar, todos llamaron a votar positivamente, colaborando así en el fortalecimiento del acto electoral al mismo tiempo que deslegitimaban simbólicamente con sus críticas a la dirigencia partidaria. La vieja y renovada disputa entre dirigentes partidarios y dirigentes eclesiásticos se renovaba por la vía de presentarse los obispos como “virtuosos no contaminados”.
La responsabilidad de la crisis estará puesto en “los políticos” y será mínima la crítica a empresarios, organizaciones corporativas, banqueros, Suprema Corte de Justicia, Tercer Sector, medios de comunicación, etcétera. Los matices aparecen al interior de ese gran consenso que llamaba al voto.
Obispos, sacerdotes, religiosas y grupos cristianos piden a los fieles católicos que participen en “política”, “que no sean indiferentes”, “que no se resignen ante tanta adversidad”, “que denuncien las injusticias”, etcétera. Estamos frente a un catolicismo intransigente que no se refugia en lo privado ni en la sacristía y llama a recuperar la doctrina y la enseñanza social de la Iglesia Católica dado su identidad con la nación y la patria. La discusión está en cómo, con quiénes y desde dónde realizar esa política. La Iglesia Católica se presenta con propuestas varias y como garante movilizador “en última instancia” de esa voluntad de la Patria y de la Nación.(3)
Será casi imposible –por el tipo de discurso– que algún obispo indique a quién se debe o no votar. Serán grandes principios orientadores que, como sucede y sucedió en otros casos, podrán ser releídos desde diversas perspectivas. El obispo Ruben Frazia de Avellaneda(4) lo resume así: “La Iglesia no va a decir a quién votar, pero sí debe decir que es necesario pensar y elegir objetivamente a aquellos que sean coherentes en sus mensajes, y que tengan programas viables y proyectos realizables”. O en palabras del obispo Carmelo Giaquinta de Resistencia: “El ciudadano cristiano tiene un compromiso claro: aprovechar toda ocasión, también estas elecciones, para reconstruir la Patria”.
Del punto de vista mediático, son las declaraciones del cardenal Jorge Bergoglio, de la ciudad de Buenos Aires, las que tienen mayor impacto, aunque no son las únicas ni las más fundamentadas. El 9 de abril de 2003 declaró ante cientos de educadores católicos: “(estamos) ante un momento crítico y decisivo en la vida de nuestro pueblo... Sufrimiento, desconcierto, indignación, pero también mucho poner el hombro por parte de tantos hombres y mujeres que se brindaron al prójimo sin justificarse en la indiferencia o en el afán de ‘salvarse’ de otros. Como balance, nos encontramos con la convicción de que no tenemos que esperar ningún ‘salvador’, ninguna propuesta ‘mágica’ que vaya a sacarnos adelante o a hacernos cumplir con nuestro ‘verdadero destino’. No hay ‘verdadero destino’, no hay magia. Lo que hay es un pueblo con su historia repleta de interrogantes y dudas, con sus instituciones apenas sosteniéndose, con sus valores puestos entre signos de pregunta, con las herramientas mínimas como para sostener un corto plazo. Cosas demasiado ‘pesadas’ como para confiárselas a un carismático o a un técnico”.
Otros obispos cuestionan la actual dirigencia, piden institucionalizar la protesta y elegir según la doctrina o enseñanza de la Iglesia a fin de mantener ciertos órdenes y legitimidades. Así se expresa el obispo de Rafaela, Carlos Franzini: “Pese al bochornoso espectáculo que brinda buena parte de la dirigencia política, estamos llamados a participar activamente en este espacio típico de una sociedad democrática, si es que queremos que las cosas cambien. La protesta que hizo eclosión a fines del año 2001 y que se ha instalado en nuestra sociedad como un estilo permanente, necesita ser encausada por carriles institucionales. Las elecciones son una oportunidad privilegiada para ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos y como creyentes... La enseñanza social de la Iglesia nos da un marco teórico al que, como cristianos adultos, debemos referirnos necesariamente aun respetando la pluralidad de opciones partidarias. Nadie tiene derecho a pedir que los demás se vayan si no está dispuesto a comprometerse él mismo; mucho menos un cristiano que asume libremente las consecuencias de su fe en el orden temporal”.
El obispo Juan Carlos Maccarone de Santiago del Estero expresa también su critica a la dirigencia y avanza hacia un diagnóstico más amplio que incluye a la propia Iglesia: “Y, sobre todo, por la indiferencia de una dirigencia que no encara los problemas fundamentales y que pareciera que está jugando a las elecciones sin que repare en ningún método para hacer la voluntad que quieren unos y no otros... Creo que los cristianos y los obispos, la Iglesia toda, tendríamos que preguntarnos cómo está formada esta conciencia moral del país que no le importa la ley y que toda ley está violada empezando por la Constitución que este año cumple ciento cincuenta años”.
El obispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta, retoma y profundiza algunas temáticas comunes a sus pares buscando no hacer eje sólo en las elecciones sino en el compromiso cotidiano: “A pesar de la incertidumbre colectiva, el 27 de abril hay que votar. Y de la mejor manera posible. No soy de los que favorece la abstención, el voto en blanco o nulo. Pero quiero positivamente provocar el desencantamiento de las elecciones. O sea, que no esperemos de ellas más de lo que pueden dar. Ellas son sólo un momento de la vida política argentina. Si bien éste puede ser decisivo, no menos lo es el momento que vivimos cada día. De allí, que ‘responsabilidad en las elecciones’ y ‘responsabilidad en la vida de cada día’ son inseparables”.
Y agrega: “Los argentinos hemos depositado siempre excesivas esperanzas en las elecciones, como si de ellas, por arte de magia, pudiese surgir la salvación del país, sin importar el esfuerzo inteligente, cotidiano y tesonero que todos los ciudadanos sin excepción habríamos de hacer para reconstruirlo. Nos hemos dejado encantar por los candidatos y lasautoridades electas que nos ilusionaron de muchas maneras. Con reuniones multitudinarias y con su lenguaje mágico. ‘Será un argentinazo’, ‘produciremos el salariazo’. La ilusión mágica nunca dura mucho... Muchos gobernantes han sido crueles con el pueblo, pues se aprovecharon de su situación de encantamiento para despojarlo de su dignidad. Pero somos también cómplices de que así procedan. Nos gustan los magos. ¿Por qué no los licenciamos definitivamente y comenzamos a vivir la realidad?”.
¿A quiénes se refieren los obispos con esas advertencias? ¿Quién o quiénes son carismáticos o técnicos? ¿Quiénes aparecen como salvadores o mágicos? Son todos y es ninguno. Forma parte del tipo de discurso episcopal. Es difícil saberlo y se entra en la bruma de los supuestos. En primer lugar, dado que no utilizan lenguaje inclusivo y que hubo dos mujeres candidatas a la presidencia, ¿se las ignora, olvida y no se las tiene en cuenta? ¿O muestra la dificultad de ciertos prelados por incluir las mujeres en sus discursos?
En segundo lugar el tema de la crítica a la “magia” y al “carisma” en lo partidario no es novedoso ni exclusivo del discurso episcopal argentino dado que se trata –veladamente– de una referencia al peronismo y a los “populismos” provinciales en sus múltiples variantes. Esto supone que amplios sectores de la sociedad argentina viven algún encantamiento “perverso” con candidatos o partidos sin preguntarse cuánta racionalidad, emoción y libre opción individual hay en dichas adhesiones.
De todos modos la realidad –y la religión como parte de la misma–, ¿no es también racionalidad, magia, carisma y gestión técnica? Y si se continúa en el actual “encantamiento” con los “populismos”, ¿quiénes pueden decir que no contribuyeron social, cultural, religiosa e históricamente a la producción, difusión y circulación de esas ideas “mágicas”? ¿O es que la magia y el encantamiento es sólo en lo político y partidario? ¿Cuánto de “magia” hubo en la adhesión a militares, a gobiernos autoritarios, a la idea de destruir el Estado y a creer en la mano invisible del mercado?
Recordemos que las elecciones presidenciales del 27 de abril del 2003 mostraron una amplia vitalidad –aunque dividida en tres– del peronismo (61 por ciento), una izquierda tradicional debilitada en votos (2,5 por ciento), un partido radical golpeado por la crisis con 2 por ciento de los votos dividido también en grupos de centro derecha (16 por ciento) y centro izquierda (14 por ciento) y una ínfima cantidad de votos blancos (menos del 1 por ciento). Votó un porcentaje mayor al 80 por ciento del padrón, mostrando a una ciudadanía activa por participar y haciendo oídos sordos a los que llamaban a boicotear las elecciones.
Dado que el ex presidente Menem (ganador de la primera vuelta con casi el 25 por ciento de los votos) no se presentó a la segunda vuelta en razón del 70 por ciento de voto adverso que le anticipaban todas las encuestas), fueron declarados ganadores los que obtuvieron el segundo puesto, es decir la fórmula de Néstor Kirchner y Daniel Scioli.

3.2. LA RELACION CON LA GESTION GUBERNAMENTAL

Del “alineamiento automático” con el Estado del Vaticano llevado adelante tanto por el gobierno de Menem (1989-1999) y el de Fernando de la Rúa (1999-2001), a la participación en la inédita experiencia del Diálogo Argentino (encuentro entre las autoridades del gobierno argentino, de las Naciones Unidas en Argentina y de la Conferencia Episcopal Argentina para buscar una salida “consensuada” a la crisis terminal de 2001) se ha pasado con el actual gobierno de Kirchner, que asumió el 25 de mayo del 2003, a una toma de distancia y a tener una política propia con respecto a las relaciones con el Vaticano.
Desde el 25 de mayo de 2003 hasta la fecha, las actitudes, acciones y omisiones del Presidente y su gobierno podemos caracterizarlas como de una “prescindencia activa” con respecto de la ligazón simbólica con el catolicismo. Prescindente con el poder episcopal y activo con otros grupos católicos y religiosos. No se niega el reconocimiento (no estamos en presencia de una mirada de separación o de negación o jacobina) sino se lo hace junto a otros actores religiosos.
Con respecto al catolicismo, la relación se priorita con personas, actores y hechos católicos dadores de sentido y memoria de lucha y compromiso social.
El Presidente de la Nación no deseó participar en los eventos organizados por la jerarquía eclesiástica (Congreso Eucarístico Nacional de 2004, reuniones Episcopales, encuentros privados con obispos) que pudieran significar una asociación privilegiada con una jerarquía muy cercana a los poderes históricos de la Argentina.
Mantuvo una presencia pública y respetuosa de la actual diversidad religiosa en la Argentina al participar en ceremonias católicas, actos de la comunidad judía, entrevistas con líderes del Consejo Mundial de Iglesias, entregar el Premio de los Derechos Humanos 2003 al obispo católico Miguel Hesayne, de valerosa actuación en defensa de los derechos humanos y la vida durante la dictadura militar (1976-1983). Su mujer, la senadora Cristina Fernández, participa del homenaje al asesinado sacerdote Carlos Mugica, un ejemplo de militancia católica con sectores populares en la década del ’70. Intentó nombrar como asesor espiritual de la Casa de Gobierno a un sacerdote católico preso durante la dictadura y conocido por su compromiso social pero éste desistió por problemas personales.
Nos interesa destacar algunos de los hechos producidos durante este año y medio de gobierno que muestran las nuevas sensibilidades (y por ende conflictos) entre el poder político y los obispos católicos. Mencionamos sólo aquellos hechos que han ocupado el espacio público y que muestran una exposición mediática de los obispos desconocida hasta el momento. Acostumbrados a una negociación “silenciosa” o “prebendaria” de cúpula a cúpula, han tenido que hacer públicas sus disonancias con las políticas del actual gobierno, pagando el costo de mayor exposición mediática y por ende de críticas ciudadanas y fuerte debate interno.
Aquí están algunos hechos:
1. Designación de un dirigente peronista de la ciudad de Buenos Aires –Guillermo Oliveri, sin vínculos con los grupos de poder en la estructura eclesiástica– como secretario de Culto en la Cancillería y encargado de las relaciones locales con el episcopado y los otros cultos. Recordemos que el Estado sostiene el culto católico y distribuye en el presupuesto nacional unos U$S 4.000.000 para tal fin por año.
Dedica al pago de una salario equivalente a un juez para todos los obispos, subsidios de viajes internacionales, becas para seminaristas católicos, pagos a parroquias de frontera y a templos especiales. Se nombra como embajador ante el Vaticano a Carlos Custer, un sindicalista, rompiendo con la larga nómina de “ilustres católicos” de familias notables o de empresarios-banqueros que ocupaban dicho cargo.
Custer pertenece al sindicalismo combativo de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) y está ligado a los grupos católicos comprometidos con el mundo de los pobres. Formó parte de Comisiones Vaticanas y mantiene su autonomía de acción. Es un funcionario del gobierno en el Vaticano y no un “hombre de la jerarquía” frente al gobierno.
Es decir se pasa de católicos notables que ocupan puestos en la Cancillería y en el Vaticano en representación de la institución eclesial a funcionarios que actúan no en nombre del poder eclesiástico sino como miembros de un gobierno que desea mostrar autonomía de los poderes establecidos.
2. Una de las principales preocupaciones del actual gobierno fue cambiar a la desprestigiada Corte Suprema “menemista” vía el juicio político y nombrar a jueces de reconocimiento nacional e internacional sin vínculos partidarios ni con los poderes empresariales o religiosos. Para ello fue creado un sistema que obliga al gobierno a la presentación pública y la posibilidad a la sociedad de enviar críticas al Senado para su rechazo. De los cuatro jueces nombrados por el Senado en estos doce meses, los dos varones (Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti) no tuvieron grandes sobresaltos y las dos mujeres (Carmen Argibay y Elena Highton) fueron objeto de una intensa campaña pública de grupos y obispos católicos acusadas ambas de “favorecer la despenalización del aborto”, “atentar contra la vida”, una de ellas de “ser atea”, etcétera.
Al mismo tiempo, uno de los jueces removidos (Eduardo Moliné O’Connor) organizó una cadena de rezos del rosario para impedir su destitución, mientras el quinto juez a ser llevado a juicio político (Antonio Boggiano) es un activo miembro del Opus Dei, con amplias relaciones con el cuerpo episcopal y empresarial. Los voceros “episcopales” denuncian así “un nuevo ataque a la Iglesia”.
3. Otro punto de conflicto han sido el no alineamiento del Estado argentino (como sí se había hecho en los últimos gobiernos democráticos) con las posturas del Estado del Vaticano y del Estado islámico de Irán en los encuentros de Naciones Unidas sobre temas de sexualidad y de mujer. Desde que Kirchner está en el gobierno se ha votado en esos foros el respeto de la homosexualidad y el reconocimiento de las relaciones de género como parte del análisis de una sociedad. No se insiste con “los derechos del no nato” como sí lo hacían los gobiernos anteriores. Recordemos que el presidente Menem fue condecorado por el Vaticano por ser un “defensor del feto antes de nacer” el mismo día que su ex mujer Zulema Yoma hacía la denuncia pública de haber abordado en común acuerdo con su marido.
4. El conflicto público con obispos sobre políticas sociales y la condena a los militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado es otro foco de tensiones. El presidente respondió públicamente a las acusaciones de Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, uno de los que hace públicas con mayor virulencia sus disidencias con las políticas del gobierno y resalta la “campaña anticatólica”, sobre los planes sociales. Le recordó sus vínculos con banqueros y empresarios que están presos por delitos económicos y le exigió “que conozca él mismo a los pobres”.
El obispo Jorge Casaretto, a cargo de la organización Caritas, denunció que los planes sociales para los desocupados son clientelistas y “fomentan la vagancia”. En este caso el gobierno retrocedió ante la crítica y decidió organizar un plan especial para las mujeres pobres con hijos dejando de lado la posible universalización de dicho derecho para todas las personas.
El ahora ex obispo castrense Antonio Baseotto defendió públicamente a los jefes militares de la última dictadura e inició una campaña entre los diputados y senadores para que no se votase la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que impedían la condena de militares que hubieran cometido delitos. El gobierno criticó fuertemente dicha campaña eclesiástica(5). El silencio episcopal fue casi unánime cuando el Presidente, por decreto, creó el 24 de marzo de 2004 (a 28 años del golpe cívico-militar-religioso) el Museo de la Memoria en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada a fin de recordar a los miles que lucharon y fueron torturados/desaparecidos/detenidos en dicho predio. Fue acusado de fomentar una “memoria parcial” y no una “memoria integral” que incluya a las FFAA y a todos los que lucharon “contra la subversión”.
El concepto de “memoria integral”, “memoria total” (es decir que incluyera los muertos de “ambos bandos”, equiparando el terrorismo de Estado a los que se le oponían) había sido llevado adelante por el antiguo jefe del Ejército general Ricardo Brinzoni y el cardenal de la ciudad de Buenos Aires Jorge Bergoglio durante la presidencia de De la Rúa.(6)
5. Los conflictos ligados a los temas de salud reproductiva y los métodos anticonceptivos que la Iglesia niega y a los que se opone sistemáticamente.(7) Mientras los gobiernos anteriores aceptaron los planteos eclesiales, el gobierno de Eduardo Duhalde y luego el de Kirchner –como en otros temas– tuvieron una postura activa votando las leyes de salud reproductiva y –sobre todo– haciéndolas cumplir en el territorio nacional. Sin embargo, la Iglesia Católica conserva aún capacidad de presión y veto, como se demostró cuando impidió la distribución de anticonceptivos a través del Programa de distribución gratuita de medicamentos de mayor cobertura destinado a sectores populares e implementado por el Ministerio de Salud de la Nación. En efecto, el obispo Jorge Casaretto, obispo de Caritas Argentina, logró que el ministro Ginés González García retirara de los botiquines del programa Remediar los anticonceptivos (píldoras y preservativos) que debían ser distribuidos gratuitamente. La Iglesia Católica ha sido uno de los actores con mayor fuerza en esta discusión. Es un actor social, político cultural que tendió a obturar toda discusión en torno a los derechos reproductivos. La moral sexual es un tema “que homogeneiza y hace más imperceptibles las diferencias entre los obispos en la Iglesia Católica. Tenemos desde los sectores más conservadores, los moderados y muchos progresistas, todos confundidos en un mismo pelotón” (M. L. Barral, 2004)
6. El conflicto con las escuelas católicas subvencionadas por el Estado por el pago de aumento a los docentes privados similar a los docentes estatales a mediados de 2004. En principio el gobierno se había negado a subvencionar también esos aumentos pero la presión –primero privada y luego pública– de Juan Pablo II, del secretario de Estado del Vaticano y de los obispos católicos argentinos logró que el Estado se hiciera cargo de los mismos luego de un nuevo debate público sobre la relación Estado-colegios subvencionados-Iglesia Católica
7. La discusión pública sobre la ley de educación sexual en las escuelas y colegios de la ciudad de Buenos Aires en noviembre y diciembre de 2004 es un nuevo conflicto. Ante la propuesta de legisladores allegados al gobierno y a la centroizquierda de promulgar una ley de educación sexual con contenidos fijados por el Estado a fin de prevenir el embarazo no deseado, aborto y mortalidad materna en las adolescentes que presentan altas tasas en Argentina, significó una fuerte crítica del cardenal de la ciudad de Buenos Aires, quien presionó por todos los medios posibles a fin de evitarla. El apoyo de partidos políticos de derecha y la abstención de otros postergó el debate hasta este año.
8. Last but not least ha sido el amplio y difundido debate sobre una muestra retrospectiva del artista plástico León Ferrari en la cual se burlaba abiertamente de símbolos católicos y que fue expuesta en un centro cultural perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, numerosos grupos católicos –que llegaron a romper obras artísticas– se manifestaron violentamente y ejercieron múltiples presiones para su suspensión. El cardenal de la ciudad de Buenos Aires –en un hecho que no tiene antecedentes en los últimos cincuenta años– la denunció como “blasfema”, pidió a los católicos que el 7 de diciembre de 2004 cumplieran un día de “ayuno y oración” y que se clausure dicha muestra.
Mientras, comenzó a circular cada vez más entre los obispos la idea de “una campaña anticatólica” orquestada desde el poder político del nuevo gobierno. La mayoría de las empresas que auspiciaban la muestra se retiró haciéndose eco del pedido episcopal. La enorme difusión de esta postura motivó que numerosos intelectuales, artistas, periodistas y dirigentes sociales se manifestaran contra la censura pedida por el cardenal argumentando la libertad de expresión y la autonomía del Estado con respecto al poder eclesiástico. Una jueza aceptó la suspensión momentánea de la muestra y Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos aires (elegida por el voto de los legisladores de la ciudad en el 2003 y ex funcionaria menemista), exigió al gobierno de la ciudad que pidiera perdón a la comunidad católica por haberla herido en sus “sentimientos más profundos”. Por otro lado, las relaciones entre el gobierno nacional, las autoridades episcopales y el amplio movimiento católico encuentran afinidades varias. Citamos solo algunas:
a. Los funcionarios de la Secretaría de Culto de la Nación visitan en sus diócesis de residencia a numerosos obispos y lideres religiosos locales, dialogando sobre sus necesidades y desafíos.
b. La ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, llama a la organización católica Caritas y a numerosos grupos católicos de base para que colaboren activamente en el control, ejecución y monitoreo de los planes sociales. Debemos hacer notar que dicha institución es una de las más creíbles en los barrios empobrecidos del país, donde funcionan comedores, microemprendimientos, proyectos productivos, distribución de medicamentos y ropa o acompañamiento educativo.
c. El Presidente y el canciller solicitan y encuentran en el Vaticano apoyo en el conflicto con el Fondo Monetario Internacional sobre el pago de la deuda externa y en la responsabilidad de este organismo en la pobreza y vulnerabilidad que hoy se vive en el país.
d. La conferencia del cardenal Renato Martino, del Vaticano, en noviembre de 2004, apoyando los reclamos por el pago “justo” de la deuda externa dada en la ciudad de La Plata con el auspicio de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y el arzobispo Aguer. Al día siguiente de la conferencia criticó al Ministro de Salud de la Nación por su política “proclive al aborto” y recibió el apoyo del Presidente de la Nación, que se manifestó, él mismo, contrario a todo tipo de ley favorable al aborto.
e. Numerosos militantes de las comunidades eclesiales de base y sacerdotes/religiosas insertos en sectores populares apoyan globalmente a las políticas del actual gobierno y colaboraran en la implementación de las políticas sociales.
f. Los obispos católicos de la triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) junto a los del Uruguay mantienen una política activa contra el ALCA y por una mayor integración social en y del Mercosur, que encuentra amplio apoyo en el actual gobierno.



4. UNA MIRADA DE LARGO PLAZO

¿Cómo analizar estos hechos? ¿Cómo tener una visión de conjunto que evite las “historias conspirativas” y nos permita comprender en el largo plazo la presencia social del catolicismo en Argentina y su relación con gobiernos y partidos políticos?
La institución eclesial tiene un discurso social y político claro: continúa –adaptado a las épocas– creyendo ocupar el lugar de garante y principal actor de lo que entiende por Nación Católica, o en otras palabras la Patria argentina formada mayoritariamente por el pueblo católico.
Para lograr ese objetivo debe mantener una estrategia activa a fin de crear un sentido común naturalizante en el largo plazo a tres niveles:
- Presencia en el Estado, en sus instituciones centrales y en los principales actores que lo gestionan en la cotidianidad.
- Presencia en la sociedad civil, entendida tanto como opinión pública y como actores de poder con legitimidad de imponer su visión de los hechos al conjunto de la sociedad desde criterios cristianos.
- Presencia en el amplio mundo católico, regulando una memoria católica verdadera por consenso y por coerción a fin de unificar y poner los límites permitidos del disenso en un momento de fragmentación, diversidad y comunitarización del espacio católico.
Vemos una Iglesia Católica que posee una amplia presencia y poder social, que goza del reconocimiento ético y es consultada por la gran mayoría de las clases dirigentes y que liga, relaciona y une sus temas no aceptando recluirse en “el campo religioso”. Postura católica integralista que tiene su concepción de lo social, lo político, lo cultural y lo religioso y da batallas en todos esos campos. (Poulat, 1977.) Se trata de una modernidad católica con fuertes resabios antiliberales que se ve potenciada ante el crecimiento de la pobreza y vulnerabilidad: gana credibilidad ciudadana con su amplia presencia, actividad social y denuncia de esa situación. Que aprovecha su internacionalidad para denunciar los organismos internacionales del capitalismo salvaje. Y que busca posicionarse como el referente moral y ético de la Nación y de la Patria disputando el espacio a las dirigencias políticas no en lo partidario sino en el reconocimiento imaginario y simbólico de ser quien “se pone la Nación al hombro” –al margen y fuera de las disputas políticas cotidianas– para sacarla de la actual crisis.(8)
La constatable disminución en el largo plazo de las prácticas religiosas institucionalizadas –particularmente en el seno de la Iglesia Católica– no se relaciona tanto con la desaparición de las creencias cristianas sino con un vasto proceso de reorganización y recomposición de ellas y con una toma de distancia respecto de las prescripciones oficiales de la institución.
Crece una descalificación de los dispositivos oficiales de acreditación del creer y un creciente malestar interno que se manifiesta en “el malestar de la inadecuación; el de la extrañeza y el de la falta de reacción pastoral”. (González, M, 2003.) Esta descalificación corroe por dentro las modalidades dominantes de afiliación religiosa a la vez que produce una recomposición de las diversas memorias cristianas disponibles que favorece reempleos inéditos de un conjunto de referencias simbólicas. Éstas continúan siendo operativas, sobre todo, en las celebraciones de los grandes momentos de la vida o en circunstancias colectivas excepcionales o en el surgimiento de nuevos grupos cristianos o en los nuevos lenguajes de la dirigencia política.
Es un catolicismo que vive en una continua tensión. Si intenta monopolizar las concepciones sobre el cuerpo, la contracepción, la familia, el arte, etcétera, se encontrará con una sociedad cada vez más pluralista, compleja y que desea construir su propia concepción de sexualidad, pareja y libertad. Ante la crisis y ausencia de partidos, grupos y asociaciones sociales en sectores populares, logra crear y aumentar –al igual que los grupos evangélicos– el capital social y simbólico de millones de personas vulnerables. Las promesas religiosas pasan a ser más creíbles que las promesas partidarias.
Por otro lado los dirigentes políticos –en momentos de crisis de certezas– buscan la legitimidad católica y por eso piensan más sus estrategias en función de la pérdida o no de dichos apoyos que en “convicciones o programas”. La perdurabilidad del catolicismo integralista está entonces en íntima relación también con las posturas de clases dirigentes que por temor, convicción, ideología o pragmatismo político aceptan cierto poder de veto del cuerpo episcopal a cambio de apoyos varios.
No hay poder ni autoridad sin negociación. Si ayer la relación entre cuerpo episcopal y gobierno era “por afuera y por arriba”, gracias a la democracia y especialmente al actual gobierno la negociación deja de ser secreta, con las mediaciones de los propios actores en la plaza pública y con funcionarios que han decidido cuestionar –ellos también en nombre del bien común– el poder episcopal. Es un escenario desconocido e impensado para la mayoría de los obispos, que imaginan así campañas mediáticas anti católicas por doquier cuando son temas cada vez más asumidos por la sociedad y para los sectores dirigentes partidarios que deberán tomar una postura pluralista en el largo plazo si desean profundizar la democracia. Saben que entre los actores políticos no hay consenso unánime sobre el quehacer con la religión de la mayoría de los argentinos.
Analizar el contexto, las promesas, los desencantos y encantos en el marco de los cuales se desarrollan las relaciones entre las religiones y lopolítico es fundamental. Nos muestra, en definitiva, el tipo de sociedad que estamos viviendo y las creencias que la alimentan y dan sentido. No hay ni esencia ni determinismos en esta relación sino múltiples actores intentando “monopolizar” su campo y extenderse sin límites a partir de las posibilidades que les brinden sus estados, sociedades y los aires de la época.




* El doctor Fortunato Mallimaci es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, de la que fue decano, e investigador del Conicet. La primera versión de este artículo fue publicada originalmente en L’Ordinaire Latino-américain nº 198, dentro de un dossier titulado “L’Argentine, est-elle sortie de la crise?”, octubre-diciembre 2004, IPEALT, Université de Toulouse II, Francia.